El Consejo Interterritorial acordó ayer incorporar la vacuna de la varicela en el calendario vacunal por lo que, a partir de 2016, será administrada a todos los niños en edad pediátrica temprana, y gratuita para todas las familias. Además, se abordaron otras cuestiones como el proyecto de R.D. de Gestión Clínica, seguridad del paciente y la asistencia sanitaria universal, entre otras
Madrid, 30 de julio 2015 (medicosypacientes.com/E.P)
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y los consejeros de Sanidad de las Comunidades Autónomas acordaron en la reunión del Consejo Interterritoria (CISNS)l, celebrada ayer, la modificación de la pauta de vacunación de la varicela, que a partir de 2016 se administrará a todos los niños en la edad pediátrica temprana: la primera dosis a los 12-15 meses y la segunda entre los 3 y 4 años. Al incluirse en el calendario, queda garantizado el acceso gratuito a la vacuna para todas las familias.
El CISNS estuvo presidido por el ministro Alfonso Alonso, acompañado por el secretario general, Rubén Moreno, y los nuevos consejeros de Sanidad, excepto Asturias que en esos momentos tomaba posesión de su cargo.
Según ha informado el MSSSI el acuerdo del CISNS sobre la vacuna de la varicela responde a las recomendaciones de pediatras y vacunólogos que han manifestado la conveniencia de adelantarla para reducir la incidencia de la enfermedad y evitar las complicaciones.
Con el adelanto, hecho en base a la evidencia científica y con el correspondiente estudio económico, se culmina la unificación que se emprendió esta legislatura y que se traduce en que por primera vez todos los niños, con independencia de la Comunidad Autónoma en la que vivan, tienen un calendario vacunal común.
Respecto a este tema opinaron algunos consejeros como Patricia Gómez, de Baleares, quien señaló que, a pesar de que ha sido un tema “bastante debatido”, todas las comunidades autónomas están de acuerdo con que “tiene que haber criterios comunes”. “No vamos discutir la evidencia y los políticos no debemos generar falsas expectativas ni mucho menos confusión a los padres y atención diferente a los niños”, apuntó.
En opinión del consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Jesús Morera, “a pesar de que desde el Gobierno canario no hay objeción en que cambie el calendario de vacunación, dicha modificación genera incertidumbre porque son volantazos en la sanidad y debería ser un criterio científico el que decidiera este tipo de cuestiones. “Criticamos de forma directa y franca los defectos de la forma en la tramitación de estos cambios en el calendario, añadió.
Por su parte, el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, se mostró satisfecho por la decisión adoptada en el CISNS de incluir en el calendario infantil la vacuna de la varicela y avanzó que esta medida supondrá para la Comunidad un gasto de 1,3 millones de euros.
Para Sáez Aguado el impacto de esta vacuna es “importante”, ya que con su inclusión el calendario de vacunación español se convierte en unos de los más completos. En cuanto al gasto, el consejero ha asegurado que la compra conjunta con otras autonomías de las vacunas puede generar un ahorro de en torno al 25 por ciento, tras lo que ha aclarado que en torno al un por ciento del gasto sanitario total se dedica a vacunas.
Otra de las consejeras que opinó al respecto fue Encarnación Guillén, de Murcia, quien afirmó que desde el Gobierno de Murcia se defiende “la necesidad de un calendario único de vacunación para garantizar la calidad y el acceso a una mejora que supondría dentro de los programas de prevención”. “Apoyamos al Ministerio”, asegurando que se basan en “evidencias científicas” para hacerlo.
Asistencia universal
Otro de los temas que mayor interés suscitó en este CISNS, pese a no estar en el orden del día, y haber sido tratado en ruegos y preguntas fue el relativo a la asistencia universal y a la devolución de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, y la consiguiente derogación del R.D. Ley 16/2012.
El ministro de Sanidad mostró, en este sentido, su deseo de llegar a un acuerdo lo antes posible con las comunidades autónomas para atender a los inmigrantes en situación administrativa irregular en los servicios de Atención Primaria, pero advirtió “que se tiene que alcanzar sin volver al turismo sanitario”. Por otra parte, se negó la demanda de la derogación del R.D. 16/2012, alegando que “esta normativa ha conseguido garantizar la cobertura sanitaria a toda la ciudadanía española y cerrar la puerta al turismo sanitario.
El máximo responsable de la sanidad andaluza, Aquilino Alonso, instó al Gobierno a que “deje de hacer modificaciones puntuales que son parches al nuevo modelo de aseguramiento y restaure la universalidad, tal y como han pedido ya varias comunidades autónomas. “El Real Decreto 16/2012 ?añadió- no sólo dejó a parte de la población sin asistencia, sino que además “abrió la puerta a nuevos copagos en la sanidad”.
En opinión del consejero de Aragón, Celaya, “casi todas las medidas del Real Decreto se están dando marcha atrás porque el Gobierno se ha dado cuenta que no son más que un recorte que no mejora, en absoluto, la asistencia sanitaria”. El responsable sanitario aragonés recordó que cuesta “mucho más dinero un paciente sin tratar” y reiteró el compromiso del PSOE en derogar la normativa cuando accedan a la Presidencia del Gobierno.
El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández, considera que para conseguir una sanidad universal que incluya a los inmigrantes en situación irregular, es necesario derogar la reforma sanitaria que introdujo en 2012 el Gobierno a través del Real Decreto 16/2012. Fernández afirmó que uno de sus objetivos es que “la universalización sea una realidad y que la salud sea un derecho de todos los ciudadanos que vivan en este país”.
La consejera de Sanidad Universal y Salud Pública de la Generalitat valenciana, Carmen Montón, reclamó, por su parte,”terminar con las exclusiones sanitarias y con el modelo de discriminación y la fractura social” . Montón defendió “el derecho a la asistencia sanitaria pública en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos, con independencia del lugar donde se viva y de la situación laboral, social o económica de cada persona”.
Mientras, el consejero de Sanidad de la Comunidad Foral de Navarra, Fernando Domínguez, aseguró que la asistencia sanitaria universal es uno de los principales puntos de su programa sanitario autonómico. En el acuerdo programático que existe en Navarra “el primer punto de sanidad es precisamente hacer que la sanidad sea universal, sea cual sea la condición de la persona, por lo tanto, eso es lo que se va a mantener”, dijo.
R.D. de Unidades de Gestión Clínica
Por otra parte, se adoptaron una serie de acuerdos que afectan especialmente a los profesionales sanitarios, en concreto el proyecto de Real Decreto por el que se regulan las Unidades de Gestión Clínica, que cumple con el Pacto por la Sostenibilidad y la Calidad del Sistema Nacional de Salud firmado por el Ministerio con los médicos, enfermeros y farmacéuticos.
El proyecto establece unas bases comunes a todas las Comunidades Autónomas para la creación y el funcionamiento de estas unidades, dirigidas por los propios profesionales, con las que se introducen criterios profesionales y de innovación en la gestión de los servicios sanitarios. Se regulan sus funciones, las atribuciones de quienes formen parte de la misma y los objetivos. Cada profesional que voluntariamente forme parte de este sistema tendrá objetivos individuales e incentivos, lo que mejorará el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud.
Sobre la cuestión, el consejero de CastillayLeón, pese a mostrarse satisfecho ante este proyecto, advirtió en el CISNS de la necesidad de “limar algunas cuestiones con el fin de que no interceda en las competencias autonómicas”, pero es importante, a su juicio, “crear un marco a través de que se pueda unificar la gestión clínica de todas las autonomías”.
Enfermedades Raras
En relación a las enfermedades raras, se abordó el tema del Registro Estatal de Enfermedades Raras, que hará posible mantener un censo de pacientes para conocer la incidencia y prevalencia de cada enfermedad para poder orientar la planificación y gestión sanitaria.
Asimismo, se abordó la inclusión en la financiación pública los vendajes y apósitos empleados para el tratamiento de estos pacientes de una enfermedad rara conocida como “Piel de mariposa”, así como para todas las enfermedades dermatológicas raras para las que sea necesario el uso continuo de material de cura, ya que el tratamiento clínico de estas enfermedades consiste en colocar apósitos y antisépticos lo que, en muchas ocasiones, supone también un elevado coste para las familias. Y es que algunas de las lesiones pueden necesitar curas durante años. A partir de ahora, tendrán acceso a estos materiales de manera gratuita desde los centros de salud.
Por otra parte, se determinó la necesidad de crear centros de referencia para tratar 2 nuevas patologías, una de ellas, precisamente, la epidermólisis bullosa y, a la vez, hemos designado 11 Centros y Unidades de Referencia para varios trastornos, incluidos algunos poco frecuentes.
Atención integral sociosanitaria
Otro asunto abordado fue la presentación del Informe de situación del “Documento base para una atención integral sociosanitaria”, que significa la culminación de un proyecto que pretende sentar las bases de la integración social y sanitaria. Su interés se debe a que, de acuerdo con datos del INE, los mayores de 65 años en España alcanzarán el 37% de la población en 2052 y el aumento de la esperanza de vida aumenta la cronicidad y los cuadros que precisan atención sociosanitaria.
La estrategia se basa en cinco ejes: las situaciones personales que requieren asistencia integral, la cartera y el catálogo de servicios sanitarios, los requisitos que deben cumplir los dispositivos de atención, los instrumentos de coordinación y los sistemas de información. El documento ya contiene las alegaciones de las Comunidades Autónomas.
Seguridad del paciente
Asimismo, se actualizó la Estrategia de Seguridad del Paciente del SNS, aprobada en 2005, con el objetivo de promover y mejorar la cultura de la seguridad en las organizaciones sanitarias. Lo que se incorpora a este plan son los logros y fortalezas ya alcanzados (como el lavado de manos, uso seguro del medicamento o cirugía segura, entre otros), nuevos objetivos y recomendaciones y un sistema estandarizado consensuado con las comunidades para medir los resultados de la estrategia.
Además, por primera vez se establece un marco común y consensuado con las Comunidades Autónomas y las principales Sociedades Científicas para crear un sistema nacional de vigilancia de las Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria. Este tema, prioritario a nivel nacional e internacional, ha requerido de varios años de trabajo.
Sector farmacéutico
Se informó también del proyecto de Orden de Precios de Referencia, que asegura la sostenibilidad del gasto en farmacia, afectará a más de 14.000 presentaciones de medicamentos y generará un ahorro estimado de 91 millones de euros.
En materia farmacéutica, el consejero andaluz opinó que el Estado está planteando un borrador del nuevo Real Decreto de Precios y Financiación de Medicamentos y Productos Sanitarios que plantea una iniciativa que busca los mismos objetivos de eficiencia que la selección de medicamentos andaluza. Aquilino Alonso ha manifestado que así “la medida puesta en marcha en 2012 por Andalucía y la similar que ahora plantea el Ministerio garantizan la calidad, equidad y seguridad los medicamentos a los usuarios” con un ahorro anual de 150 millones de euros que se revierte en el sistema sanitario público.
Durante el consejo interterritorial se presentó además el primer informe anual de seguimiento del Plan nacional de resistencia a los antibióticos para información y apoyo del Consejo Interterritorial a las acciones desarrolladas en 2015 y las previstas para 2016. El plan cuenta con la representación de 6 Ministerios, las comunidades autónomas, sociedades científicas, organizaciones de colegios profesionales y universidades.
Por otro lado, se presentó el proyecto de Real Decreto de Gestión del Fondo de Garantía Asistencial (FOGA), que fue creado para compensar a las Comunidades Autónomas por la atención a las personas desplazadas de los servicios de salud e INGESA. Este proyecto incluye una tabla de costes estimados por procedimientos. Es de destacar que la norma permitirá que ahora se compensen los costes entre CCAA por atención primaria, farmacia y población limítrofe.
