La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha aprobado la proposición no de ley (PNL) que insta a cerrar la venta de vapeadores, bolsas de nicotina y productos relacionados al circuito regulado – como son estancos y canales autorizados-, excluyendo Internet y bazares, y a reforzar el control para proteger a menores y jóvenes.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, con el objetivo de prevenir el consumo de vapeadores, se ha aprobado en los términos de la transaccional junto al Partido Popular (PP), con 33 votos a favor, dos en contra y una abstención.
Presentada por la socialista Carmen Andrés Añón, ha recordado que «fumar, vapear, es una decisión personal, pero el tabaquismo es una cuestión de salud pública y los poderes públicos tenemos la obligación de protegerla por mandato constitucional», y, «en los últimos años», han aparecido productos que, «aun sin contener tabaco, mantienen todo el potencial adictivo de la nicotina y plantean riesgos relevantes para la salud pública».
Ante esta situación, y la actual legislación Europea, el objeto de esta PNL es «concentrar la comercialización en entornos sometidos a control específico que garanticen el cumplimiento de la normativa sanitaria y también la fiscal y ambiental, como hacen en este caso los establecimientos de estanco de nuestro país».
Apoyando la propuesta socialista, el senador popular José Manuel Aranda Lassa ha afirmado que el aumento de consumo en menores de edad, en el vacío regulatorio de las bolsas de nicotina y los fallos de control de la venta ‘online’ hacen necesario un control.
«La venta de dispositivos dispensadores de nicotina no puede permanecer en circuitos de distribución desordenados, poco controlados o expuestos a unas prácticas comerciales inadecuadas. La prioridad absoluta es prevenir el acceso a menores, en este caso a estos productos», ha afirmado.
Así considera que la regulación va más allá de una «prohibición absoluta de la venta ‘on-line'» que «no parece la mejor respuesta regulatoria», puesto que considera regular la cuestión de la venta ‘on line’ debe evitar «soluciones absolutas». Por ello, considera importante «someter la venta ‘on line’ a un régimen equivalente al de la venta presencial», y esto significa autorización previa, significa verificación de la edad, etc.
«Una regulación moderna debe tener en cuenta, sobre todo, la protección del menor, debe ser muy rigurosa con la información al consumidor y muy restrictiva con la publicidad o la presentación que banalice el producto», ha añadido.
Por su parte, Nerea Ahedo Ceza del Grupo Parlamentario Nacionalista Vasco ha manifestado su preocupación por este tema, compartiendo la necesidad de un mayor control regulatorio, «tanto a nivel sanitario como fiscal o ambiental», pero ha manifestado su sorpresa por el desarrollo de una PNL cuando «ya hay un anteproyecto de ley» en el que debería abordarse «el descontrol existente» en las ventas a través de canales ‘on line’ y tiendas no especializadas.
TRANSACCIONAL PSOE-PP
Así, la PNL insta al Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, Administraciones y entes públicos en el ámbito de sus competencias en el marco de prevención del tabaquismo, en especial entre la población menor y joven, a establecer medidas para circunscribir la venta de productos de vapeo, bolsas de nicotina y demás productos relacionados con el tabaco a los canales autorizados de acuerdo con la normativa vigente excluyendo la comercialización en Internet y en las tiendas no especializadas.
Asimismo, intensificar el control y supervisión que garantice que la distribución y venta se realicen exclusivamente en las tiendas no especializadas, asegurando la trazabilidad, fiscalidad y cumplimiento sanitario y ambiental. Además, de reforzar los requisitos de autorización, control y verificación de la edad en todos los canales de comercialización, especialmente desarrollando sistemas de verificación de la edad robustos para prevenir e impedir la venta a población menor de edad.
Otra de sus propuestas es seguir impulsando la coordinación interministerial, valorar la ampliación de los programas de recogida y reciclaje de los vapeadores desechables; evaluar las inspecciones sobre los canales de venta no regulados y las tiendas no especializadas; el impacto económico-sanitario de competencias de las medidas adoptadas, garantizando su proporcionalidad y eficacia, y tomar en consideración estas medidas para su inclusión en el marco de la próxima Estrategia Nacional sobre Adicciones.
La Comisión de Sanidad del Congreso avala reforzar la información sobre los riesgos del consumo de complementos con CBD
La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha dado luz verde a una proposición no de ley (PNL) impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista insta al Gobierno a reforzar la información sobre los posibles riesgos para la salud del consumo de complementos alimenticios con CBD entre las personas menores de 25 años, mujeres embarazadas o lactantes y personas bajo medicación.
La iniciativa, que ha salido adelante tras aceptarse la transaccional acordada con el Partido Popular (PP), logrando 33 votos favorables y dos oposiciones de Vox, ha sido defendida por el diputado socialista Víctor Gutiérrez Santiago, quien ha recordado que» el ‘boom’ del CBD ha generado una proliferación de productos alimenticios (gominolas, infusiones, etc.) que contienen este componente, pero la regulación específica sobre su comercialización como complemento alimenticio no está claramente definida en la normativa española».
Esta situación, ha recordado, se ve agravada por la falta de una directiva europea específica sobre el uso alimentario del CBD, lo que genera disparidades regulatorias entre los Estados miembros y una cierta inseguridad jurídica para operadores y consumidores.
«El CBD no figura entre las sustancias autorizadas en la normativa vigente sobre complementos alimenticios en España y ello genera una evidente inseguridad jurídica tanto para operadores como para consumidores. A esta situación se suma la ausencia de una armonización europea lo suficientemente clara sobre el uso alimentario del CBD», ha señalado en la defensa de la PNL.
Así, ante la población más vulnerable ha recordado que «la mejor respuesta ante las nuevas realidades no es la improvisación, sino la cooperación institucional, el rigor científico y la pedagogía social», y, por eso, considera que se debe «evitar que el marketing, la banalización y la falsa percepción de naturalidad sustituyan a la evidencia científica».
Por su parte, el diputado popular Pedro Samuel Martín García ha afirmado que esta PNL es una iniciativa «claramente defensiva, poco ambiciosa e insuficiente», ya que «no resuelve nada, no aporta seguridad y no protege eficazmente a los ciudadanos». «Desde el Grupo Parlamentario Popular creemos que la salud pública se protege con rigor, no con titulares, y eso implica regular, controlar y actuar», ha afirmado presentando cinco enmiendas, dos de ellas rechazadas por el PSOE al ser necesaria la valoración en la Comisión de Consumo.
La diputada del Grupo Parlamentario Vasco, Nerea Ahedo Ceza, ha defendido su posición a favor en defensa d elos grupos más vilnerables, mienttas que desde Sumar, Rafael Cofiño ha insistido en que la regulación del CBD debe basarse en un marco de protección apoyado en la evidencia científica, reforzando la información, la educación y la regulación para garantizar productos seguros.
Por su parte, Vox ha pedido no banalizar el consumo de CBD, pero ha rechazado la iniciativa porque el Gobierno, al ser quien tiene las competencias, no necesita una PNL para actuar si percibe un riesgo, y porque consideran que la propuesta se limita a reforzar la información sin abordar el «descontrol» del mercado.
