El Consejo de Ministros ha acordado destinar 13 millones de euros a las comunidades autónomas (CCAA) para la mejora de las redes de vigilancia ante emergencias sanitarias
«La manera en que hemos reaccionado a la pandemia en nuestro país ha puesto en evidencia aquellos ámbitos en los que era mejorable nuestro sistema público de salud, como este aspecto», ha resaltado en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez.
Según la responsable del Gobierno, este acuerdo tiene como fin «la modernización de la sanidad en nuestro país», en concreto, en relación a «mejorar sus sistemas de información».
Asimismo, Isabel Rodríguez, ha descartado la posibilidad de retirar el uso obligatorio de las mascarillas en exteriores en un corto período de tiempo, a pesar del buen avance de la pandemia de COVID-19.
«Es muy importante insistir en que, a pesar de la euforia que todos tenemos por los buenos datos sanitarios, el Gobierno sigue haciendo una llamada de atención en mantener algunas medidas que han resultado positivas para el control de la pandemia en España», ha destacado la portavoz en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este lunes.
Rodríguez ha defendido que España cuenta ya con una «normativa flexible» que «permite ir con mascarilla en lugares abiertos donde se pueda mantener la distancia».
«En una actitud de prevención, y a la vista de que este virus no ha dejado de sorprendernos, conviene que mantengamos aún en el tiempo esta medida de seguridad que nos protege a todos. Conviene que no vayamos a lastrar ahora por exceso de confianza el buen momento en la recuperación», ha esgrimido.
En consecuencia, Rodríguez también se ha mostrado contraria a eliminar la obligatoriedad de uso de las mascarillas en espacios interiores. «Sobre todo en interiores vamos a mantenerla en el tiempo», ha concluido.
Además, el Consejo de Ministros ha aprobado un suplemento de crédito en el presupuesto de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) por importe de 25.000.000 euros, para atender los gastos relativos a incapacidad temporal hasta la finalización del ejercicio.
Dichos gastos se han producido, entre otras razones, por las bajas de enfermedades asociadas a la COVID-19 o las intervenciones que no se realizaron en el año 2020 y se están realizando en el año 2021, según ha explicado el Ejecutivo.
Además, también se debe al envejecimiento del colectivo protegido, así como por las inspecciones médicas debido al alto volumen de expedientes consecuencia de la pandemia.
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