"Mientras reconocemos la gravedad de la crisis sanitaria actual y admitimos que el uso de competencias de emergencia está autorizado por el Derecho Internacional en respuesta a amenazas importantes, recordamos urgentemente a los países que todas las respuestas de emergencia al coronavirus deben ser proporcionadas, necesarias y no discriminatorias", han afirmado los expertos de Naciones Unidas.
El llamamiento de estos expertos llega después de que la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reclamara que los Derechos Humanos se pongan en el centro de la respuesta frente a la pandemia del nuevo coronavirus.
Los expertos de Naciones Unidas han resaltado que las declaraciones de estados de emergencia, ya sean por motivos sanitarios o por razones de seguridad, tienen que ser acordes con el Derecho Internacional. «El uso de competencias de emergencia debe declararse públicamente y debe notificarse a los organismos correspondientes cuando dejen significativamente afectados a derechos fundamentales, como los de movimiento, vida familiar y de asamblea», han indicado.
«Además, las declaraciones de emergencia por el brote del coronavirus no deberían usarse como base para ir contra grupos particulares, minorías o individuos. No deben funcionar como una cobertura para una acción represiva bajo la apariencia de protección de la salud ni ser empleadas para silenciar el trabajo de los defensores de los Derechos Humanos», han recalcado.
Los expertos de Naciones Unidas han indicado que las medidas en respuesta al coronavirus tienen que estar «motivadas por objetivos legítimos de salud pública» y «no deben usarse para aplastar a la disidencia.
«Emplazamos a los países a permanecer firmes en el mantenimiento de un enfoque basado en los Derechos Humanos para contener esta pandemia, para facilitar la emergencia que tienen sociedades saludables con los Derechos Humanos protegidos y con respeto al estado de derecho», han concluido.
Los expertos de Naciones Unidas que han firmado este comunicado son, entre otros, la relatora especial para la protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, Fionnuala Ní Aoláin; la relatora especial en materia de ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard; el relator especial en materia de defensores de Derechos Humanos, Michel Forst; y el relator especial de Derecho a la libertad de reunión pacífica, Clément Nyaletsossi Voule.
