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J. Vicente Herrera: “Castilla y León apuesta por el modelo de gestión pública de los centros sanitarios”

En esta entrevista concecida en exclusiva a la Revista de la Organización Médica Colegial, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, aborda las reformas sanitarias puestas en marcha por su Gobierno, con el firme propósito de priorizar la financiación de servicios públicos esenciales, en particular, la Sanidad, para que siga siendo “universal, accesible y de calidad. Rechaza el euro por receta y apuesta por el modelo de gestión pública de los centros

Madrid, 15 de enero 2013 (medicosypacientes.com)

A punto de cumplir 12 años al frente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera entiende la forma de hacer política con los mismos principios que rigen su vida: austeridad, disciplina, rigor y lealtad, sin perder nunca el interés por las costumbres sencillas y las cosas cotidianas. Llegó a la política en 1992. Tras ocupar varios cargos de responsabilidad en el partido y en el gobierno autonómico, accede a la Presidencia de la Junta en 2001 y hoy es un claro referente en el seno del PP. A lo largo de esta entrevista, Herrera aborda las reformas sanitarias puestas en marcha por su Gobierno, con el firme propósito de priorizar la financiación de servicios públicos esenciales, en particular, la sanidad, para que siga siendo “universal, accesible y de calidad”. Rechaza algunas de las fórmulas que han sido fuertemente contestadas en otras comunidades, como el euro por receta, y apuesta decididamente por el modelo de gestión pública de los centros sanitarios. Siempre dispuesto a dialogar con los profesionales, confía en la necesidad de mantener las retribuciones y condiciones laborales de los médicos para dotar de estabilidad al sistema y es partidario de “ceder poder” a los profesionales, para que organicen de forma autónoma su trabajo y, así, avanzar en calidad y eficiencia.

-La Comunidad de Castilla y León pasa por ser una de las más saneadas y mejor gestionadas del país. Sin embargo, no cesan los rumores de que pudiera prescindirse de un número importante de facultativos que prestan servicio en la Comunidad. ¿Considera factible este extremo sin afectar a la calidad de la asistencia?

-Castilla y León ha sido siempre una Comunidad austera, y prudente en el uso del endeudamiento, especialmente en los tiempos de bonanza. Esto nos  permite hoy presentar unas cuentas públicas relativamente equilibradas. Y, al mismo tiempo, seguir priorizando la financiación de los servicios públicos esenciales, en particular la sanidad. Nos encontramos en un momento en el que es imprescindible y obligatorio el ajuste entre ingresos y gastos. Y este proceso debemos hacerlo compatible, de nuevo, con el mantenimiento del núcleo esencial de los servicios públicos, sin merma de la calidad que tienen acreditada. Me refiero a los Barómetros del Ministerio de Sanidad, a los informes educativos PISA, o a otros análisis de expertos sobre la gestión de la dependencia y los servicios sociales, que nos vienen situando de forma destacada entre las mejores Comunidades españolas.

En sanidad, estamos trabajando en dos Planes de ordenación de recursos humanos que afectan a nuestros médicos: en Atención Primaria, para reequilibrar las cargas asistenciales; y en el denominado Plan de jubilaciones, orientado a retener a los profesionales con mayor experiencia y conocimiento y, al tiempo, a rejuvenecer nuestras plantillas y dar una oportunidad a los jóvenes titulados. En cualquier caso, sus efectos serán limitados. Quiero recordar que la tasa de especialistas médicos de Castilla y León, incluyendo a los médicos de familia, es un 44% superior a la media nacional.

-La privatización de la gestión de hospitales y centros de salud en algunas comunidades como Madrid ha provocado una fuerte contestación profesional y social. ¿Ha barajado el Gobierno regional implantar un sistema similar en la región castellano-leonesa?

-Castilla y León no es Madrid. Ni por su población, ni por sus características, ni por su extensión, ni por otros muchos motivos. Lo que puede ser adecuado para una Comunidad, no tiene por qué serlo para otra. Aquí en estos momentos no nos planteamos en absoluto modificar el modelo de gestión pública de nuestros centros sanitarios. Mantendremos la colaboración con los centros privados, mediante el sistema de conciertos, de forma complementaria y limitada. En todos estos años, el 95% de la actividad sanitaria se viene realizando con recursos públicos, y  concertamos algo menos del 5%.

-La actual coyuntura económica está obligando a los gobiernos autonómicos a idear nuevas fórmulas de gestión. Existe una creciente preocupación entre el colectivo médico ante lo que pudiera propiciar cambios en las características de nuestro modelo sanitario entendido como universal, equitativo, accesible y solidario. ¿Considera fundados estos temores?

La crisis económica y las incertidumbres que la acompañan han propiciado la circulación de rumores y de temores no siempre fundados, que además algunas voces  interesadas  han querido amplificar, confundiendo las necesarias medidas de ajuste con supuestos cambios en el modelo sanitario. En Castilla y León, desde luego su Gobierno, pero creo que también los agentes políticos y sociales, y especialmente los ciudadanos, continuamos apostando por un sistema sanitario universal, accesible y de calidad, financiado con presupuestos públicos. Creo que, además, la gestión de la asistencia sanitaria  nos explica y nos legitima como Comunidad, pues responde a una aspiración colectiva, y es el servicio público más universal, si se me permite la expresión, y el mejor valorado por las personas y familias.

-Llegado el momento, ¿sería partidario de implantar fórmulas de copago asistencial, como el pago por consulta o asistencia a los servicios de urgencias que existe en Portugal, o incluso el euro por receta que se plantea en Madrid o Barcelona?

-No creo que el denominado euro por receta sea la solución más adecuada. Los cambios introducidos en el copago farmacéutico responden mucho mejor a la filosofía de mi Gobierno: progresividad en función de la capacidad económica de las personas y de las familias, desvinculándola de la necesidad sanitaria o de la situación de enfermedad o cronicidad. La división de los ciudadanos en activos y pensionistas, que se adoptó en tiempos preconstitucionales, no responde a la actual realidad económica y social española. Aunque nos hubiera gustado no tener que tomar estas medidas, pedir un esfuerzo a los ciudadanos, activos o pensionistas, en función de su capacidad económica, me parece mucho más justo y equitativo.

Respecto al copago asistencial, debo decir que no forma parte de nuestra agenda política ni de nuestras competencias como Comunidad. Además, genera muchas dudas respecto al riesgo posible de penalizar a los más enfermos o a las personas que objetivamente precisan mayor intensidad en la asistencia sanitaria. En estos momentos en los que algunas voces critican tan severamente la situación de nuestra  la sanidad pública, es preciso recordar que España es en términos de copago asistencial una excepción dentro de la Unión Europea, y que en la práctica totalidad de los países miembros está implantado el copago en unos u otros servicios de asistencia sanitaria: en urgencias, en hospitalización o en primaria.

-El gobierno regional implantó recientemente el céntimo sanitario como fórmula de financiación de la sanidad. Cree que  ha sido una medida  positiva, y  que ha logrado los efectos esperados?

-La gravedad de la  crisis económica se ha traducido, también, en una importante reducción de los ingresos de las administraciones públicas. Por eso, la Junta de Castilla y León modificó su tradicional política tributaria: éramos la única Comunidad sin impuestos propios y con importantes beneficios fiscales. Para poder mantener nuestro compromiso de blindar la sanidad pública y los servicios esenciales tomamos la decisión de crear nuevos impuestos, así como aplicar nuestra capacidad normativa fiscal sobre el denominado céntimo sanitario, hoy tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos. En la actual situación, se trata de adoptar políticas adecuadas para reducir algunos gastos, y otras para  incrementar los ingresos.

Debo recordar que, en numerosas ocasiones, hemos planteado la necesidad de mejorar el sistema de financiación de la sanidad. Pero hemos entendido que antes teníamos que agotar nuestra capacidad de generar los ingresos posibles, pues el céntimo sanitario está previsto en el actual modelo de financiación para atraer recursos adicionales a la sanidad. Por estas razones hemos aplicado, como hoy hacen casi todas las Comunidades, esa habilitación, aunque excluyendo el gasóleo agrícola y el doméstico, y bonificando al sector del transporte. El resultado final es que hemos generado nuevos ingresos destinados a la sanidad, una recaudación que cuantitativamente es, por ejemplo, similar al gasto que realizamos en Castilla y León retribuyendo la carrera profesional de los sanitarios.

-Castilla y León es la Comunidad Autónoma que mayor esfuerzo ha realizado en los últimos años para negociar con el sindicato médico mejoras en las condiciones retributivas y laborales de los médicos. De hecho, existe un acuerdo reciente con dicho sindicato para no deteriorar las condiciones salariales y laborales, al menos hasta junio de 2013. ¿Se mostraría partidario un pacto nacional que acercara las situación profesional y laboral del colectivo español a la Unión Europea?

-El acuerdo que hemos suscrito hace poco más de un mes me parece especialmente importante. En momentos de dificultad, de incertidumbre y de temores sobre el futuro, nos comprometemos a mantener las retribuciones y condiciones laborales de los médicos, y trasladamos así un mensaje de estabilidad y de tranquilidad. Y también, y no menos importante, asumimos el compromiso de analizar conjuntamente y de eliminar las ineficiencias que existen en el funcionamiento diario de los servicios sanitarios. Si somos capaces de avanzar en ambos sentidos, creo que podremos ampliar este acuerdo más allá de junio de 2013. La posibilidad de homologar las condiciones profesionales y laborales de nuestros médicos a la situación de la Unión Europea requiere un debate en profundidad sobre los diversos modelos sanitarios. Y seguramente también un importante esfuerzo en términos retributivos. Sinceramente, no sé si el esfuerzo que debiéramos realizar es posible en la actual coyuntura económica. Pero sería bueno avanzar en esta dirección.

-¿Cree imprescindible un pacto por la Sanidad entre todos los partidos implicados para sentar las bases organizativas, estructurales y de financiación comunes en todo el Estado, en beneficio de la equidad, la cohesión y la eficiencia?

-Me parece que un Pacto sobre las bases del Sistema Nacional de Salud, y sobre las reformas que son necesarias para su sostenibilidad, permitiría trasladar estabilidad al conjunto de la sanidad española. Deberíamos ser capaces de alcanzar un grado de consenso suficiente para evitar que el debate político sobre la sanidad termine afectando a los aspectos nucleares del sistema.  Pero desgraciadamente el actual debate político en España es excesivamente generalista, tiende a la descalificación global, y a trasladar al conjunto del modelo sanitario cualquier discrepancia parcial sobre las medidas que se adoptan.

-Vd. vivió en primera persona la transferencia de las competencias sanitarias a la Comunidad. Considera que heredó un sistema ya en crisis o que ésta viene determinada por la coyuntura económica actual?

-En las últimas décadas se han publicado muchas e interesantes monografías sobre la crisis de los sistemas sanitarios. Recuerdo que el denominado Informe Abril analizaba, hace ya 21 años, los problemas de nuestro Sistema Nacional de Salud, y ponía sobre la mesa diversas alternativas para su modernización, reforma y sostenibilidad. Por lo tanto, no estamos precisamente ante un debate nuevo. Algunos componentes estructurales de la sanidad explican la “permanente crisis de los sistemas sanitarios”: la presión demográfica, la creciente incorporación de la tecnología y su intensiva utilización, o una mayor exigencia por parte de los ciudadanos para disponer de una asistencia cercana, ágil y de calidad. El resultado final es que disponemos de una sanidad cada vez más y mejor valorada, que por ello requiere cada vez mayores recursos, tanto en términos presupuestarios, como en relación con el P.I.B. de los países y las regiones. De hecho, en sólo esta década de competencias, el presupuesto destinado a la Sanidad en  Castilla y León ha pasado de representar desde el 31% hasta el 35% de todo el Presupuesto de la Comunidad en 2013. Por lo tanto, la sanidad pública está sometida a tensiones permanentes que empujan al alza el gasto sanitario.

A esta situación se han añadido, agravándola, cinco años de crisis económica, y ahora una segunda recesión, con dos efectos generales: reducción de los ingresos públicos, y necesidad de cumplir nuestros objetivos de déficit. Todo ello nos obliga a realizar algunos ajustes, y a incorporar reformas estructurales con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de la sanidad pública.

-En un momento en el que sólo parecen primar los criterios economicistas, ¿consideraría más viable que las competencias sanitarias fuesen devueltas al Estado?

-Creo que el ejercicio de las competencias sanitarias por parte de esta Comunidad ha sido una experiencia de éxito. Hemos sido capaces de adaptar la organización sanitaria a las características y peculiaridades demográficas y territoriales de la Comunidad. De incrementar nuestro capital humano (7.000 profesionales más desde las transferencias). De mejorar notablemente las infraestructuras y su accesibilidad, especialmente en el mundo rural. Tengo serias dudas sobre la capacidad del Estado para adaptar de esta forma los recursos y su organización a la diversidad territorial de las Comunidades.

En mi opinión, gestionar la sanidad es uno de los valores que más nos justifica y nos legitima como Comunidad. Porque es el servicio público más apreciado. Y porque en términos de resultados los ciudadanos de Castilla y León vienen valorando muy positivamente nuestros servicios sanitarios: somos la tercera Comunidad con mejores indicadores de satisfacción, y en la que más se han incrementado desde las transferencias. El protagonismo de este avance corresponde fundamentalmente a los magníficos profesionales sanitarios públicos.

Considero que la actual distribución de competencias y responsabilidades, desde el punto de vista constitucional y estatutario,  es adecuada. Pero también creo que durante muchos años esa distribución de competencias se ha desequilibrado como consecuencia de un débil y limitado ejercicio de las competencias del Estado en la cohesión, la coordinación, y el establecimiento de las bases compartidas del Sistema Nacional de Salud.

-¿Le parecería más adecuado un modelo de financiación finalista, ajustado por necesidades y con gestión más profesionalizada?

-Plantea Vd. varias cuestiones importantes. En relación con la financiación finalista, debo decir que esta Comunidad ha destinado en los últimos años recursos propios a la sanidad, por encima de los que nos transfieren. El Presupuesto de la Comunidad bajará en 2013 por cuarto año consecutivo. Esta circunstancia determina que la Junta dispondrá el próximo año para sus políticas activas de una cantidad similar a la del año 2004, es decir, a la que disponía hace ahora 10 años. Pero no todas las políticas públicas de gasto han tenido en estos 10 años el mismo comportamiento. Y así, el presupuesto de la Consejería de Sanidad ha crecido en este tiempo nada más y nada menos que un 34%. Esto significa dos cosas. Por una parte, una clara prioridad. Y por otra parte, que para ese crecimiento de la Sanidad, otras áreas públicas de actuación han tenido que sacrificarse notablemente. Así pues, el problema no es que la financiación de la Sanidad sea finalista sino que sea suficiente.

En segundo lugar, desde Castilla y León hemos reclamado de forma insistente el reconocimiento dentro de la financiación sanitaria de dos realidades que impactan de forma clara en la organización y en la utilización de los recursos, y por lo tanto en el gasto y los costes: la dispersión y el envejecimiento.

Y, en tercer lugar, me parece oportuno plantear el debate sobre la forma en la que podamos mejorar el trabajo y los resultados de los gestores de la sanidad, de desvincularlo de hipotecas políticas, y de alinear de forma más estrecha clínica y gestión. Las propuestas para incorporar la gestión sanitaria al sistema de formación de especialistas son razonables, y además nos permitirían superar cierta endogamia existente entre los gestores y prestigiar ese trabajo.

-El Gobierno regional se ha mostrado sensible a la reivindicación casi generalizada por parte de los profesionales médicos de mayores cotas de protagonismo en la planificación y gestión de centros y servicios. ¿Qué resultados esperan de la autogestión clínica dentro del sistema sanitario actual?

-Creo que es una de las reformas estructurales que precisa la sanidad pública: facilitar más capacidad de organizar su trabajo a quienes mejor conocen el día a día de la sanidad. Alcanzar mayor autonomía en el ejercicio profesional de los grupos clínicos. Porque más allá de las decisiones sobre los recursos de la sanidad, o sobre las grandes inversiones, es en la relación clínica donde se toman las decisiones que tienen efectos sobre los resultados, sobre la satisfacción, sobre la seguridad de los pacientes, o sobre el gasto. Por lo tanto, tenemos que “ceder poder” a los profesionales, para que organicen de forma autónoma su trabajo, y así avanzar en calidad y en eficiencia. La denominada gestión clínica debe orientarse en esa dirección.

La Comunidad de Castilla y León es pionera en otorgar a los médicos la gestión del registro de agresiones a profesionales. ¿Qué opinión le merece el incremento de este problema y qué medidas aplicaría para minimizar su existencia?

-En realidad, en Castilla y León el problema de las agresiones a los médicos se ha estabilizado en el último año, de acuerdo con los datos del Observatorio de las agresiones, y del propio Consejo de Colegios. Estamos aplicando medidas de formación para la gestión de las situaciones conflictivas,  de sensibilización, de protección de nuestros profesionales, y también medidas coercitivas de carácter administrativo y judicial. Tenemos un buen programa pactado con las Organizaciones sindicales y los Colegios profesionales.

-El Consejo de Colegios Médicos de Castilla y León, junto a las Sociedades Científicas y la CESM, ha puesto en marcha el Consejo de la Profesión, sólo pendiente de que la Consejería de Sanidad confirme su participación. ¿Está usted a favor de agilizar la adhesión de la Consejería a este órgano consultivo?

-Estamos estudiando esta propuesta que nos han trasladado hace apenas una semana. Creo que tenemos una interlocución privilegiada tanto con los Colegios, como con el Sindicato Médico, y las sociedades científicas. Nos hemos comprometido a mantenerlas, y a estudiar la mejor fórmula para organizarla institucionalmente.

-¿Sería partidario de introducir cambios en la legislación actual para que los Colegios de Médicos participaran en los Órganos de Representación de los trabajadores sanitarios?

-Esta es una cuestión difícil, pues la representación de los trabajadores está regulada en una Ley Orgánica de carácter estatal,  que además la vincula a los resultados de las elecciones sindicales. Pero creo que debe ser compatible la representación sindical con una  interlocución privilegiada con la profesión médica.

-En la “Cumbre Mundial Médico-Enfermera” celebrada en 2011, el presidente Rajoy se manifestó públicamente a favor de los colegios y de la colegiación universal como elementos clave de servicio a la sociedad. De hecho, la obligatoriedad de la colegiación figuraba en su Programa Marco de las pasadas elecciones. ¿Considera usted que la colegiación médica debe seguir siendo obligatoria?

-Creo que la actual regulación tanto nacional como la que deriva de la Ley de Colegios Profesionales de Castilla y León es la adecuada, y establece la colegiación de los profesionales con ejercicio clínico.

-En su larga experiencia como presidente autonómico ha debido enfrentar numerosas situaciones difíciles. Cuál es su fórmula para solucionar las crisis y seguir capitaneando el barco sin sufrir desgaste?

-En primer lugar, tener un proyecto claro y congruente, que apuesta por el progreso y la defensa de los intereses de la Comunidad. En segundo lugar, siempre diálogo y consenso sobre las cuestiones básicas de la Comunidad. Y en tercer lugar, prioridades claras, que en Castilla y León se han centrado en el impulso y mejora de los servicios públicos esenciales. Siempre he creído en un ejercicio de la política honesto, y al servicio de las aspiraciones y preferencias de los ciudadanos a los que nos debemos. Pero siempre hay desgaste, y más todavía en unas circunstancias como las actuales, que nos están obligando a tomar medidas difíciles, duras, impopulares, e incluso distintas de las que quisiéramos tomar, o prometimos inicialmente. Hoy más que nunca, gobernar es desgastarse.

-Después de tres legislaturas al frente del Gobierno regional, ¿dónde sitúa Vd su horizonte político?

-Siempre en defensa de los intereses de Castilla y León, dentro del proyecto de la España constitucional. Y en su consolidación como Comunidad. He señalado que después de tres Legislaturas y media, puede ser conveniente y bueno para todos dar paso a otras personas. Pero mi horizonte político siempre ha estado y estará en Castilla y León.

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