El 52% de las víctimas de las agresiones a personal sanitario son mujeres y, más concretamente, con edades comprendidas entre los 35 y los 46 años, de forma que "no hay mucha diferencia con los hombres", según destacó el inspector Manuel Buitrago, responsable de la Unidad de Seguridad Privada de la Policía Nacional de Murcia e Interlocutor Policial Territorial Sanitario (IPTS)
Buitrago hizo estas declaraciones a los medios de comunicación en un contacto informativo poco antes de mantener una charla coloquio con los responsables de las áreas del Servicio Murciano de Salud (SMS) con el fin de darles a conocer la figura del Interlocutor policial, cuál es su función y unas pautas de actuación.
A la charla acudió la técnico responsable del Programa de Agresiones del SMS, Mari Paz Rodríguez, quien corroboró que las mujeres «sufren más agresiones» pero insta a tener en cuenta que el 70% de la plantilla del Servicio es femenina, por lo que la incidencia es «muy equilibrada» con los hombres.
En este sentido, Rodríguez señaló que los colectivos más sensibles a este tipo de agresiones son aquellos que tienen más trato y contacto con el público que, tradicionalmente, es el personal de los centros de atención primaria, de los servicios de urgencia y del servicio a domicilio, «cuando no se lo esperan».
Al ser preguntado por un posible perfil del agresor, reconoció que hay estadísticas pero no un perfil definido. No obstante, advirtió que se puede ver incluida «cualquier persona que en un momento dado sufra un incidente de frustración» y eso se convierte en ira que paga con el médico.
La técnico, que señaló que las agresiones no son lo «habitual» en el trato con el personal sanitario, aunque ha reconocido que hay «muchas». Así, ha precisado que el SMS cuenta con un plan de prevención de las agresiones y cada equipo «sabe cómo actuar», aunque ha reconocido que «hay veces que te la llevas aunque actúes como tienes que actuar».
Labor del interlocutor policial
A este respecto, el Interlocutor policial explicó en sus charlas al personal sanitario que existen unas pautas de «contención físicas» cuando la agresión se va a producir y que son «de sentido común». Asimismo, manifestó que existen otras pautas de contención verbal, para intentar calmar a las personas y reducir su estado de ansiedad con el fin de que «no llegue a generar un episodio de ira».
Buitrago señaló que la figura del Interlocutor Policial se creó a finales de 2017 y se puso en marcha con una serie de pautas que ya se empezó a desarrollar. Después de un primer contacto con los centros sanitarios, este jueves se desarrollaron unas jornadas formativas para dar a conocer a los responsables gerentes de las distintas áreas de salud cuál es su función.
En este sentido, Buitrago señaló que el Interlocutor es el mediador entre la Policía Nacional y los servicios sanitarios. Su labor es asesorar al personal sanitario sobre medidas de seguridad que tienen que adoptar en los distintos centros, vigilantes, cámaras o de botones antipánico.
Igualmente, el Interlocutor se encarga de hacer una evaluación de la incidencia delictiva en los centros. «Estamos en contacto permanente tanto con los centros públicos como con los privados sobre aquellos delitos que tienen cierta entidad para hacer un seguimiento hasta su fase final judicial», según Buitrago.
Otra de las tareas de las que se ocupan estos mediadores es de ofrecer coloquios y charlas con el personal sanitario para informarles sobre medidas y pautas de actuación para evitar las agresiones. El fin único es «reducir los comportamientos incívicos y, sobre todos, los hechos delictivos sobre el personal sanitario».
Al ser preguntado por las agresiones que se han producido, expuso que hay una disparidad en la contabilidad del cómputo de agresiones, porque la Policía Nacional «sólo contabiliza las agresiones que son denunciadas», pero el personal sanitario sí contabilizan otras incidencias que no se denuncian.
Rodríguez incidó que el personal del SMS denuncia todo aquello que «tiene entidad suficiente para ser denunciado». Inmediatamente, la Consejería de Salud se pone a disposición de los sanitarios un servicio de letrados y personal para que los agredidos «no se sientan solos y no tengan miedo».
Reforma en el Código Penal
Buitrago recordó que, desde julio de 2015, hay una modificación del Código Penal por la que se otorga una mayor protección jurídica al personal sanitario, que se considera funcionario público. Por lo tanto, la pena al agresor se agrava con el fin de proteger al personal sanitario y darle una mayor seguridad jurídica.
En cambio, Rodríguez lamentó que, antes de la reforma, los juicios de falta eran «civiles» pero «desgraciadamente se despenalizaron los gritos y los insultos siempre y cuando no alteren el orden público de los centros». Por tanto, lamenta que «no existen juicios de falta» a pesar de que hay «faltas de respeto y de consideración», porque «estamos en una sociedad «que carece de esos principios que habitualmente se tenían».
Suceso reciente en el Centro de Salud de San Andrés
Buitrago señaló que recientemente se detuvo a una paciente, de 58 años y nacionalidad española, por agredir a una inspectora médica porque «no estaba de acuerdo con el diagnóstico y le daba el alta de su supuesta enfermedad, por lo que le retiraban su pensión de incapacidad».
El suceso tuvo lugar el pasado martes, cuando la mujer accedió al Centro de Salud de San Andrés, en Murcia, con objeto de ser entrevistada por una inspectora médico que tenía que realizarle una valoración psiquiátrica, al encontrarse de baja y cobrando una prestación económica.
Cuando la doctora comunicó a la entrevistada que iba a ser dada de alta, al ser apta para el desempeño de su trabajo, la paciente montó en cólera, empezó a insultar a la sanitaria, le arrojó el ratón del ordenador al rostro y la amenazó con matarla si le daba el alta preguntándole de qué iba a vivir ella.
La paciente «agredió, insultó y amenazó tanto a la facultativa que le atendió como a los compañeros que en ese instante entraron a ayudarle», por lo que fue detenida en un primer momento por personal de seguridad privada que estaba en el Centro de Salud de San Andrés y, después, por la Policía Nacional por un delito de atentado, debido a que la víctima era funcionaria pública. La agresora pasó a disposición judicial y está pendiente de juicio, tras esta agresión «verbal y física».
