Entre las modificaciones, se encuentra el cambio en el número máximo de oficinas de farmacia abiertas al público, que pasa a un centro por cada 700 habitantes, en poblaciones con menos de 2.000 personas
Pamplona, 6 noviembre 2008 (Europa Press)
La comisión de Salud del Parlamento de Navarra aprobó ayer el dictamen para la modificación de la Ley foral de Atención Farmacéutica. Entre las modificaciones, se encuentra el cambio en el número máximo de oficinas de farmacia abiertas al público, que pasa a un centro por cada 700 habitantes, en poblaciones con menos de 2.000 personas, y se elimina la contratación a terceros de los servicios farmacéuticos de los centros sociosanitarios que dispongan de cien o más plazas de asistidos.
La Ley Foral de Atención Farmacéutica realiza una regulación global de todos los ámbitos donde se presta el servicio y contempla todos aquellos centros donde se presta atención farmacéutica, ya sean hospitales, centros de atención primaria, centros sociosanitarios almacenes de distribución u oficinas de farmacia.
Esta ley establece el número mínimo de oficinas de farmacia que precisa cada zona básica de salud y cada localidad, con el fin de conseguir un acceso «equitativo» a la atención farmacéutica de toda la población de la Comunidad foral, de manera que si no están cubiertos los mínimos fijados no se puedan instalar nuevas oficinas de farmacia en todo el territorio.
La comisión de Salud aprobó, con los votos a favor de UPN, PSN, CDN e IUN, y la abstención de NaBai, la modificación de cuatro puntos de la Ley foral de Atención Farmacéutica. La primera modificación atiende al número máximo de oficinas de farmacia abiertas al público en cada una de las localidades de Navarra con una población inferior a 2.000 habitantes, que será de una por cada 700 habitantes. Asimismo, se indica, que una vez superada la cifra de 700 habitantes, podrá autorizarse una segunda oficina de farmacia cuando la población sea superior a 1.400 habitantes.
Este cambio no intenta rebajar sustancialmente el número de farmacias, sino que quiere planificar su apertura de manera que se garantice que a cada establecimiento un número potencial de clientes de, al menos, 700 personas.
En esta línea, el grupo parlamentario de Nafarroa Bai, presentó una enmienda, rechazada con los votos en contra de UPN, PSN y CDN, con la que pretendía que el número máximo de oficinas de farmacia abiertas al público en cada una de las localidades de Navarra fuera de una por cada 1.400 habitantes, aunque contemplaba la posibilidad de aperturas aun cuando no se alcanzara esa cifra.
Para la parlamentaria nacionalista Asun Fernández de Garaialde con la instauración de una farmacia por cada 700 habitantes en poblaciones menores de 2.000 habitantes, se va a conseguir que los farmacéuticos «progresivamente» se conviertan en «comerciantes» al entrar en «competitividad» con el resto del gremio, lo que le va a obligar «a pensar en términos económicos».
Asimismo, la segunda modificación aprobada elimina la contratación a terceros de los servicios farmacéuticos de los centros sociosanitarios que dispongan de cien o más plazas de asistidos, en cuyo caso la prestación podrá realizarse en base a servicios de farmacia exclusivos de cada centro o mancomunadamente, para así, evitar la existencia de intermediarios.
Además, se modificó la tipificación como «infracción grave» del incumplimiento de las obligaciones derivadas de las guardias y por último, se adecuaron las sanciones, hasta ahora sujetas a lo establecido en la Ley del Medicamento promulgada por el Estado, a parámetros más acordes a la función de las oficinas de farmacia. Así, con esta modificación se establecen nuevas cuantías para cada grado (mínimo, medio y máximo) previsto para las infracciones leves (entre 600 y 3000 euros), graves (entre 3.001 y 15.000) y muy graves (desde 15.001 a 600.000).
En el turno de intervenciones, el parlamentario de UPN Javier Marcotegui insistió en que con la instauración de un centro farmacéutico por cada 700 habitantes, se garantizará la «viabilidad» y «rentabilidad» de las oficinas farmacéuticas, y criticó que la enmienda presentada por Nafarroa Bai perjudica «gravemente» a la «flexibilización» del sector.
Por su parte, la parlamentaria del PSN María Chivite aseguró que la modificación de ley se sustenta en la necesidad planteada por los colectivos implicados, y destacó que éstos han participado en las propuestas de modificación. Para Chivite, la enmienda presentada por los nacionalistas «desvirtúa el espíritu de la ley».
José Andrés Burguete, de CDN, consideró «necesarias» las modificaciones aprobadas hoy por la comisión de Salud, aunque destacó que la Ley de Atención Farmacéutica «ha dado buenos resultados».
Por último, la parlamentaria de IUN Ana Figueras lamentó que en el sector farmacéutico se haya pasado «de una absoluta intromisión» a una «liberalización», sin embargo, precisó que ante la apertura de nuevas oficinas «el propio mercado ha regulado el sector, y algunas farmacias han tenido que cerrar».