La Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa aprobó, recientemente, una resolución al objeto de salvaguardar el interés público contra los intereses de la industria farmacéutica. Bajo el título “La salud pública y los intereses de la industria farmacéutica: cómo garantizar la primacía de los intereses de la salud pública” dicho organismo europeo insta a los Estados miembros a aplicar la legislación vigente para limitar el aumento de precios y los conflictos de interés en el sector farmacéutico
Madrid, 5 de octubre 2015 (medicosypacientes.com)
La Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) aprobó, recientemente, una resolución al objeto de salvaguardar el interés público contra los intereses de la industria farmacéutica. Bajo el título “La salud pública y los intereses de la industria farmacéutica: cómo garantizar la primacía de los intereses de la salud pública” dicho organismo europeo insta a los Estados miembros a aplicar la legislación vigente para limitar el aumento de precios y los conflictos de interés en el sector farmacéutico.
El Consejo de Europa reconoce que la industria farmacéutica es uno de los principales actores en el campo de la salud, debido a su importante papel en la investigación y desarrollo de nuevos medicamentos. Sin embargo, en los últimos años, “sólo unos pocos medicamentos con un beneficio terapéutico real han aparecido en el mercado, algunos de los cuales se venden a precios prohibitivos. En términos de salud pública, esto está lejos de ser óptimo”, como indica en su informe.
Por lo tanto, según dicho organismo europeo, se deben tomar medidas con el fin de orientar el sistema a las necesidades de salud pública, en particular se requiere “la adopción de políticas de autorización de comercialización más estrictos, asegurando una total transparencia en relación con los costes reales de la investigación y el desarrollo y, en caso necesario, recurriendo a la concesión de licencias obligatorias”.
Asimiso, considera que las interacciones de la industria con las partes interesadas del sector de la salud también deberían estar mejor reguladas, “ya que pueden dar lugar a conflictos de intereses y decisiones sesgadas”.
A pesar del progreso considerable en este ámbito, tanto por los reguladores y la industria misma, el PACE opina que queda mucho por hacer. En particular, apunta a que los Estados miembros se planteen introducir “un impuesto obligatorio sobre las actividades de promoción de la industria farmacéutica, asegurar la transparencia absoluta en cuanto a los intereses vinculados de expertos que trabajan con las autoridades sanitarias, y comprobar que las personas con un conflicto de intereses quedan excluidas de decisiones sensibles procesos de toma”.
Durante mucho tiempo, recuerda, “se han planteado cuestiones acerca de los posibles efectos negativos de la interacción entre la industria farmacéutica y las partes interesadas del sector salud. Esta interacción también puede dar lugar a conflictos de intereses, tener una influencia en el conocimiento y el comportamiento de los actores involucrados y dar lugar a decisiones sesgadas. En su Resolución 1749 (2010) “El manejo de la pandemia H1N1: más transparencia necesaria”, la Asamblea Parlamentaria había expresado su preocupación por el riesgo de conflictos de interés entre los expertos que participan en las decisiones relacionadas con la salud sensibles”.
“A pesar de los considerables progresos realizados en la prevención y el tratamiento de los conflictos de intereses, esto es aún hoy una cuestión pendiente. Por medio de una política de autorregulación, la industria farmacéutica está adoptando un enfoque mucho más ético y la legislación establece normas en este ámbito. Sin embargo, la autorregulación no es vinculante y la aplicación de la legislación deja mucho que desear”.
“Investigación y desarrollo de nuevas moléculas terapéuticas es un proceso largo y costoso. A cambio de esta inversión, las compañías farmacéuticas se benefician de un derecho de propiedad intelectual sobre las moléculas que desarrollan, protegido por una patente. Este modelo de innovación ha llevado al descubrimiento de miles de medicamentos. Sin embargo, cada vez hay más voces argumentando que este no es el enfoque óptimo en materia de salud pública”.
En los últimos años, a pesar del aumento en el número de nuevos medicamentos introducidos en el mercado, considea en su resolución que “ha habido muy pocos que presentan un beneficio terapéutico real, satisfaciendo las necesidades de salud reales. Además, hemos visto un aumento en el precio de los fármacos, supuestamente justificada por el costo de la investigación y el desarrollo, que, sin embargo, sigue siendo opaco y ampliamente discutido”.
“El precio exorbitante de tratamientos contra el cáncer y la hepatitis C -prosigue- genera una particular preocupación. Los sistemas de salud públicos se enfrentan a aumentos de los costos constantes en esta área, poniendo en peligro su capacidad para cumplir con su función”.
A la luz de estas consideraciones, la Asamblea dirigió al Consejo de los Estados miembros de Europa una serie de propuestas. Con respecto a la interacción entre la industria farmacéutica y los actores del sector de la salud, recomienda:
-Incorporar en el plan de estudios para los profesionales de la salud específicos, capacitación obligatoria para fomentar la conciencia de la influencia de la promoción farmacéutica y cómo responder;
-Introducir un impuesto obligatorio sobre las actividades de promoción de la industria farmacéutica y utilizarla, entre otras cosas, para financiar un fondo público que se utilizará para la formación independiente de profesionales de la salud;
-Establecer la obligación de que las compañías farmacéuticas para declarar sus intereses vinculados con todos los actores del sector de la salud, para hacer estas declaraciones accesibles al público, y establecer una autoridad independiente responsable de supervisar este asunto;
-Garantizar la transparencia absoluta en cuanto a los intereses vinculados de expertos que trabajan con las autoridades de salud y asegúrese de que las personas con un conflicto de intereses quedan excluidas de los procesos de toma de decisiones sensibles;
-Garantizar que las decisiones relacionadas con la salud, incluidas las decisiones sobre criterios para la definición de las enfermedades y los umbrales de tratamiento, se toman sobre la base de consideraciones de salud individual y pública y no son con fines de lucro;
-Introducir regulaciones estrictas que rigen el movimiento de una posición en el sector público a uno en el sector privado (y viceversa), entre las autoridades sanitarias y la industria farmacéutica;
-Incrementar la financiación de las asociaciones de pacientes de los fondos públicos con el fin de evitar la excesiva dependencia de la financiación privada.
Con respecto a la investigación y desarrollo de nuevas moléculas terapéuticas, sugiere:
-Obligar a las empresas farmacéuticas para garantizar la transparencia absoluta en cuanto a los costos reales de la investigación y el desarrollo, en particular en relación con la parte de la investigación pública;
-Adoptar una política de autorización de comercialización más estrictas, por: La introducción de criterios como el valor terapéutico añadido (en relación a los tratamientos existentes), o una “cláusula de necesidad”, lo que implica que un fármaco también debe evaluarse en relación con la necesidad médica; Por lo que es obligatoria la publicación de los resultados de todos los ensayos clínicos relacionados con el medicamento para el que se solicita la autorización; y En su caso, teniendo en cuenta la restricción de reembolso por parte del sistema de seguridad social para sólo aquellos medicamentos que satisfagan tales criterios y requisitos;
-Asegurar que los medicamentos cuya eficacia se ha establecido permanecen en el mercado recurriendo, en su caso, a las licencias obligatorias a cambio del pago de regalías;
-crear un fondo público para financiar la investigación independiente orientada a las necesidades insatisfechas de salud, incluso en el ámbito de las enfermedades raras y pediátricos.
Por otra parte, la PACE insta a los Estados miembros a prohibir a cualquier acuerdo entre las empresas farmacéuticas que tiene como objetivo retrasar, sin justificación médica, la comercialización de medicamentos genéricos.
Insta, además, a imponer sanciones disuasorias de las prácticas ilegales llevadas a cabo por las empresas farmacéuticas, en su caso mediante la imposición de multas de un determinado porcentaje de su facturación.
Con el fin de garantizar la viabilidad de los sistemas de salud y la accesibilidad de los medicamentos asequibles e innovadores en el largo plazo, la Asamblea pidió a la Organización Mundial de la Salud proponer alternativas al modelo actual de la innovación farmacéutica basada en patentes.
Por último, la PACE invitó a la industria farmacéutica, incluidas las empresas y asociaciones, a que intensifique sus esfuerzos para aumentar la transparencia y cooperar más estrechamente con las autoridades públicas en el sector de la salud.
Se adjunta resolución en PDF.
