"Indignación y decepción" ha sido la tónica dominante del clima vivido en el seno del Foro de la Profesión Médica a lo largo de 2015 al comprobar que, transcurridos dos años y medio de la firma del Acuerdo Marco entre la profesión médica y el Ministerio de Sanidad delante del presidente del Gobierno en Moncloa, quedaran sin cumplir la mayor parte de los puntos contenidos en los mismos. Por su parte, el Foro de Médicos de Atención Primaria también mostró, reiteradamente, su decepción con los políticos, centrando parte de sus reivindicaciones en la retirada del reciente Real Decreto de bajas laborales
La situación llegó a su máximo punto de tensión el pasado mes de octubre cuando el FPME anunció su ruptura con el Ministerio de Sanidad y programó una jornada de protesta el pasado 20 de octubre protagonizada por centenares de médicos que se concentraron ante el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en protesta por el incumplimiento de dichos acuerdos.
“No se ha cumplido en un 80 por ciento lo que se acordó”, manifestó el secretario general de la CESM, Dr. Francisco Miralles, quien recordó que en dicho acuerdo incluían una serie de medidas para seguir garantizando la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).
El presidente y secretario general de la CESM, doctores Albert Tomás y Francisco Miralles, acompañados por el presidente de la Organización Médica Colegial, Dr. Juan José Rodríguez Sendin, hicieron entrega en dicha concentración ante el MSSSI de una carta al ministro Alfonso Alonso en la que se recogían los incumplimientos del acuerdo.
Los integrantes del FPME recordaron que estos acuerdos surgieron para intentar encontrar y establecer bases de entendimiento entre todas las partes tras más de tres años de recortes, así como por el desacuerdo con el RD de abril de 2012 que “desfiguró” el modelo del SNS y los principios que lo sustentaban, convirtiendo el derecho a la asistencia universal en concesión e introduciendo un modelo de aseguramiento que, antes o después, permite discriminaciones en la asistencia sanitaria como ocurre con los inmigrantes en situación irregular.
De los acuerdos con el Gobierno que recogían la necesidad de un Pacto de Estado por la sanidad; un modelo de sanidad con gestión pública, gratuita, universal, equitativa y de calidad; una financiación estable y suficiente de acuerdo con los principios de cohesión territorial, igualdad y equidad en el acceso a las prestaciones; mayor protagonismo del médico en la gestión; garantizar las condiciones básicas de los profesionales dentro del SNS; mejorar la situación del empleo médico y recuperar las pérdidas salariales producidas desde 2010, el Foro de la Profesión Médica aseguró que nada se ha avanzado en estos puntos e, incluso, en algunos se ha retrocedido.
En su exposición de los motivos de la ruptura con el MSSSI, el FPME denunció que no se ha avanzado en un Pacto de Estado; que lejos de mejorarse la sostenibilidad económica del sistema público, lo que se ha hecho es ir rebajando progresivamente el porcentaje de PIB dedicado a Sanidad y tampoco se ha llevado a cabo una financiación sanitaria finalista para las CCAA; no se ha hecho nada para implicar a los profesionales en la gestión de los centros, ni se ha puedo fin a la sangría de profesionales; tampoco se ha reducido la precariedad laboral ni se han paliado las pérdidas retributivas del más del 25% desde 2010.
Así le fue explicado, también, al propio presidente del Gobierno en una carta que le fue remitida el pasado mes de julio por el FPME en el que se le instaba, además, a una reorientación la política que está siguiendo el Ministerio de Sanidad, fundamentalmente, con los médicos.
A estas demandas se sumaron otras como el baremo de daños sanitarios, que se encuentra paralizado, lo que ha causado “estupor” a este órgano. Como argumentaron, al respecto, “se trata de un instrumento necesario para la determinación de indemnizaciones por daños derivados de actividades en el ámbito sanitario y, de esa forma, poder disponer de una herramienta para contribuir a una mayor seguridad jurídica, transparencia, agilidad en el cobro de indemnizaciones y reducción de litigios”.
Otra de las preocupaciones puestas de manifiesto por profesión médica a lo largo de este año viene provocada por los recortes del Producto Interior Bruto (PIB) en el ámbito sanitario anunciado por el Gobierno en su programa de actualización para el período 2014-2017 donde se tiene previsto reducir el gasto público en salud del 6.7 al 5.3%, es decir un 1.4% de su PIB.
En otro orden de cosas se dio luz verde a la constitución del Foro Profesional, a partir del pasado mes de marzo. Se trata de un nuevo órgano colegiado de participación de las profesiones sanitarias tituladas, dependiente del MSSI, con el objetivo de contribuir a la mejora de la calidad asistencial y de las condiciones del ejercicio de estas profesiones.
Entre sus competencias se encuentra el apoyo a la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud en los ámbitos de desarrollo profesional, la elaboración de un informe anual sobre el estado de las profesiones sanitarias y la elaboración de propuestas de carácter general dirigidas al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Una de las primeras acciones del Grupo Médico de este Foro fue instar a la retirada del proyecto de R.D. de Gestión Clínica y decidido rescindir su apoyo al mismo tras comprobar que ninguna de sus alegaciones ha sido incorporada al nuevo texto normativo.
Entre las últimas actuaciones del FPME llevadas a cabo en este año cabe destacar la campaña VotaportuSalud puesta en marcha en el mes de diciembre, previo a las Elecciones Generales fruto del cual fueron 15 propuestas consensuadas con la ciudadanía con los ejes principales de las actuales demandas de todos los médicos y sanitarios, y que están contemplados, además, en los Acuerdos firmados en julio de 2013 con el Gobierno” (www.votaportusalud.es)
La sanidad universal, pública y gratuita, y poner fin a los recortes y a la precariedad que sufre una parte de nuestros compañeros son algunos de los puntos en los que se incide, además del Pacto por la Sanidad junto con gasto sanitario público, independencia profesional, cuidados paliativos, modelo de financiación y educación en salud.
El Foro de Médicos de A.P., decepcionado con los políticos
Por su parte, el Foro de Médicos de Atención Primaria lamentó que su “Decálogo de Objetivos 2015 enfocado a las mejoras necesarias en el primer nivel asistencial presentado durante la celebración del “Día de la A.P.”, el pasado mes de abril, finalmente no haya tenido la trascendencia esperada entre los Grupos Políticos.
En dicho Decálogo se pedía situar a la A.P. como eje del sistema, liderar la gestión de procesos del enfermo crónico, la toma de decisiones relacionadas con la organización y gestión de los recursos sanitarios, el acceso al catálogo completo de pruebas complementarias, y un entorno profesional y laboral atractivo: estabilidad, incentivación basada en criterios profesionales, reconocimiento de la penosidad
Asimismo, pidieron modificar el R.D. 625/2014 por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y los procesos de la Incapacidad Temporal que permita un diseño basado en criterios clínicos. A ello se sumaron la petición de un incremento del presupuesto de un 16 por ciento en un año que se ampliaría en un 20 por ciento a lo largo de cuatro años.
El Foro de Médicos de A.P. también se sumó a las demandas que la profesión médica hace a Sanidad en relación a las Unidades de Gestión Clínica, así como los incentivos en relación a esta actividad, aspectos que a juicio del conjunto de la profesión “no están siendo contemplados conforme a los acuerdos firmados en Moncloa entre la profesión médica y la Administración en julio de 2013”. Asimismo, se insiste en que las UGC no se contemplen como una herramienta para reducir costes, sino como una herramienta de eficiencia.
La precariedad laboral ha sido otro de los aspectos sobre los que también se ha pronunciado el Foro de A.P., centrándose el debate en aspectos relativos a la tasa de reposición relativa a las sustituciones y limitada, desde 2012, hasta el 10 % por el Gobierno, cuando la profesión lo que demanda es que ésta se incremente hasta alcanzar el 50% y evitar así la situación límite que se vive en muchas consultas, afectadas por la falta de sustituciones entre los profesionales.
