Exponen que, en caso de surgir interacciones farmacológicas, reacciones adversas o efectos secundarios graves, ?además de la responsabilidad penal, la administrativa podría recaer sobre la propia administración sin que haya la correspondiente cobertura de seguro?
Madrid, 6 mayo 2010 (medicosypacientes.com)
La Consejería de Sanidad y Consumo ha descartado autorizar a los médicos jubilados de la Comunidad Autónoma Vasca disponer de recetas oficiales con cargo al SNS. El Consejo de Médicos del País Vasco mantenía el pasado mes de octubre una reunión con el consejero Rafael Bengoa para abordar, entre otros temas esta histórica reivindicación y que hasta ahora ha sido sistemáticamente rechazada por las autoridades sanitarias vascas.
Hay que recordar que el País Vasco es la única comunidad en la que los facultativos jubilados no tienen este derecho, lo que supone un agravio comparativo. Esta demanda profesional fue incluso presentada como Proposición no de Ley en el Parlamento Vasco como medida para ?aliviar las consultas médicas en Osakidetza?. Sin embargo, ese marco de colaboración y corresponsabilidad propuesto por los colegios de médicos no ha sido atendido por la consejería.
Tal como informa en el último número de su revista ?Icoma?, el Colegio de Médicos de Alava, la consejería ha expuesto sus razones para argumentar esa negativa. En su opinión, la jubilación de un médico es Osakidetza supone la extinción del vinculo entre el médico y el ente público. Por esto, no puede disponer de talonarios de recetas, al darse por concluida la capacidad del médico para realizar o incluir gastos a cargo a dicha empresa, ya que supondría un privilegio difícilmente asumible en el caso del sector público. No creen, además, que esta práctica reduzca el número de consultas, dado que los médicos jubilados conocen perfectamente las posibilidades de prescribir tratamientos prolongados sin acudir continuamente a consulta.
Respecto al hecho de que todas las CC.AA. entreguen talonarios a través de los Colegios Profesionales, la consejería se excusa al entender que, si bien se ha mantenido este privilegio, muchos responsables de las Administraciones Sanitarias en el fondo están disconformes con la decisión.
Según el escrito enviado al Colegio de Médicos de Alava, la negativa está relacionada con la seguridad: ?La prescripción, como acto médico que es, está sujeta a responsabilidad. En el supuesto de aparecer interacciones farmacológicas, reacciones adversas e incluso efectos secundarios graves, además de la responsabilidad penal la administrativa podría recaer sobre la propia administración sin que haya la correspondiente cobertura de seguro?.
