La aprobación de la Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte, por el Pleno del Parlamento de Andalucía, no incluye la objeción de conciencia de los profesionales
Sevilla, 18 marzo 2010 (EP)
El presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Carlos González Vilardell, ha expresado su deseo de que no se practique en los hospitales de Andalucía una eutanasia activa encubierta, tras aprobar el Parlamento andaluz por primera vez en España la Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte.
González Vilardell alegó que aún es una ley autonómica y su colegio profesional ha trabajado para incluir en la Ley, sin vulnerar los derechos del paciente, el derecho de la objeción de conciencia del médico. En este sentido, precisó que este hecho «se utilice para bien y no sea una medida que incite al médico a acelerar el proceso de muerte ni que vaya en contra de sus principios éticos ni deontológicos» y añadió que espera que «no se practique una eutanasia activa y encubierta, ni por petición de los familiares ni del paciente».
Resaltó que en el ejercicio de la Medicina «todo se hace para el bienestar del paciente» y comentó que la ley establece «una serie de controles, como la Junta facultativa, la comisión ética y los hospitales para asegurar que se cumplan los deseos del paciente hasta donde se deban cumplir». El proyecto ha sido redactado con el acuerdo y las aportaciones de más de 60 colectivos, principalmente de profesionales, sindicatos y asociaciones científicas.
Por otro lado, González Vilardell enfatizó que «nunca se podrán tomar medidas que aceleren el proceso de muerte del paciente». En el mejor de los casos, «al paciente se le seda y ayuda en la transición entre la vida y la muerte», puntualizó. Según dijo, este hecho es una práctica habitual en los hospitales andaluces, con el consentimiento de los familiares en el caso de que el paciente no haya dejado testamento vital.
Aprobada con el rechazo parcial del PP a tres artículos
La aprobación de la Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte, por el Pleno del Parlamento de Andalucía, ha contado con el rechazo parcial del grupo parlamentario popular a tres artículos de los 33 que conforman el nuevo cuerpo de ley.
En concreto, los artículos que han contado con el rechazo de los 46 votos ‘populares’ son los relativos a los deberes de los profesionales sanitarios que atienden al paciente ante el proceso de la muerte (artículos 18 y 21) por no incluir la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, así como el artículo 27, referido a la composición de los comités de ética de los hospitales, al entender que requeriría de una regulación más específica.
Durante su intervención en la Cámara autonómica, la portavoz del grupo parlamentario popular, Ana María Corredera Quintana, reprochó que la nueva ley no recoja «el derecho de los profesionales sanitarios» a acogerse a la objeción de conciencia, en el sentido de que dicho derecho «no lesionaría» el derecho del paciente a recibir el tratamiento que solicitase acorde con sus principios éticos, religiosos y morales, ya que, en su defecto, «otro profesional» acorde con los principios del paciente «se encargaría de esa atención».
En cualquier caso, y pese a cuestionar la misma oportunidad de esta ley, en referencia a que ya existen otras normas que garantizan la correcta cobertura sanitaria y los instrumentos legales y éticos oportunos, en alusión a la Ley General de Sanidad, La Ley de Salud y Autonomía del Paciente y los códigos deontológicos de los mismo Colegios sanitarios, la diputada ‘popular’ se refirió también a la «incertidumbre presupuestaria» a la hora de hacer valer la nueva ley.
Así, advirtió de que «aún no se ha cumplido el compromiso de habitaciones individuales en todos los hospitales andaluces para los pacientes terminales», ya que, según dijo, «hasta ahora sólo hay un 15 por ciento de estas habitaciones».
Corredera, quien también lamentó «no saber quien integrará los comités de estética asistencial en los distintos centros sanitarios», justificó, no obstante, que su grupo ha apoyado el resto de la ley, entre otros motivos «porque no se apoyan las prácticas de eutanasia».
