La propuesta, desestimada por el PSOE y el PP, pretendía establecer que quedara «exento de pena quien, mediante actos necesarios o de cooperación activa, permitiere, propiciare o facilitare la muerte digna y sin dolor de otra persona, a petición expresa, libre e inequívoca de ésta, en caso de que sufriera una enfermedad grave que hubiera conducido necesariamente a su muerte o le produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar»
Madrid, 11 de marzo 2009 (medicosypacientes.com/Europapress)
Los grupos parlamentarios del PSOE y PP rechazaron ayer, martes, en el Congreso de los Diputados, tramitar el proyecto de ley presentado por el grupo parlamentario formado por ERC-IU-ICV para despenalizar la eutanasia y garantizar que los ciudadanos puedan acogerse a una «muerte digna y sin dolor».
La propuesta pretendía establecer que quedara «exento de pena quien, mediante actos necesarios o de cooperación activa, permitiere, propiciare o facilitare la muerte digna y sin dolor de otra persona, a petición expresa, libre e inequívoca de ésta, en caso de que sufriera una enfermedad grave que hubiera conducido necesariamente a su muerte o le produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar».
Al respecto, la diputada del PSOE Pilar Grande destacó que «es necesario un debate sostenido en el tiempo con todos los operadores jurídicos, científicos, asistenciales e institucionales», añadiendo que «quizá la sociedad española, tras este debate responsable y sosegado», solicite al Gobierno «subir otro peldaño y acometer la regulación legal del derecho de los pacientes afectados por determinadas enfermedades invalidantes o terminales a poner fin a su vida». «Pero no creemos que este momento haya llegado», tal como puntualizó.
A su vez, el diputado del PP Santiago Cervera afirmó que «el derecho a la vida está protegido por la Constitución» y que, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, «no existe el derecho a la propia muerte o al suicidio». Además, recalcó que ni la eutanasia ni el suicidio asistido «están amparados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y que los ciudadanos ya tienen reconocido el derecho a una muerte digna».
Grande señaló, además, que la iniciativa de ERC-IU-ICV reproduce «casi literalmente» las rechazadas en la legislatura séptima y octava y agregó que estas propuestas se registran en el Congreso «cada vez que los medios de comunicación recogen un acontecimiento» relacionado con la eutanasia.
Cervera, por su parte, criticó a Llamazares por presentar, a su juicio, «iniciativas oportunistas que no forma parte de las preocupaciones y prioridades de los españoles». p>
El diputado de IU, Gaspar Llamazares, que defendió la propuesta, dijo que «la mayoría de los ciudadanos y profesionales son partidarios de la eutanasia y el suicidio asistido, que ya existen en España aunque de manera clandestina».
Los promotores de esta iniciativa rechazada en el Congreso de los Diputados consideran que «la vida es un derecho, no un deber» y destacan que una encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) «ha sacado a relucir que el 65 por ciento de los médicos y el 85 por ciento de las enfermeras ha afirmado que alguna vez ha recibido la petición de un paciente terminal de morir, bien a través de un suicidio asistido o de la eutanasia activa».
Su defensa sobre la regulación de la eutanasia se sustenta en que «aportaría al enfermo terminal seguridad, sensación de control y mayor serenidad para soportar ese último tramo y resolvería el absurdo debate entre dejar morir y ayudar a morir, entre la eutanasia pasiva y la eutanasia activa».
