Felicidad Rodríguez, columnista de “La Voz de Cádiz”, además de médico y miembro de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos, aborda el tema de las agresiones a sanitarios, celebrando su reconocimiento como autoridad en actos de violencia, aunque instando a que se adopten, además, las medidas preventivas necesarias
Cádiz, 21 de abril 2015 (medicosypacientes.com)
“Agresiones a sanitarios”
Felicidad Rodríguez, columnista de “La Voz de Cádiz” (médico, miembro de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Cádiz)
Un tribunal jerezano acaba de emitir una condena de un año de prisión por agresión a un médico. Aunque las agresiones a los sanitarios se suceden con frecuencia, los hechos concretos a los que se refiere la sentencia ocurrieron hace algunos años en Bornos. El caso tiene su miga porque la agresión, absolutamente inaceptable no solo desde el punto de vista de la justicia, se debió a que el facultativo exploró el abdomen de una persona aquejada de dolores gastrointestinales, acto que lógicamente implicaba poner las manos sobre el estómago de, en este caso, la paciente. Algo que el agresor no podía tolerar porque ¿cómo un hombre iba a tocar la barriga de su pareja? Así que se lió a golpes con el médico.
El Observatorio de Agresiones del Colegio de Médicos de Cádiz tiene datos realmente alarmantes sobre este tipo de conductas que tamibén tienen entre sus víctimas a otros profesionales de la salud. La deciisión del tribunal jerezano tiene su base en una sentencia del Tribunal Supremo del 2007 que estimó otro ataque similar como un atentado contra la autoridad, entendiendo que el médico estaba actuando como tal, en este caso en el ámbito de la salud pública. Desde entonces se han dado pasos importantes en este sentido.
En el nuevo Código Penal, presentado muy recientemente por el Gobierno ante las Cortes, ya se recoge el carácter de atentado, con penas de entre uno y cuatro años, de las agresiones e intimidaciones graves tanto contra los profesionales sanitarios como contra los docentes, otro colectivo sufridor que también padece con frecuencia este tipo de conductas y al que ya la LOMCE había paso a considerar como autoridad pública.
Pero si el cerco, legislativo y juicial, contra los agresores se hace cada vez más estrecho, queda pendiente poner las medidas preventivas necesarias. Por un lado, las que dependen de la Administración sanitaria responsable, en nuestro caso el SAS, pero sobre todo actuando a nivel educativo. Porque nuestro sistema educativo no solo hace aguas en los resultados académicos de PISA. Un tercio de los jóvenes considera aceptable controlar los horairos de su pareja, el decirle lo que puede o no puede hacer y a quien ver o no ver. Por ahí empeiza lo que pasó en Bornos.
