Madrid, 29 de abril 2013 (medicosypacientes.com)
El Gobierno anunció en el último Consejo de Ministros la aprobación, en el transcurso de este semestre, del anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales, que fija un marco general regulador del acceso y ejercicio de las actividades profesionales.
Por un lado, tal como ha informado La Moncloa, «se establecen las condiciones comunes u horizontales a respetar por toda la regulación que incida en el acceso o ejercicio de las distintas profesiones. Por otro lado, las restricciones basadas en una cualificación profesional para el acceso a una actividad sólo podrán exigirse por ley, siempre y cuando sea necesario por motivos de interés general, lo que limitará las reservas de actividad».
Según se ha indicado, la Ley incorpora la normativa sobre Colegios Profesionales, que se modifica para reforzar el modelo de coexistencia de colegios de pertenencia obligatoria y voluntaria, y clarificar sus normas de funcionamiento, adaptándolas a la realidad actual.
Además, según se explica, en base a los principios de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, el acceso a una actividad profesional habilitará para su ejercicio en todo el territorio español, sin que puedan exigirse requisitos adicionales de cualificación a los del territorio donde se hubiera accedido a la profesión. Por otra parte, señala que la Administración deberá elaborar y mantener accesible telemáticamente una lista con todas las profesiones reguladas en el país, los requisitos de acceso, y el coste de colegiación, entre otros aspectos.
Cinco medidas para la mejora
del sistema sanitario
La propuesta se incluye dentro el Plan Nacional de Reformas que también contempla cinco medidas para la mejora del sistema sanitario como son: la culminación de la definición de la nueva cartera de servicios; la implantación de la historia clínica digital; el establecimiento de una nueva orden de precios de referencia; la extensión de la plataforma de compras centralizadas; y el desarrollo de un modelo de atención sociosanitario.
Se trata de un documento que engloba la estrategia de política económica del Gobierno, dentro de los compromisos europeos, y que remitirá a la Comisión Europea. En él se incorpora las iniciativas que considera necesarias para poder salir de la recesión, contenidas en ocho ejes del plan de reformas, dentro de las que se incluye el apartado dirigido a medidas sanitarias, dentro del bloque sobre «garantías de los servicios y prestaciones públicas».
En lo que respecta a estas acciones relativas a la mejora del sistema sanitario, de acuerdo con el cronograma trazado por el Gobierno, se prevé para el cuarto trimestre culminar la definición de la nueva cartera de servicios, bajo criterios de calidad, eficacia y eficiencia; y el despliegue e implantación de la historia clínica digital de manera generalizada en todo el Sistema Nacional de Salud, así como de la receta electrónica.
Asimismo, en este período está previsto el desarrollo de un modelo de atención sociosanitaria, que integre servicios y garantice la continuidad asistencial, ofrezca una atención integral al paciente y coordine de modo permanente y sistemático los servicios sanitarios y sociales.
Con mayor inmediatez, para el segundo trimestre del año, se contempla la Implantación de la nueva Orden de Precios de Referencia, en línea con otros países de la Unión Europea, y puesta en marcha de los nuevos envases de medicamentos adecuados a la duración del tratamiento.
También se incluye en este período la extensión de la Plataforma de Compras centralizadas para adquirir de forma conjunta, además de vacunas, los productos sanitarios y medicamentos de mayor utilización.
Modificación de la Ley del Medicamento
Otra de las medidas anunciadas en el último Consejo de Ministros es la reforma de la Ley 29/2006 de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, en vigor desde hace seis años. El objetivo del Gobierno ahora es incrementar las garantías de calidad de los medicamentos, y mejorar la transparencia y comunicación en las decisiones que tienen relación con la seguridad de los medicamentos.
Las claves de la reforma normativa, cuyo proyecto de Ley comenzará a tramitarse en breve, engloban una farmacovigilancia proactiva frente a la reactiva, consistente en detectar los problemas de seguridad provocados por los medicamentos, con el fin de anticiparse a estos problemas y así evitarlos.
La norma pretende impedir, además, que los medicamentos falsificados puedan entrar en la cadena de suministro legal. En este sentido, se pretende: reforzar las garantías de seguridad en el suministro de medicamentos mediante la puesta en marcha de nuevas «buenas prácticas de distribución»; un mayor control de todos los agentes que participan en la cadena de distribución de medicamentos y sus principios activos; y mayores garantías de calidad cuando el origen del medicamento o de sus principios activos sea un país no perteneciente a la Unión Europea que conlleva, según el Gobierno, nuevas obligaciones en las actividades de inspección, y el aumento de inspecciones a fabricantes de principios activos ubicados en terceros países.
Por otra parte, en materia de sanciones, se prohíbe la venta a domicilio y cualquier tipo de venta indirecta al público de productos sanitarios, así como su publicidad, cuando las Administraciones sanitarias lo consideren procedente por razones de salud pública o seguridad de las personas. Asimismo, por motivos de salud y seguridad, se extiende a los productos sanitarios, los cosméticos y los productos de cuidado personal, las distintas previsiones que la Ley ya recoge para los medicamentos, con el fin de aportar garantías de defensa de la salud pública y las correspondientes medidas cautelares.
Se adjunta documento Plan de Reformas
