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El Congreso avala el RDL de universalidad del SNS y aprueba su tramitación por el procedimiento de urgencia

El Pleno del Congreso aprobó ayer jueves el Real Decreto Ley 7/2018 sobre acceso universal al Sistema Nacional de Salud (SNS), publicado en el BOE el pasado 27 de julio, por el que se establece que todas las personas que residen en España, con independencia de su situación administrativa, puedan ser atendidas en el sistema sanitario. Por decisión de la Cámara Baja será tramitado, mediante el procedimiento de urgencia, como ley lo que permitirá introducir enmiendas

La convalidación de la norma contó con 177 votos a favor, 133 en contra y 31 abstenciones, mientras la propuesta de tramitarla por la vía de urgencia como un proyecto de ley fue respaldada con 336 votos, ninguno en contra y sólo una abstención.

 
La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, fue la encargada de defender la nueva normativa que, como explicó, garantiza que todas las personas que se encuentran en España sean atendidas en igualdad de condiciones por nuestro sistema público de salud. 
 
“Es una norma que dignifica la acción política y que tengo el orgullo de traer a esta cámara en nombre del Gobierno de España”, aseguró Montón desde la tribuna de oradores. “Un gobierno que tiene como vocación mejorar la vida de las personas, eliminando desigualdades a través de la garantía de sus derechos, la solidaridad y la cohesión social. Y para ello necesitamos recuperar la universalidad del acceso al SNS”. 
 
La norma representa un cambio de modelo en la atención sanitaria. La titularidad del derecho a la asistencia en el Sistema Nacional de Salud se basa en la condición de ciudadanía y su reconocimiento se desliga, por tanto, de la condición de asegurado o de beneficiario. De este modo, el acceso a la sanidad pública, en condiciones de equidad y de universalidad, es un derecho básico de toda persona. “Para el anterior Gobierno era urgente reducir y recortar derechos, para el Gobierno actual es recuperarlos”, según señaló Montón.
 
Ante el pleno del Congreso de los Diputados, la ministra destacó que la ley aporta “coordinación, armonización y seguridad jurídica” a las personas que se habían quedado fuera del sistema por el Real Decreto Ley 16/2012 aprobado por el Partido Popular, pero también a los profesionales sanitarios y a las Comunidades Autónomas, “que habían intentado dar una solución a la exclusión asumiendo la prestación de manera desigual”.
 
«El Real Decreto Ley 7/2018 -añadió- es el resultado de un proceso de diálogo con Comunidades Autónomas, sociedades científicas y sociedad civil. La norma responde a las demandas planteadas por los agentes implicados y a las de organismos internacionales como la Comisión Europea, el Consejo de Europa o la Organización Mundial de la Salud.
 
Con la recuperación del carácter universal, indicó Montón, «el gobierno alcanza la meta marcada por el ministro Ernest Lluch que en 1986 aprobó la Ley General de Sanidad y sentó las bases de uno de los pilares del Estado de Bienestar en nuestro país. “Con ese mismo espíritu defendemos el derecho fundamental a la salud de todas las personas, sin exclusiones. La salud no entiende de fronteras, ni de carnets de identidad, ni de permisos de trabajo o de residencia”.
 
La norma, por tanto, reconoce que todas las personas que se encuentran en España tienen derecho a la protección a la salud en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española. Incluidos los colectivos no registrados ni autorizados como residentes en nuestro país. En todo caso, la asistencia no correrá a cargo de fondos públicos siempre que no exista un tercero obligado al pago o no se pueda exportar el derecho a cobertura desde su país de origen.
 
La ministra trasladó al pleno de la Cámara algunas de las aportaciones a la norma introducidas por los agentes implicados como es la asistencia gratuita en el periodo entre la entrega del documento provisional y la emisión de la tarjeta sanitaria. También, que la declaración de no existir terceros obligados al pago sea una declaración responsable en lugar de una declaración jurada.
 
“Una sociedad justa no deja a nadie atrás”, destacó la ministra, que apeló a elegir entre “la universalidad o la exclusión: esto diferencia la manera de hacer política y la visión que se tiene de la sociedad”, según sus palabras
 
Carmen Montón concluyó su intervención dando públicamente las gracias “a todas las personas que en estos seis años han luchado contra la exclusión sanitaria, a profesionales, entidades y organizaciones sociales”. 
 
 
 
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