De las ocho proposiciones no de ley presentadas en la tercera sesión correspondiente a esta legislatura de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso, cinco fueron rechazadas, entre ellas la relativa al mantenimiento de la dispensación de la píldora del día siguiente sin receta, promovida por el Grupo Socialista, así como la defendida por Izquierda Plural sobre la introducción de fórmulas de copago. Quedaron aprobadas, por otra parte, las concernientes a la implantación de una Estrategia de Atención Integral a los Pacientes Crónicos y a la evaluación de técnicas y prestaciones en el SNS
Madrid, 8 de marzo 2012 (medicosypacientes.com)
La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso, presidida por su máximo responsable, Mario Mingo, en su tercera sesión de la actual legislatura, rechazó, por 25 votos frente a 18 a favor, una proposición no de ley (PNL) presentada por el Grupo Socialista sobre el mantenimiento de la dispensación de la píldora del día siguiente (PDD) sin receta que instaba al Gobierno a mantener el actual estatus de la anticoncepción hormonal de urgencia mediante el cual se puede acceder a la misma en las farmacias sin necesidad de receta médica, en vigor desde septiembre de 2009.
El diputado socialista José Martínez Olmos fue el encargado de defender esta PNL, desde el convencimiento de que se trata de “una medida positiva, avalada por los datos sobre la disminución de abortos desde que se facilitó su acceso a la población”, argumentando que la anticoncepción hormonal de urgencia «es considerada como método eficaz para prevenir embarazos no deseados, dispensada de manera fácil sin receta médica en las farmacias, recomendado por la OMS, y aceptado por otros países europeos como Francia, Gran Bretaña, Bélgica y Portugal, entre otros, basándose, sobre todo en criterios técnicos y de seguridad».
Desde el Partido Popular, su diputado Rubén Moreno alegó que a los farmacéuticos «no se les puede cargar con la responsabilidad de su dispensación, sobre todo, si no está protocolizada». Con la finalidad de «dejarse guiar por los profesionales sanitarios, para que los criterios médicos y científicos sean los que prevalezcan», tal como recordó Moreno, el Ministerio de Sanidad encargó el pasado mes de enero un informe a diferentes instituciones como la Agencia Española del Medicamento, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) y la Organización Médica Colegial (OMC). Precisamente, desde esta Institución se ha venido defendiendo, públicamente, desde 2009, cuando se decidió su venta libre, la misma postura que ha defendido recientemente y sigue manteniendo: “que la píldora del día después se dispense de manera gratuita en los centros de salud tras indicación médica porque se trata de un medicamento y como tal, no está exento de riesgos, por lo que debe de ser el médico quién efectúe la valoración pertinente y su seguimiento, por la seguridad de los pacientes”.
Por su parte, CiU, representado por Concepción Tarruellas, centró el debate en el planteamiento que existe de si este fármaco se está utilizando como una emergencia, realmente, o como un método anticonceptivo más, alegando, al respecto, que «si para la píldora anticonceptiva se requiere receta, también debería ser igual para la PDD».
En definitiva, en la Comisión de Sanidad, se concluyó que antes de posicionarse de una manera determinada, es preciso esperar a las conclusiones del informe solicitado por la ministra Ana Mato.
La Comisión de Sanidad, aprobó, además, por unanimidad otra de las ocho proposiciones no de ley presentadas en esta sesión, relativa al desarrollo de una Estrategia de Atención Integral a los Pacientes Crónicos, a propuesta del Grupo Popular a la que se añadió una enmienda transaccional, tras lo cual se insta al Gobierno a desarrollar una estrategia de atención integral a los pacientes crónicos que, “sin perjuicios de las competencias que en este ámbito corresponde a las CC.AA. y teniendo en cuenta aquellos programas y planes de atención a crónicos ya en funcionamiento o en proceso de implantación, difunda guías prácticas en la prevención, el control y los cuidados de las enfermedades crónicas y promueva el protagonismo de la enfermería en el cuidado y seguimiento de los pacientes crónicos”.
Esta PNL fue defendida por la Popular Felicidad Rodríguez Sánchez quien señaló al respecto que dicha Estrategia, con sus correspondientes procesos de evaluación,»permitirá mejorar la calidad de vida de los enfermos crónicos y de sus cuidadores, además de su integralidad en el sistema y su continuidad asistencial». Recordó, al respecto, que los cuadros crónicos representan la parte más importante del gasto sanitario, por tanto, la gestión de los enfermos crónicos supone una variable estratégica y fundamental, al representar un 70 por ciento del total del gasto, de ahí que estas enfermedades supongan un reto para la sostenibilidad del sistema.
La parlamentaria socialista Pilar Grande insistió en que una Estrategia de estas características ya existe en el Sistema Nacional de Salud, fruto de los acuerdos adoptados por el Consejo Interterritorial del pasado marzo de 2010, mientras que desde CiU si bien se apoyó la creación de esta Estrategia se remarcó la necesidad de que sea respetuosa con los programas de crónicos implantados, actualmente, en las CC.AA.
Otra de las proposiciones no de ley aprobadas con enmienda transaccional fue la relativa a la evaluación de técnicas y prestaciones en el SNS, también presentada por el Grupo Popular y que fue respaldada por 28 votos, ningún voto en contra y 15 abstenciones, partiéndose de la importancia de la evaluación de las tecnologías sanitarias como mecanismo para fundamentar técnicamente la selección, incorporación y difusión de las prestaciones sanitarias en el Sistema Nacional de Salud. Así, el texto aprobado insta al Gobierno a la creación conjuntamente con las CC.AA., y sin perjuicio de sus competencias, de una red de evaluación de técnicas, procedimientos o prestaciones que garanticen la equidad, calidad y actualización de la cartera de servicios, bajo los criterios de eficacia y de eficiencia, lo cual contribuirá a la excelencia clínica al tiempo que facilitará la gestión de las instituciones sanitarias.
Quedó rechazada, sin embargo, la proposición no de ley sobre introducción de fórmulas de copago por parte de los usuarios del SNS, presentada por el Grupo Parlamentario Izquierda Plural, y defendida por su representante Gaspar Llamazares, instando al Gobierno al rechazo del copago sanitario, al entender que afectarían «gravemente» a principios básicos del derecho constitucional a la salud, como la accesibilidad, la universalidad y la gratuidad de la atención integral de salud, además de no disuadir a la población al uso de los servicios sanitarios, al tiempo que perjudicaría a los más débiles, como son los enfermos crónicos.
El representante del PP Antonio Román se centró en la importancia del Pacto por la Sanidad para hacer sostenible el sistema sanitario, mostrándose en contra de la PNL de IU porque, a su juicio, “dificulta el Pacto por la Sanidad”.
Igualmente, fueron rechazadas otras dos proposiciones no de ley, una relativa al pago de la factura de medicamentos a farmacias, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y que obtuvo 25 votos en contra, 16 a favor y una abstención. Otra que no salió adelante fue la dedicada a la despatologización de la transexualidad y de medios de integración laboral y social de las personas transexuadas, defendida por el Grupo Parlamentario Mixto.
De contenido más social, fue denegada una PNL referente al desarrollo de la Ley de Dependencia, del Grupo Parlamentario Socialista, mientras quedó aprobada la relativa a la mejora de la atención de los menores en situación de pobreza y de riesgo social, de CiU, y que obtuvo 29 votos a favor, 13 en contra y una abstención.
