Con un total de 184 votos a favor, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer jueves la reforma parcial de la regulación del aborto que impondrá el consentimiento paterno a las menores con edades hasta 17 años. Una vez aprobada en la Cámara baja, la normativa pasa ahora al Senado
Madrid, 17 de julio 2015 (medicosypacientes.com/E.P.)
El Pleno del Congreso dio luz verde ayer jueves a la reforma parcial de la regulación del aborto que impondrá el consentimiento paterno a las chicas de 16 y 17 años, con un total de 184 votos a favor, los del Grupo Popular, los cinco diputados presentes de Unió y el de Foro Asturias. El resto del arco parlamentario rechazó la iniciativa.
Por tratarse una proposición de Ley Orgánica, se produjo una tercera votación de conjunto, aunque el texto sobre el que se preguntaba era el mismo. Cabe destacar que hasta cinco diputados del PP rompieron su disciplina de voto, ya fuese durante la votación del dictamen o en la votación de conjunto. Estos parlamentarios, de los que se esperaba un pronunciamiento crítico, votaron posiciones distintas en cada caso, aunque la proposición de Ley Orgánica no variase.
Con esta votación la proposición de Ley Orgánica viaja ya al Senado en los mismos términos en los que se presentó el pasado mes de abril. La intención del PP es que pueda completar allí su tramitación sin que se incorporen cambios, de forma que el texto no tenga que volver a ser refrendado en el Congreso de los Diputados y pueda estar listo para su publicación en el BOE a finales del mes de septiembre, según fuentes parlamentarias.
La modificación sólo toca las leyes de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo y la de Autonomía del Paciente para que el aborto vuelva a ser una de las tres excepciones en que una persona que ha cumplido 16 años de edad necesita el consentimiento de sus tutores legales, junto a la reproducción asistida y los ensayos clínicos. En caso de que la joven discrepe de sus tutores, tendrá que acudir a un juez para que medie en el conflicto.
La forma escogida para impulsar la reforma fue cuestionada por los grupos parlamentarios y las ONG desde el principio, ya que al presentarla en forma de proposición de Ley Orgánica, no ha tenido que pasar el filtro de los órganos consultivos del Estado, encargados de informar las leyes.
Asimismo, el fondo de la cuestión recibió numerosas críticas: sus detractores aseguran que abocará a un aborto ilegal e inseguro a las chicas más vulnerables, aquellas que cumplen algunas de las causas tasadas en la ley para no informar a sus progenitores, como en caso de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones o desamparo.
Tampoco contentó a las asociaciones auto denominadas pro vida, que exigían al Gobierno el cumplimiento de sus compromisos electorales entendiendo que estos eran la derogación del sistema de plazos actual y la reinstauración del sistema de plazos que avaló el Tribunal Constitucional en una sentencia en 1985.
La misma premisa inspìró críticas dentro del propio Grupo Parlamentario Popular, donde cinco diputados encabezaron públicamente la disconformidad de un sector de los votantes para quienes reformar un aspecto tan puntual de la ley viene a avalar el resto de su contenido.
El PP, por contra, defendió que este es el único aspecto en el que hay consenso social suficiente y se remite a lo que tenga que decir el Tribunal Constitucional sobre el resto de cuestiones
Esta iniciativa fue registrada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso después de que el Gobierno retirase la reforma del aborto que había planteado el Ministerio de Justicia, un proyecto que proponía la instauración de un sistema de supuestos más restrictivo que el vigente desde 1980 y cuya desaparición implicó la salida de Alberto Ruiz Gallardón.
