El Consejo de Ministros ha aprobado una transferencia de crédito por importe de 25,8 millones de euros al Ministerio de Ciencia e Innovación dirigida a la Estrategia Española de Medicina Personalizada, que incidirá en el presupuesto del Instituto de Salud Carlos III. Esta iniciativa se inscribe dentro del Plan de Choque para la Ciencia y la Innovación, aprobado por el Gobierno el pasado 14 de julio de 2020
La Estrategia Española de Medicina Personalizada tiene como objetivo la mejora de las capacidades del Sistema Nacional de Salud, y, por ende, la situación sanitaria de la población, así como contribuir a avanzar en la competitividad económica del país, empleando como vector el conocimiento científico y la innovación.
La estrategia se lanzará en el segundo semestre de 2020 y comprenderá entre los años 2020 y 2021 acciones concretadas en los siguientes planes: Plan Big-Data Salud; Plan de Medicina Genómica; Plan de Terapias Avanzadas y Personalizadas, Plan de Medicina Predictiva; Plan de Formación en Medicina de Precisión, y posicionamiento de España en el entorno europeo en el ámbito de Medicina Personalizada.
La financiación total de la Estrategia Española de Medicina Personalizada asciende 77,3 millones de euros, repartidos en dos años. En este ejercicio se prevé realizar una convocatoria de subvenciones dirigida al cumplimiento de los objetivos expuestos, constituyéndose al efecto una infraestructura científica distribuida en el conjunto del Estado que permita aprovechar y reforzar las capacidades existentes y ponerlas al servicio de los retos que plantea la medicina de precisión.
El Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros la nueva Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 2021-2027 que, según ha explicado el ministro del ramo, Pedro Duque, sienta las bases del futuro del sector, priorizando en la salud y la «reconstrucción» del país tras la pandemia del Covid19.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Duque ha indicado que este documento en su marco consensuado en reuniones con otros ministerios, las comunidades autónomas, agentes económicos, sociales e innovadores y las sociedades científicas, entre otros. Se trata de un trabajo que comenzó en «el inicio de 2019» y que ha sido replanteado como consecuencia de la crisis sanitaria.
«La pandemia nos ha hecho reflexionar en todas las áreas y muy intensamente», ha explicado el ministro, antes de indicar que la «nueva versión» de esta estrategia le da una mayor prioridad al área de salud y también a «lo que la ciencia y la innovación» puede ayudar a «la reconstrucción» del país tras esta pandemia y el impacto económico que este sector puede suponer en el futuro de España.
Entre las novedades que se recogen en este documento, en relación con la estrategia actual, está la creación de unos parámetros numéricos de valoración, que permitirá a la I+D+i española a «evaluarse a sí misma». Además, se han renombrado y modificado los «sectores estratégicos» con el objetivo de beneficiar la investigación y los campos en los que el país puede ser una «eminencia».
En este sentido, el Ministerio de Ciencia señala que uno de los principales objetivos de la Estrategia es fomentar la inversión privada en I+D para poder duplicar la suma de inversiones pública y privada en I+D+I, hasta alcanzar en 2027 el 2,12% del PIB (en 2018, último dato disponible, la inversión fue del 1,24% del PIB). En este punto, recuerda que el Gobierno aprobó el pasado mes de julio el Plan de Choque para la Ciencia y la Innovación, que contempla 1.000 millones de euros en inversión directa en 2020 y 2021.
La Estrategia está diseñada para una fase de expansión de recursos, con una orientación gradual que permita la consolidación de un Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de mayor tamaño y potencia a largo plazo. El objetivo es generar un tejido productivo, basado en las fortalezas actuales, más innovador y dinámico, lo que permitirá incrementar la competitividad y, con ello, la generación de empleo de calidad y procurar la sostenibilidad del sistema social a largo plazo, invirtiendo en la calidad de vida de las generaciones futuras.
Para ello, la Estrategia plantea la necesidad de un Pacto de Estado, equivalente a otros llevados a cabo por la comunidad europea e internacional, que dé estabilidad y se traduzca de manera inmediata en una acción contundente de inversión en ciencia e innovación.
FASES Y SECTORES
La Estrategia se ha planteado en dos fases. En una primera fase, de 2021-2023, los esfuerzos realizados estarán enfocados a garantizar las fortalezas del sistema, reforzando la programación actual, las infraestructuras y los recursos humanos que se beneficiarán del diseño de una carrera investigadora bien definida, que permita el necesario recambio generacional.
En esta fase será esencial apoyar, de forma clara y contundente la I+D+I en el ámbito sanitario, así como la inversión en transición ecológica y digitalización, partiendo de la ciencia de excelencia, mediante programas específicos, acciones estratégicas en los sectores prioritarios, y grandes proyectos tractores, que nos permitan afrontar los retos sociales, económicos, industriales y medioambientales, necesarios para alcanzar un bienestar sostenible y un crecimiento inclusivo en España.
La segunda fase, correspondiente al periodo 2024-2027, y previa evaluación de la primera fase, permitirá situar a la I+D+I entre los pilares fundamentales del Estado y consolidar su valor como herramienta para el desarrollo de una economía basada en el conocimiento.
Así la estrategia impulsa en el área de ‘Salud’ la investigación en enfermedades infeccionsas y terapias avanzadas; crea un área de ‘Cultura, creatividad y sociedad inclusiva’, para las ciencias; pondrá «énfasis» en la ciberseguridad dentro del área ‘Seguridad para la sociedad’, en la que también se incluye la investigación e innovación en el fenómeno de las migraciones; la Inteligencia Artificial se promoverá desde el sector de ‘Industria, espacio y defensa’; y se dará importancia a las áreas de ‘Clima, energía y movilidad’ y ‘Recursos naturales y medio ambiente’, por su implicación en el aprovechamiento de la transición ecológica que busca el Ejecutivo.
En su intervención, Duque también ha explicado otras prioridades que se aplicará su departamento dentro de esta Estrategia para 2021 y 2027, entre las que destacan un mayor esfuerzo de cooperación y colaboración entre Estado y autonomías, definir la carrera científica y mejorar la contratación de los investigadores en España, resolver los problemas de los profesionales a través del Estatuto del Personal Docente, o mejorar la transferencia de conocimiento de las empresas privadas, entre otros.
El ministro ha apuntado que algunas de estas medidas ya estaban previstas en el Plan de choque por el Covid19 anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el mes de julio.
Duque ha señalando que existe consenso «amplio» en la necesidad de aumentar la inversión en ciencia e innovación en el país, así como en la necesidad de «asegurar el futuro de las nuevas generaciones» y para estar preparados «para lo siguiente que venga». «Esta estrategia nos muestra el camino», ha indicado.
La Estrategia cambia su marco temporal de ocho a siete años para facilitar la articulación de la política nacional de I+D+I con las políticas de la Unión Europea, especialmente con el programa marco de investigación e innovación, Horizonte Europa (2021-2027). De esta manera se podrá aprovechar de mejor manera las sinergias entre ambos programas.
La Estrategia tendrá en consideración las recomendaciones del Consejo Europeo sobre el Programa de Estabilidad 2019 y 2020 de España, que coincide con la toma de medidas (en los años 2020 y 2021) para mejorar la eficacia de las políticas de apoyo a la I+D+I, centrar la política económica de inversión en el fomento de la innovación y de la transición ecológica y digital, así como, de forma general, impulsar la investigación y la innovación a través de sus instrumentos de planificación.
Además, en línea con Horizonte Europa, la Estrategia defiende la inclusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas entre las prioridades y objetivos de I+D+I, que serán clave en el direccionamiento estratégico de los planes y programas de financiación estatal y regional.
Gobierno aprueba el acuerdo marco de compra de material sanitario contra la Covid por 2.500 millones de euros
El Consejo de Ministros ha aprobado el Acuerdo Marco para la adquisición de material sanitario y equipos de protección individual destinados al Sistema Nacional de Salud (SNS) y otras instituciones del Estado, por un importe económico total de 2.578.739.505 euros para casi 3.700 millones de unidades de producto.
La licitación del Acuerdo Marco se publicó en la Plataforma de Contratación del Estado el 4 de agosto, y esta medida se enmarca en el conjunto de actuaciones que el Ministerio de Sanidad está desarrollando para el abordaje de la crisis de la COVID-19.
El objetivo es agilizar el acceso a los suministros a través de una compra centralizada que evitará que las Comunidades Autónomas – excepto la Comunidad Valenciana que no se ha sumado al acuerdo-, las áreas sanitarias de Ceuta y Melilla, el INGESA y los ministerios de Defensa e Interior, tengan que iniciar procesos de licitación cada vez que precisen un suministro.
Así, la finalidad del acuerdo es la selección de suministradores y productos para hacer frente al COVID-19, y la fijación de las condiciones a las que deberán ajustarse los suministros basados en el acuerdo marco. Los productos engloban batas, guantes, gafas, mascarillas, tests moleculares COVID-19 y kits de extracción.
El importe económico total de la adquisición es de 2.578.739.505 euros (IVA y prórroga incluidos) para casi 3.700 millones de unidades de producto. En cuanto al número de empresas presentadas en plazo han sido 155, que suman un total de 475 ofertas a los once lotes.
«Esta tramitación es la única opción posible para conseguir en un corto espacio de tiempo disponer, por parte del Servicio Nacional de Salud, del material necesario para hacer frente a cualquier eventualidad que pudiera producirse en los próximos meses en relación con la COVID-19», señala el Gobierno.
En estos momentos, el INGESA está analizando toda la documentación administrativa y técnica recibida con la colaboración de expertos de las comunidades autónomas, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios y el Instituto de Salud Carlos III.
Una vez resuelta la licitación, para lo que se está trabajando según los plazos fijados, los servicios de salud de las comunidades autónomas podrán realizar contratos basados en este acuerdo marco en función de sus necesidades específicas, sin tener que realizar ninguna licitación suplementaria.
El procedimiento de emergencia está recogido en los artículos 16 del Real Decreto-Ley 7/2020, de 12 de marzo y en el 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Relacionados
