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El Gobierno estima que costará unos 18 millones de euros anuales la sanidad pública para extranjeros reagrupados

El Gobierno estima que garantizar la atención sanitaria pública a los extranjeros reagrupados costará a las arcas públicas unos 18 144 785 euros al año, según consta en la Memoria del análisis de impacto normativo de la Ley de Equidad, Cohesión y Universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS)

«Esta ley no va a tener impacto directo negativo ni sobre el empleo, ni sobre la productividad o la innovación. No se prevé un impacto en la economía general. Sí se prevé un impacto positivo en la economía de las personas que se vean exentas de la aportación ortoprotésica. Asimismo, se prevé un impacto positivo para aquellas personas con nacionalidad española de origen residente en el exterior desplazada temporalmente al territorio español, así como los familiares que le acompañen, dado que aquellas que actualmente estuvieran pagando un seguro médico para acceder a la asistencia sanitaria en nuestro país, dejarán de abonarlo. Del mismo modo, será positivo para las personas ascendientes reagrupadas por su hijo o hija titular del derecho a la asistencia sanitaria que estén a su cargo», resume el Ejecutivo.

 
El informe estima el gasto total de la puesta en marcha de la Ley en torno a 19 894 328,08/ 92 473 468,08 euros el primer año, y 19 894 328,08 euros los años siguientes. Esta diferencia de presupuesto se basa en cómo se calcule el impacto de los extranjeros reagrupados.
 
Teniendo en cuenta que se trata de 5 000 personas al año, según los datos de la Subdirección General de Análisis Migratorio del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Gobierno detalla que el impacto sería de 18 144 785 euros/año. En este caso se incluiría cómo podrían afectar las sentencias que se han ido estimando a los demandantes que reclaman el derecho a la asistencia sanitaria por reagrupación familiar.
 
Sin embargo, considerando que las 25 035 solicitudes aceptadas desde el año 2016 al 2020 pertenecen a personas que no tienen reconocido el derecho en el sistema sanitario público y sin considerar ninguna de las sentencias que se han ido estimando a favor de los demandantes, el Gobierno cree que el impacto el primer año en vigor de la Ley sería de 90 723 925 euros y 18 144 785 euros/año los años siguientes.
 
En cuanto a la eliminación del copago otroprotésico, creen que su presupuesto asciende a 1 749 543,08 euros al año, al fijar el número de personas susceptible de tener una prescripción de un producto ortoprotésico en torno a 66 107.
 
La Ley también amplía el número de españoles beneficiarios de este derecho, en concreto, a los españoles de origen que residen en el extranjero, pero no trabajan, en sus desplazamientos temporales a nuestro país.
 
Por ello, el Gobierno considera que «es un volumen de población muy escaso y durante periodos temporales limitados: «Se considera que en este caso el impacto es inapreciable dado que hay que tener en cuenta que los españoles que emigran a otros países lo hacen principalmente por razones de trabajo, por lo que su número siempre será superior a los que residen en otros países y no trabajan».
 
«Además, el reconocimiento de este derecho no conlleva necesariamente que vayan a precisar de una asistencia sanitaria en nuestro país, ya que se trata de estancias temporales que coinciden habitualmente con sus periodos de vacaciones en España», recuerda el Gobierno.
 
Así pues, para calcular el impacto económico que podría tener en una persona, se debe estimar lo que cuesta un seguro de enfermedad anual, para lo que se ha realizado una búsqueda considerando como persona susceptible del mismo a una persona de 71 años (se considera esta edad como un máximo a los efectos de hacer el cálculo del impacto económico).
 
«Los precios disponibles en distintas aseguradoras, sin copago, oscilan entre 185,9-233,5 euros/mes, lo que supone un impacto de 2230,8 / 2802 euros/año/persona que se evitaría al estar cubierto con fondos públicos. Al ser personas desplazadas se podría estimar lo equivalente a un mes», explica el Ejecutivo.
 
De tal forma, creen que el impacto en cada una de las personas que se beneficien de esta medida es de «124,5 euros, correspondiendo dicha cantidad a un mes del gasto real sanitario público por habitante protegido».
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