El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) informó del inicio de los trámites para realizar cuanto antes la nueva convocatoria de subvenciones para ONG con cargo al 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, tras el reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo en este sentido. El contenido de la sentencia del TS permite a la Administració mantener el apoyo económico a programas que benefician cada año a más de 6 millones de personas
El departamento que dirige Alfonso Alonso se mostró satisfecho con la sentencia, ya que como se recordó las subvenciones del IRPF son el principal instrumento de vertebración social del país, ya que el reparto alcanza todos los puntos del territorio nacional y va a permitir la Administración General del Estado mantener el apoyo económico a programas que benefician cada año a más de 6 millones de personas.
Por tanto, una vez conocida la sentencia, desde la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad se han iniciado los trámites necesarios para que la convocatoria de ayudas pueda hacerse lo antes posible.
Según el MSSSI, este año se repartirán 231,29 millones de euros, unos 10 millones más que en 2015, para subvencionar programas de entidades del Tercer Sector que se ejecutarán, por lo general, en 2017. Es la cantidad que resulta del 0,7% del IRPF de los contribuyentes que marcan la casilla “Actividades de Interés general consideradas de Interés Social”.
A esta cantidad habrá que sumar, como novedad para esta convocatoria, las dos terceras partes del valor del caudal hereditario procedente de aquellas personas que no tienen herederos legítimos y que hereda la Administración General del Estado.
El año pasado se repartieron casi 221 millones de euros a 470 entidades sociales de toda España, cuantía que ha servido para impulsar 1.272 proyectos que se dividen en tres ejes de actuación: atención a las personas con necesidades de atención integral socio-sanitaria, atención a las personas con necesidades educativas o de inserción laboral y fomento de la seguridad ciudadana y prevención de la delincuencia.
Los programas a los que se les da prioridad son los dirigidos a la atención de las necesidades básicas de las personas en situación de pobreza, como programas de prevención y la lucha contra la exclusión social, y los de infancia y familia.
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