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La Defensora del Pueblo se mantiene en su postura de rechazo a la exclusión sanitaria de inmigrantes en situación irregular

 

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, insistió ayer ante la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo que la asistencia sanitaria en España «debe ser para todas las personas que estén en territorio español», sin excluir a los extranjeros en situación irregular. En este sentido, grupos políticos suscribieron un acuerdo para derogar el R.D. que fija dicha exclusión

 

Madrid, 11 de marzo 2015 (medicosypacientes.com/E.P.)

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, insistió ayer ante la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo que la asistencia sanitaria en España «debe ser para todas las personas que estén en territorio español», sin excluir a los extranjeros en situación irregular a quienes el Gobierno privó de tarjeta sanitaria en 2012 , por lo que sólo tienen derecho a ser atendidos en caso de  urgencia.

«Lo hemos pedido en reiteradas ocasiones y mantenemos nuestra posición de pedirlo para todas las personas que están en territorio español», ha señalado Becerril en declaraciones a los medios en el Senado, en el día en que una docena de partidos políticos suscribieron un acuerdo para derogar el Real Decreto que fijó la exclusión sanitaria en cuanto alcancen mayoría parlamentaria suficiente.

Becerril ha comparecido este martes ante dicha Comisión para dar cuenta de su informe correspondiente al año pasado, cuando recibió 23.186 quejas de los ciudadanos, la mayoría sobre asuntos sociales, impuestos o dilaciones en la justicia, e incrementó sus actuaciones de oficio un 41% hasta incoar 489 expedientes.

En su exposición, repasó los contenidos del informe, difundido el pasado mes de febrero, incidiendo en cuestiones particulares como las del área de Sanidad, para explicar que tras la elaboración de un monográfico sobre urgencias hospitalarias que llevó dos años ultimar, la institución emitió por fin sus recomendaciones a las administraciones públicas competentes, entre las que figura la implantación de la historia electrónica en todos los niveles del Sistema Nacional de Salud.

Para Becerril, es necesario diseñar una aplicación informática de uso general en todo el sistema para que los antecedentes clínicos básicos de los pacientes, sobre todo los que necesitan continuidad asisencial, estén disponibles. Se recomienda además al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas que no cuentan con defensor del pueblo propio, mayor coordinación con los servicios médicos asistenciales, dotación suficiente de plantillas y adecuado de infraestructuras.

«Es conveniente ampliar horarios e incluso días de apertura de los centros de día, los centros de atención general, porque si amplían sus horarios o hay más abiertos los fines de semana, seguramente habría menos ingresos por vía de urgencia», ha destacado Becerril, que también insta a «evaluar el mapa de los servicios de urgencias extrahospitalarios, potenciando su estructura material y de recursos humanos».

En su opinión, «el altísimo número de entradas que hay en el año 2012, 26 millones de entradas por los servicios de urgencia, hace pensar la importancia de estos servicios y el interés que tienen todos los ciudadanos en que preserven las mejores condiciones para las actuaciones y atención a los pacientes». En este sentido, recomendó adoptar medidas para proteger la intimidad y dignidad de los pacientes, facilitando el acompañamiento de sus familiares y el acceso a sistemas de reclamación.

A preguntas de los distintos diputados y senadores, Becerril se refirió en particular a la violencia de género y avanzó que se han realizado «últimamente» algunas «recomendaciones interesantes» en relación que «los padres incursos en un procedimiento judicial por violéncia de género puedan hacer mal uso, abuso o un trato sumamente incorrecto» del régimen de visitas con sus hijos menores de edad.

«Es una decisión judicial al final, de acuerdo con la legalidad es el juez quien debe determinar si tiene o no acceso a las visitas, pero hemos llamado la atención sobre este extremo porque no podemos decirle al juez lo que tiene que hacer, pero nos preocupa», destacó en respuesta a la diputada socialista Ángeles Álvarez.

Sobre migraciones respondió también a preguntas sobre los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes en Ceuta y Melilla y la situación en las vallas fronterizas. Al respecto, destacó que la Unión Europea «ha concedido unas cuantías que en principio permiten instalar en los puestos fronterizos» oficinas de asilo y que la tramitación de la reforma de la Ley de Extranjería que legalizará las devoluciones en caliente «mejora bastante los procedimientos para vigilar y tramitar las peticiones».

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