Juristas, fiscales y asociaciones instaron al Ejecutivo a eliminar definitivamente de la legislación el término “incapacidad” durante su participación en el Foro Servimedia-Comunicación a la “Reforma del Código Penal y protección jurídica de las personas con discapacidad”. En el encuentro se insistió en la necesidad de “sensibilizar a la sociedad, a las autoridades y a los legisladores en el tratamiento de la discapacidad”
Madrid, 9 de julio 2015 (medicosypacientes.com/Servimedia)
El exmagistrado del Tribunal Supremo y patrono de la Fundación Aequitas Benigno Valera se refirió en el Foro Servimedia-Comunicación a la “Reforma del Código Penal y protección jurídica de las personas con discapacidad”. A su juicio que “no tiene sentido que en los tiempos que vivimos se siga hablando de personas incapaces y del procedimiento de incapacitación”.
Varela puso así de manifiesto los desequilibrios que aún persisten en la ordenación jurídica de la discapacidad en España y recordó que la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce la misma capacidad jurídica a todas las personas independientemente de sus capacidades. Por ello insistió en la necesidad de “sensibilizar a la sociedad, a nuestras autoridades y a nuestros legisladores en el tratamiento de la discapacidad”.
Mientras que el Código Penal, tras la reforma que entró en vigor el pasado 1 de julio, ha sustituido el término “incapaz” por el de “persona con discapacidad necesitada de especial protección”, el Código Civil sigue hablando de causas de incapacitación en referencia a enfermedades o deficiencias permanentes de carácter físico o psíquico, según subrayó el abogado penalista Rodríguez Ramos, resaltando el hecho de que “de los tres sectores que están implicados en la regulación de la discapacidad, el administrativo, el penal y el civil, es el civil el que menos se ha adaptado”.
En el encuentro también participaron el director de Comunicación de Servimedia, Arturo San Román, que actuó como moderador; el fiscal de la Sala Civil del Tribunal Supremo, José María Paz; el notario y presidente de la Fundación Aprocor, Ramón Corral; el catedrático de Derecho Penal de la UNED y abogado penalista, Luis Rodríguez Ramos; y la asesora jurídica de Feaps, Inés de Araoz.
Para la asesora jurídica de Feaps, el cambio en el Código Penal no es suficiente, porque “hay que aplicar la Convención de la ONU en todos sus términos y avanzar en la capacitación del personal de la Administración de Justicia”.
Por su parte, el Fiscal José María Paz consideró que la reforma penal supone un avance en la protección jurídica de las personas con discapacidad, pero que “van a surgir problemas técnicos en su aplicación y existe el riesgo de que algunas personas queden desprotegidas”.
Corral consideró, por su parte, que “no cabe duda de que la Convención (de la ONU) debe aplicarse, y todos los problemas que puedan surgir podrán solucionarse a la luz del principio de que todas las personas tienen la misma capacidad jurídica con el único matiz de si una persona necesita de un apoyo especializado, ya sea para un acto determinado, para un periodo determinado y con mayor o menor intensidad”.