La incorporación de ‘sordoceguera’ a la lengua de signos y una estrategia sobre la tartamudez, principales avances en discapacidad

 

Así lo manifestó la ministra Dolors Montserrat en rueda de prensa tras la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia celebrada en la sede del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 

Informó que en este Consejo Territorial se ha dado un paso más para la inclusión social y la participación efectiva de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.  Por primera vez se ha incorporado en el Reglamento de la Lengua de Signos la definición de sordoceguera y el régimen de atención a las personas que sufren esta discapacidad, para visibilizar sus necesidades especiales de comunicación. 

 

También se han introducido por primera vez en nuestro Derecho un bloque de definiciones jurídicas y principios que van a procurar mayor seguridad en la aplicación de las medidas contenidas en la ley. Además, en el ámbito de transportes, las Administraciones Públicas seguirán reforzando su compromiso para facilitar los servicios de interpretación y vídeo interpretación necesarios. En este sentido, ha subrayado el compromiso del Ministerio de Fomento de invertir 8.620.000 euros para renovación y ubicación de dispositivos tótems y beepcons de AENA y formación personal y atención a pasajeros en puertos y aeropuertos.

 

Dolors Montserrat explicó que se ha propuesto en este consejo acordar la elaboración de la primera Estrategia Nacional sobre la Tartamudez en España, que ponga el foco en las necesidades sociosanitarias de las más de 800.000 personas afectadas en nuestro país.  Esta estrategia la realizará el IMSERSO en colaboración con las Comunidades Autónomas en el plazo de seis meses a través de un grupo de trabajo.

 

Respecto al Autismo, se ha subrayado el valor de la Estrategia como marco de referencia en la definición de las políticas y acciones estatales, autonómicas y locales sobre las personas con trastornos del espectro del autismo. Las líneas de trabajo y los objetivos previstos en la Estrategia están orientados a favorecer el respeto a la vida independiente, la autonomía, la participación e inclusión plenas, la igualdad, la accesibilidad y la no discriminación.

 

Tal y como recordó la ministra, estas líneas en las que ya se viene trabajando constituyen el soporte esencial para mejorar la calidad de vida y la protección de los derechos de las personas con trastornos del espectro del autismo.

 

 

El Pleno del Consejo Territorial también ha dado luz verde al reglamento para desarrollar la Ley de Voluntariado, elaborado con la plena colaboración y participación de las entidades de voluntariado, de ámbito empresarial, de los ministerios implicados y de los órganos colegiados. El reglamento amplía los derechos de los voluntarios y fortalece su seguridad.

 

En el mismo, según explicó la ministra, se contemplan novedades en el ámbito de actuación, en la regulación de los programas, en la regulación de las personas voluntarias, de las entidades o en los derechos de las personas destinatarias de la acción voluntaria. En este sentido, por primera vez se cuenta con una regulación autónoma y específica del voluntariado en el ámbito de la cooperación internacional, se potencian programas en los que participan varias entidades y se regula la actividad de voluntariado de los menores de edad y la de los mayores de 60 años o con alguna discapacidad.

 

Concretamente, y en relación a los menores, se regula el ejercicio de actividades de voluntariado en entidades o programas que conlleven el contacto habitual con menores y en aras a su protección, se prevé el cese de los voluntarios preexistentes que no acrediten su no inscripción en el Registro de Delincuentes Sexuales; también se regula la Comisión Interministerial de Voluntariado.

 

 

Otro de los acuerdos del Consejo Territorial ha sido la transposición de la Directiva UE 2016/2102 de accesibilidad de sitios web y aplicaciones móviles del sector público. Esta transposición afecta a todos los niveles de la Administración, con el fin de mejorar el sistema de información con el sector público.

 

Se trata, ha señalado la ministra, de un procedimiento garantista en el que se introduce de manera singular la obligación de rendir cuentas ante la UE de los avances llevados a cabo por poderes públicos en portales públicos. En este sentido, los Estados miembros deben asegurarse de que los organismos del sector público tomen las medidas necesarias para aumentar la accesibilidad de sus sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles, haciéndolos perceptibles, operables, comprensibles y robustos.

 

 

También destacó que “desde el ministerio queremos velar por el interés superior de los menores en todas las fases del proceso de adopción internacional y de las personas que se ofrecen para su adopción” por lo que en este Consejo Territorial se ha informado a las Comunidades Autónomas del desarrollo de la Ley de Adopción Internacional. 

 

Explicó que se busca mejorar el sistema actual para que todas las Administraciones y entidades trabajen de manera más coordinada. Entre las novedades, ha destacado la regulación y racionalización del número de expedientes que se remiten a los países de origen conforme a las necesidades de los menores adoptables con el fin de que los tiempos de espera sean más cortos.

 

Otra novedad fue la creación de una lista única nacional de familias en espera de adopción internacional o el establecimiento de unos requisitos de control del funcionamiento de los Organismos Acreditados de Adopción. Sobre la colaboración entre las distintas administraciones, ésta se articula mediante dos mecanismos: la Comisión Delegada de Servicios Sociales y la Comisión Técnica de Seguimiento y Control.

 

Dolors Montserrat también explicó  que el sistema de información que da soporte al Reglamento de Adopción Internacional recibe el nombre de ADIN y que las Comunidades Autónomas están volcando la información de sus expedientes en ADIN con objeto de disponer de una única base de datos que permita la puesta en marcha de los procedimientos regulados en el Reglamento.

 

También se ha abordado el acogimiento de los menores, en concreto el mecanismo interterritorial de asignaciones. Este mecanismo permitirá que las familias dispuestas a acoger o a adoptar, puedan ser localizadas y propuestas tan pronto como un niño entre en el sistema de protección, independientemente de la comunidad autónoma donde resida. Permitirá reducir el tiempo que los menores permanecen en centros de protección, proporcionando a todos los niños la oportunidad de vivir en familia. Porque, como ha recordado la ministra, “la familia es, sin duda el mejor recurso de protección y el mejor “ecosistema natural” en el que crecer”.