La reciente avalancha de resoluciones de homologación de títulos sanitarios extranjeros responde, sin duda, a una realidad incuestionable: la existencia de un retraso estructural e inasumible durante años. Era una obligación del Estado resolverlo. Y hacerlo, además, con garantías jurídicas, respeto a los derechos de los solicitantes y rigor académico.
Sin embargo, cumplir la ley —aunque sea tarde— no equivale necesariamente a hacer una buena política pública.
Los datos del último informe son elocuentes. En 2025 se han alcanzado cifras récord, con más de 85.000 resoluciones, de las cuales una proporción muy significativa corresponde a la profesión médica, que representa cerca del 80% de las homologaciones . En términos absolutos, esto se traduce en más de 30.000 homologaciones favorables para médicos en un solo año, multiplicando por varias veces los registros históricos .
Este esfuerzo administrativo, que ha permitido reducir de forma notable el stock de expedientes acumulados, merece ser reconocido. Pero también obliga a una reflexión urgente sobre sus consecuencias.
Porque el sistema sanitario no es un compartimento estanco. Y el acceso a la profesión médica en España tiene un cuello de botella bien conocido: el examen MIR.
Hoy existen aproximadamente 9.000 plazas MIR anuales frente a unos 7.000 egresados de nuestras facultades de medicina. Este equilibrio, ya tensionado, se ve súbitamente alterado por la incorporación potencial de decenas de miles de nuevos médicos homologados. Una cifra que multiplica por cuatro el volumen habitual de aspirantes.
El resultado es previsible: una presión sin precedentes sobre el sistema de formación sanitaria especializada, que amenaza con desbordar su capacidad en el corto plazo.
Pero hay un segundo elemento, menos visible y no menos preocupante. No existe un correlato claro entre este aumento de homologaciones y el crecimiento de colegiaciones efectivas en España. Esto sugiere que una parte relevante de estos profesionales no se está incorporando al sistema sanitario español, sino que utiliza la homologación como puerta de entrada hacia otros países europeos.
Es decir, España asume el coste administrativo, jurídico y técnico del reconocimiento de títulos, pero no necesariamente retiene ese talento.
Nos encontramos, por tanto, ante una paradoja: se resuelve un problema administrativo histórico, pero se genera un nuevo desequilibrio estructural.
La cuestión de fondo no es la homologación en sí misma, que es un instrumento necesario en un mundo globalizado. La cuestión es la dramática ausencia de planificación.
No se puede actuar sobre una palanca del sistema —la homologación— sin coordinarla con las demás: plazas MIR, necesidades reales de especialistas, capacidad docente, planificación de recursos humanos y políticas de retención de talento.
La política sanitaria exige anticipación, no solo reacción.
Desde la Organización Médica Colegial consideramos imprescindible abrir un debate serio y riguroso sobre este escenario. Es necesario:
- Ajustar la oferta de plazas MIR a la nueva realidad sin perder calidad docente, una misión muy difícil en el contexto actual.
- Evaluar el impacto real de las homologaciones en la fuerza laboral sanitaria.
- Coordinar las políticas de reconocimiento de títulos con la planificación del sistema sanitario.
- Evitar que España se convierta únicamente en una vía administrativa hacia otros mercados laborales europeos.
Resolver el atasco era necesario. Pero hacerlo sin una estrategia integral puede conducirnos, en muy poco tiempo, a un nuevo colapso: esta vez, no administrativo, sino formativo y estructural.
Y ese sería un error que ya no podríamos atribuir al pasado, sino a la falta de previsión en el presente.
Dr. Tomás Cobo
Presidente de la Organización Médica Colegial (OMC)
