La Comisión de Sanidad debatirá el próximo 24 de noviembre las nueve primeras proposiciones no de ley presentadas por los grupos parlamentarios. Entre los asuntos que se tratarán, el cuarto punto del día estará dedicado a la protección de las personas afectadas por la talidomida, a petición de Ciudadanos
El objetivo de esta PNL está encaminado a reabrir el registro de víctimas de talidomida o proceder a indemnizar a los pacientes afectados por la farmacéutica Grünenthal. Asimismo, el Grupo Parlamentario Mixto ha propuesto otra relativa a modificar el procedimiento de diagnóstico, reconocimiento, indemnizaciones, exenciones y pensiones vitalicias a las personas afectadas por talidomida en España.
La Asociación AVITE confía en la aprobación por unanimidad de la propuesta, al igual que se hiciera la pasada legislatura, pero esta vez con un Gobierno que pueda transformar la iniciativa en Ley, y equiparar de una vez por todas a los afectados españoles, a los del resto del mundo.
AVITE considera que dicha PNL “se aprobará en la Comisión de Sanidad por unanimidad de todos los grupos, incluidos los que no han presentado PNL y queremos suponer también que la Ley que se elabore a continuación, llevará explícitamente un perdón público o una disculpa de las autoridades, por los 60 años que llevamos esperando este momento”.
De hecho, en breves semanas presentarán recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. Con independencia de los acuerdos que tomen todos los grupos parlamentarios aprobando este PNL y posterior Ley en el Parlamento que desarrolle y ampare a los afectados españoles, AVITE asegura que seguirá presionando a la farmacéutica, para intentar llegar a un acuerdo extrajudicial.
Además del asunto de la talidomida, la Comisión de Sanidad analizará la financiación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, la supresión de la prestación de asistencia sanitaria a las personas que permanezcan fuera del Estado español durante más de 90 días, el diseño e implementación de un plan nacional de transparencia en el Sistema Nacional de Salud, la modificación de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de concatenación de contratos temporales en el personal sanitario, la regulación de la publicidad de los centros, establecimientos y servicios sanitarios, el etiquetado y comercialización de productos con un alto componente de azúcares añadidos, la promoción de un Pacto de Estado por los Servicios Sociales y los fondos de cohesión y garantía asistencial sanitaria con el fin de incrementar la equidad y calidad del Sistema Nacional de Salud.
