Este dato fue facilitado este viernes por el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien comparece en la comisión respectiva del Congreso de los Diputados para informar de la evolución del segundo estado de alarma y de la cuestión migratoria
El Ministerio del Interior detectó 264 “eventos de desinformación” sobre la Covid-19, en referencia a bulos o noticias erróneas, durante el segundo estado de alarma, que se prolongó entre los pasados 25 de octubre y 9 de mayo.
Marlaska se refirió a que durante el segundo estado de alarma se siguió desarrollando la labor de “vigilancia digital ante amenazas tales como la divulgación de informaciones falsas sobre la enfermedad o los intentos de estafas a colectivos vulnerables”.
A este respecto, el ministro informó de que entre octubre de 2020 y mayo de 2021 se detectaron 264 eventos de desinformación que dieron lugar a 209 notas informativas, 1.194 comunicaciones y 537 informes durante la pandemia.
Falsos tratamientos y estafas
En estos datos se incluyen “informaciones falsas sobre las instituciones del Estado, generalmente sobre el normal funcionamiento de los servicios públicos y medidas de falta de protección o seguridad”, así como “desinformaciones sobre material sanitario con noticias falsas sobre las consecuencias nocivas de determinadas pruebas diagnósticas”.
El balance sobre “vigilancia digital” también hace referencia a “noticias falsas sobre la falta de abastecimiento y transporte”; “informaciones falsas sobre la vacuna”; y “falsos tratamientos y curas, que pueden poner en riesgo la salud o, por supuesto campañas de ‘phishing’ y estafas”.
Al mismo tiempo, el ministro explicó que, durante el segundo estado de alarma, fueron identificadas un total de 7,8 millones de personas, lo que supone un descenso del 70% respecto al primer estado de alarma.
Además, entre el 25 de octubre y el 9 de mayo pasados se llevaron a cabo 2.232 controles móviles de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil; el control de 8,5 millones de vehículos; la interposición de 327.853 propuestas de sanción; la denegación de entrada en España a más de 70.000 personas; y la detención de 4.191 ciudadanos.
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