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En 2011 se presentaron 3.180 quejas en materia de Sanidad a la Defensora del Pueblo

La demora en la asistencia sanitaria, los problemas para recibir atención sanitaria fuera de la comunidad de residencia, la confidencialidad de la información y documentación clínica, el tiempo de espera en pruebas diagnósticas y la insuficiente dotación de profesionales especializados en salud metal, son algunas de las principales quejas de los ciudadanos respecto a la sanidad, recibidas por la Defensora del Pueblo, que ascienden a un total de 3.180

Madrid, 30 de marzo de 2012 (medicosypacientes.com)

La demora en la asistencia sanitaria, los problemas para recibir atención sanitaria fuera de la comunidad de residencia, la confidencialidad de la información y documentación clínica, el tiempo de espera en pruebas diagnósticas y la insuficiente dotación de profesionales especializados en salud metal, son algunas de las principales quejas de los ciudadanos respecto a la sanidad, recibidas por la Defensora del Pueblo, que ascienden a un total de 3.180

Estos datos se recogen en el Informe Anual a las Cortes Generales de 2011, que la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, ha entregado a los presidentes del Congreso y del Senado, Jesús Posadas y Pío García-Escudero.

Según el documento una de las mayores demandas de los ciudadanos son los problemas para obtener una atención sanitaria de calidad cuando se desplazan fuera de su comunidad de residencia. El Defensor del Pueblo inició una investigación de oficio ante el Ministerio, con el objetivo de que se garanticen las prestaciones sanitarias a todos los ciudadanos con independencia del lugar donde se encuentren. Esta institución recalca en su informe que las administraciones autonómicas tienen la obligación de ponerse de acuerdo al ofertar nuevos servicios a la población, y subraya la desigualdad existente en los servicios sanitarios públicos en función de la comunidad autónoma de la que se trate. Por este motivo se solicita  que el Consejo Interterritorial del Salud adopte medidas que garanticen las prestaciones sanitarias a todos los ciudadanos, con independencia del lugar donde se encuentren.

Otras de las quejas más comunes en materia sanitaria a lo largo del año 2011 se refieren a la confidencialidad de la información y documentación clínica, a la falta de recursos para personas con problemas de salud mental, a la seguridad de los pacientes y a las demoras en atención primaria y especializada.

De nuevo este año, la demora en la asistencia sanitaria es la principal causa de descontento de los ciudadanos, tanto para consultas externas como para pruebas y técnicas diagnósticas e intervenciones programadas. Las listas de espera más dilatadas en asistencia sanitaria no urgente las encabezan Cataluña, la Comunidad Valenciana, Baleares y Canarias. En atención especializada destacan las esperas de Murcia, Cataluña y la Comunidad Valenciana. También siguen siendo frecuentes las quejas sobre la demora en la aplicación de las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública.

En atención primaria las principales quejas hacen referencia al tiempo que se tarda en hacer pruebas diagnósticas, y el tiempo de espera hasta entrar en una consulta. En cuanto a atención especializada, la mayoría de las quejas están relacionadas con la gestión y organización de los centros sanitarios.

Con respecto a la dotación de recursos, presta especial atención a los destinados al daño cerebral sobrevenido, una realidad sanitaria creciente y preocupante que exige una respuesta cada vez más especializada – según el informe – y critica que comunidades como Castilla y León no dispongan de ningún centro para estos pacientes.

En el campo de la salud mental, reconoce que se han producido avances aunque insiste en que quedan muchos asuntos pendientes, como la insuficiente dotación de profesionales especializados y de recursos de rehabilitación y reinserción social capaces de garantizar la autonomía de estos pacientes.

En lo que concierne a la financiación de medicamentos, algunos usuarios consideran una contradicción que pensionistas con altos niveles de renta no efectúen aportación alguna, y otras personas sin recursos suficientes deban sufragar el 40 por ciento.

 

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