La SEGO ha propuesto que el concepto de aborto recogido en la ley se cambie por la definición médica que respalda la OMS y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) y que responde al concepto relativo a ?la expulsión o extracción de su madre de un embrión o de un feto de menos de 500 gramos de peso», que se alcanza «a las 22 semanas de embarazo»
Madrid, 4 de julio 2008 (Redacción/Europa Press)
Frente a la «alarma social» generada en los últimos meses a raíz de la denuncia de supuestas irregularidades en la aplicación de la Ley sobre Despenalización del Aborto, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) ha decidido hacer pública una declaración sobre diversos aspectos concernientes al aborto.
Aunque rehusó manifestarse a favor o en contra de convertir la actual Ley del Aborto -basada en supuestos despenalizables- en una ley de plazos, Bajo Arenas reconoció que la actual norma está «obsoleta» en relación con la definición del término aborto, ya que la ciencia «ha avanzado mucho» en estos últimos años.
La SEGO apuesta por que el concepto de aborto recogido en la ley se cambie por la «definición médica» que respalda la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) y que responde al concepto de viabilidad fetal, por el que un aborto sería «la expulsión o extracción de su madre de un embrión o de un feto de menos de 500 gramos de peso», que se alcanza «a las 22 semanas de embarazo».
A juicio de esta entidad científica, ?ya no puede considerarse aborto la interrupción del embarazo a partir de la semana 22 de gestación?, sino «destrucción intrauterina de un feto viable», ya que entre la semana 23 y la 24 las posibilidades de que el feto sobreviva son del 59 por ciento y en la siguiente semana del 77 por ciento.
En concreto, según los datos facilitados por la SEGO, entre las semanas 22 y 23 de gestación el feto tiene un 74 por ciento de posibilidades de morir y un 26 de seguir con vida; entre las 23 y la 24 un 59 por ciento de sobrevivir y un 41 de morir; entre la 24 y la 25 las opciones de supervivencia aumentan al 77 por ciento y las de muerte se sitúan en el 33 y así hasta las semanas 27 y 28, en la que el feto tendría un 15 por ciento de posibilidades de fallecer.
De esta forma, los expertos apuestan por «inducir al parto para salvar al niño» y por «reforzar el diagnóstico prenatal» para detectar antes las posibles malformaciones, y por dejar que el bebe con malformaciones nazca, ya que «si es grave morirá y, si no, vivirá?.
Para la ginecóloga Rosa María Sabatel, secretaria de la SEGO, en la actualidad son sólo 1 de cada tres mujeres las que paren a niños con malformaciones graves que después mueren, ya que la mayoría son detectadas dentro de los plazos legales, y «muy pocas» las que tienen que acogerse a este supuesto.
No obstante, señaló que para prevenir estos casos, la SEGO ha pedido a la Administración que aumente sus esfuerzos para que el ginecólogo cuente con tiempo suficiente para realizar una exploración completa en la semana 22 de embarazo, cuando se realiza el ‘screening’ de malformaciones del feto.
En su documento de consenso, la SEGO pide a los responsables sanitarios y agentes de la salud realizar «un importante esfuerzo» para evitar los embarazos no deseados y recuerda que el aborto practicado en el primer trimestre de la gestación «no debe ni puede ser considerado como un procedimiento contraceptivo».
Asimismo, recalcan que todas las embarazada que se someta a un aborto legal deben recibir «un adecuado soporte psicológico, con el fin de minimizar el impacto negativo del mismo, con independencia de haber sido convenientemente informada con anterioridad de los riesgos potenciales de la intervención abortiva».
Por otra parte, el doctor Bajo Arenas ha asegurado que su organización «no es consciente» de que existan ginecólogos que se acojan a la objeción de conciencia para negarse a practicar abortos en la sanidad pública y los realicen después en la privada, como ha denunciado el ministro de Sanidad, Bernat Soria. De tal forma que la SEGO le ha pedido a Soria que «no tire la piedra y esconda la mano» sobre la supuesta conducta irregular que estarían teniendo algunos de estos profesionales, objetando a practicar abortos en la sanidad pública y realizándolos en centros privados. Para Bajo Arenas lo más indicado es identificar a estos sujetos y acusarles ante la Justicia.
Respecto al Registro de Médicos Objetores al Aborto en el que parece estar trabajando Sanidad, el presidente de la SEGO dijo que se trata de una idea «no amparada por la Constitución ni por los códigos deontológicos», donde se contempla el «derecho insoslayable» de estos profesionales a ejercer la objeción de conciencia, y que de violarse este derecho, la SEGO podría plantearse emprender «medidas legales».
«La SEGO ha recordado, finalmente, que los especialistas en Ginecología y Obstetricia tienen derecho a ejercer la objeción de conciencia ante los supuestos de despenalización del aborto contemplados en la Ley Orgánica 9/1985, de acuerdo con la Constitución Española y con sus códigos deontológicos», tal como ha concluido Bajo Arenas.
