La defensa, el fortalecimiento y la sostenibilidad de los servicios públicos de salud; la implementación de la gestión clínica y políticas de prestación farmacéutica, son las claves del acuerdo suscrito el pasado viernes entre la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, el Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM) y el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM)
Córdoba, 21 de julio 2014 (medicosypacientes.com)
La defensa, el fortalecimiento y la sostenibilidad de los servicios públicos de salud; la implementación de la gestión clínica y políticas de prestación farmacéutica, son las claves del acuerdo suscrito el pasado viernes entre la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, el Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM) y el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM).
Se trata de un acuerdo histórico, el primero de estas características que se suscribe a nivel autonómico, y que se ha cerrado tras diversas reuniones de las tres partes, mantenidas en los últimos meses, en Granada y Sevilla. Este acuerdo viene a reforzar el suscrito hace un año entre el MSSSI y el Foro de la Profesión Médica y que, en esencia, tiene los mismos objetivos: la defensa del modelo de Sistema Público de Salud, universal, equitativo, de calidad y financiado mediante impuestos, y la implementación de cambios estructurales que blinden su sostenibilidad.
La sede de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Consejería andaluza fue el escenario de la firma de este acuerdo que se produjo durante la celebración de una «Jornada andaluza por el futuro del SNS» en la que se dieron cita los máximos directivos de las tres partes firmantes.
La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio; el presidente del CGCOM, Dr. Juan José Rodriguez Sendin, y el presidente de CACM, Dr. Francisco José Martínez Amo, fueron los encargados de la inauguración y presentación de esta jornada, que ha nacido con vocación de continuidad para el año que viene, según propuesta del Dr. Rodriguez Sendín.
La Consejera agradeció el «compromiso» del grupo participante en la jornada y resaltó la iniciativa reflexionar conjuntamente, Administración y profesionales para «adoptar decisiones y generar alternativas que garanticen la sostenibilidad presente y futura del SNS».
Tras manifestar que «no podemos empeñarnos en tener un SNS como el de hace 30 años, señaló la necesidad de «adaptarlo a la realidad», manteniendo los «elementos básicos y característicos», entre ellos, la universalidad, algo que consideró vital, que se mantiene ?dijo- en Andalucía, y sobre lo que expresó su confianza en que el MSSSI se replantee volverla a recuperar a nivel estatal, tras perderla con el Real Decreto de abril de 2012, algo que «no ha servido ?afirmó- para generar grandes ahorros» porque «las personas que han quedado fuera del sistema han generado un gasto mayor y un riesgo para la salud pública».
Consideró un error «confrontar la sanidad pública con la sanidad privada» porque, según afirmó, «pueden convivir». En su opinión, las Administraciones públicas deben «garantizar un sistema sanitario público con carácter universal» y «el ámbito empresarial sanitario privado puede tener otro espacio y otro tipo de incentivos, como en cualquier otro sector».
En este sentido, hizo alusión a la reciente encuesta llevada a cabo en Andalucía, según la cual el 92% de los ciudadanos se han mostrado en contra de que la sanidad pública se privatice; incluso, según la consejera, han expresado su disposición a pagar más impuestos para mantener un sistema público y «estos resultados nos legitiman para defender el SNS porque detrás está la ciudadanía».
Para la consejera andaluza, el principal problema que tiene el SNS es la financiación y, tras considerar un «riesgo para la sanidad púbica» el Programa de Estabilidad del Reino de España para 2017 que contempla un 5,3% del PIB para la sanidad pública, frente al 6,3% actual dijo que «no se debe abordar desde la perspectiva de gasto, sino como inversión en calidad de vida para las personas». En este sentido, expresó su confianza en que cuando se modifique la Constitución, se fije un porcentaje de PIB para sanidad para evitar «estos péndulos».
Resaltó la importancia de la Jornada que intenta «buscar formas para proteger el Sistema, desde lo que nos une», y destacó esta alianza con los profesionales, «en los que se sustenta el SNS» y la «voluntad de alcanzar consensos».
Por su parte, para el presidente del CGCM, Dr. Rodríguez Sendin, este acuerdo muestra la voluntad de consenso por todas la partes y, tras poner el acento en la importancia de «cumplir los compromisos» por parte de los dirigentes, instituciones y Administraciones, dijo que «el gran problema es la pasividad, el esperar a que otro haga los cambios precisos».
Por ello, resaltó la necesidad de «estos acuerdos, a pesar del riesgo de que nos critiquen o hagan lecturas negativas», convencido de que «es imprescindible hacerlos» y de que «solo consensuando, es posible avanzar para mantener con carácter de igualdad el SNS, que es lo que más nos une a los españoles».
Para el Dr. Rodriguez Sendin, para abordar los cambios que necesita el SNS y adaptarlo a la situación actual, hay que hacerlo desde la lógica de las diferentes responsabilidades, políticas y sanitarias, que son «distintas», pero siempre que se mantengan las características básicas del modelo: «máxima calidad, que se atienda a todos por igual en cualquier momento, y que se financie mediante impuestos».
Reiteró la necesidad de recuperar el Pacto político que hace 30 años posibilitó la creación del actual modelo de SNS y advirtió que «hay muchos agentes dispuestos a que este modelo no continúe igual».
Por su parte, el presidente del CACM, Dr. Francisco José Martínez Amo, calificó de «hito» la firma de este acuerdo, un «sueño» ?dijo- que los profesionales hemos podido hacer realidad gracias al «talante de disposición al diálogo y consenso de la consejera».
En nombre del CACM, manifestó la «satisfacción» por este acuerdo de la Administración andaluza y las dos corporaciones y expreso su voluntad de seguir colaborando por lo que denominó «medicina con mayúsculas».
Máximos dirigentes de la Consejería, el CGCOM y CACM, participantes en la Jornada
En esta Jornada que sirvió de marco para la firma del acuerdo, se dieron cita los máximos dirigentes de la Administración sanitaria de Andalucía, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos y el Consejo Autonómico de Colegios de Médicos.
Por parte de la Consejería, participaron: Aquilino Alonso Miranda, viceconsejero; José Manuel Aranda Lara, director gerente del Servicio Andaluz de Salud; Alicia Aguilar Muñoz, subdirectora de Farmacia y Prestaciones del SAS, e Mª Isabel Baena Parejo, delegada Territorial.
Por parte del CGCOM, asistió, además del presidente, toda la cúpula directiva: los doctores Serafin Romero, vicepresidente; Juan Manuel Garrote, Secretario General; Jerónimo Fernández Torrente, vicesecretario, y José María Rodríguez Vicente, tesorero. También participó Ricard Gutiérrez Martí, ex vicepresidente de la corporación.
Por parte del CACM, asistió la práctica totalidad de la Junta Directiva, presidentes de los distintos colegios de médicos de Andalucia: además de Francisco Martínez del Amo, de Almería, los doctores Bernabé Galán, de Córdoba; Javier de Teresa, de Granada; Juan Bautista Alcañiz, de Sevilla; Emilio de la Torre, de Jaén, y Juan Antonio Repetto, de Cádiz, así como otros miembros de las juntas directivas de los ocho colegios.
La Jornada se organizó en torno a tres mesas de trabajo: una sobre Unidades de Gestión Clínica y la reforma de Atención Primaria; Estrategias de Gestión y Calidad hacia un modelo profesional y consensuado. En la segunda mesa, se abordaron Políticas de prestación farmacéutica, calidad asistencial y libertad de prescripción y, la tercera, se centró en Sanidad universal y sostenibilidad del sistema. El SNS es sostenible en tiempos de crisis valores del sistema. En estas mesas, participaron como ponentes algunos de los asistentes y otros expertos.
Las claves del acuerdo
Las claves de este acuerdo se centran en la defensa de una sanidad pública universal, equitativa, de calidad y financiada mediante impuestos; la implementación de la gestión clínica y la puesta en marcha de políticas de prestación farmacéutica, calidad asistencial y libertad de prescripción.
En el documento se deja patente que el Sistema Sanitario Público de Andalucía, reformado tras las transferencias de competencias en materia sanitaria hace más de 30 años, es un modelo asistencial universal, equitativo, de calidad y financiado mediante impuestos, las mismas señas de identidad del Sistema Nacional de Salud, del que forma parte.
También se expresa que el objetivo esencial para la Junta de Andalucía respecto del SSPA es trabajar para fortalecerlo y garantizar sus sostenibilidad financiera y social, superando los desafíos económicos, demográficos y asistenciales. Y se resalta la labor de todos profesionales sanitarios, quienes a pesar de a pesar de las medidas adoptadas para contrarrestar las dificultades inherente a la crisis financiera, han antepuesto el profesionalismo ante cualquier otro interés, consiguiendo con ello que los niveles de calidad asistencial y la atención al ciudadanos enfermo no hayan sufrido excesivamente sus consecuencias.
Y, por parte de las corporaciones médicas que lo suscriben, el CGCOM y el CACM, cuyas funciones se centran en la autorregulación del ejercicio profesional como garantía de la protección de la salud de los pacientes, se pone el acento en el patrimonio cultural y humano de la medicina, centrada en atención a las necesidades de salud de los ciudadanos por encima de cualquier otra cuestión y conscientes de que la crisis económica hace necesario un cambio profundo y estructural y de que, entre todos, es preciso rediseñar los sistemas sanitarios para que puedan seguir siendo universales, efectivos, seguros, accesibles, confiables y de calidad.
Por todo ello, se ponen de manifiesto que los médicos y el SSPA deben caminar juntos y buscar puentes de diálogo en la articulación y ejecución de objetivos sanitarios que permitan asegurar el bienestar en salud de la ciudadanía andaluza, empleando los recursos necesarios con criterios de máxima eficiencia.
El documento parte de unos principios generales, entre los que se encuentran, el asegurar el funcionamiento del SSPA como sistema público; contribuir a la adopción de medidas que refuercen sus sostenibilidad, haciendo posible una práctica clínica basada en la evidencia científica, pero también aumentando la satisfacción y motivación de los profesionales; asegurar la participación activa del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos a través de la creación de una Comisión de Seguimiento desde la que la profesión exprese sus compromisos y aportaciones; potenciar la capacidad del sistema sanitario para atraer recursos hacia actividades de I D y apoyar a la profesión médica con acciones que ayuden al mejor desempeño profesional posible.
En lo referente a la gestión clínica, cuyo objetivo es mejorar la calidad asistencial y la eficiencia, en el documento se plantea para su implementación la necesidad de transferir la capacidad de decisión a los médicos y de que estos se responsabilicen de los recursos utilizados en su ejercicio profesional porque se considera que «sólo la autonomía clínica socialmente responsable puede evitar las ineficiencias burocráticas, contener la estéril interferencia política y proteger a los pacientes de las presiones del ánimo de lucro».
En cuanto a las políticas de prestación farmacéutica, calidad asistencial y libertad de prescripción, se destaca que las políticas del medicamento son claves en la sostenibilidad del SNS y determinantes de las políticas de recursos humanos; se aboga por políticas de contención del gasto sanitario que exigen racionalidad y buen gobierno en la incorporación y uso de insumos biotecnológicos y farmacéuticos y una prescripción libre, responsable y de calidad por parte del médico para buscar maximizar la efectividad en el uso del medicamento.
En este apartado, se incluye la propuesta de establecer medidas de copago farmacéutico que deberán ajustarse a la renta, no sobrepasando el 2% y dejando de aportar el usuario una vez alcanzado ese valor. También propone blindar la gratuidad de la atención a aquellos procesos o medicamentos cuya no atención o adquisición comprometan la vida.
Se expresa en el texto de consenso que la profesión médica no se opone a las políticas de equivalentes terapéuticos, siempre que permitan la libertad de prescripción, estén basadas en las mejores evidencias clínicas, sometidas a escrutinio público de las organizaciones y asociaciones médicas con transparencia y participación. Y se aboga por una Agencia Nacional de Evaluación e Investigación de Tecnologías y Servicios.
Finalmente, en el apartado dedicado a la sanidad universal y sostenibilidad del SNS, se parte de que los fines de la sanidad pública deben establecerse en la «mejora de la salud poblacional mediante la búsqueda de eficacia, efectividad, seguridad, adecuación, calidad, eficiencia y equidad, pero también «transparencia, rendición de cuentas, aplicación de códigos éticos y participación profesional y ciudadana».
Plantea una «evaluación económica técnicamente rigurosa, imprescindible para ponderar el grado de eficiencia» y deja claro que «el ánimo de lucro no es compatible con una medicina universalizada, de alta calidad y accesible para todos los ciudadanos», independientemente de los contratos por procesos al sector privado comercial o profesional, siempre que no pueda responder a las necesidades el SSPA.
En el documento, ambas partes se comprometen a aceptar las líneas de trabajo compartidas y a crear un comité de seguimiento de los acuerdos.
