La vocal de médicos de otras Administraciones Públicas del Colegio de Médicos de Cáceres, la Dra. Carmen Hoyos, invita a través de este artículo a los componentes de los colectivos a los que representan las Vocalías de Médicos de otras Administraciones Públicas a que trasladen a través de las mismas sus problemáticas. La Dra. Hoyos defiende que desde la unión se obtiene una mayor eficacia a la hora de abordar la problemática de cada uno de ellos
Cáceres, 7 de octubre 2014 (medicosypacientes.com)
“Médicos de Otras Administraciones Públicas”
Dra. Carmen Hoyos, vocal de Médicos de otras Administraciones Públicas del Colegio de Médicos de Cáceres
Uno de los retos de la actividad médica colegial a nivel provincial y nacional es que la información sobre su quehacer llegue a los colegiados y que de esta forma se potencie su interacción. Las vocalías colegiales están para eso, y la relación entre colegiados y vocales debería ser más dinámica.
¿De quién hablamos cuando nos referimos a médicos de “Otras Administraciones Públicas”? Somos médicos funcionarios dependientes de la Administración Central del Estado o transferidos a la Administración Autonómica pero no integrados en el Servicio Extremeño de Salud (SES).
En esta situación administrativa están los médicos Forenses, médicos Inspectores de la Seguridad Social, médicos de Sanidad Militar, médicos de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura y médicos de Sanidad Penitenciaria, entre otros.
Desde estas líneas invito a los componentes de estos colectivos a que nos trasladen sus problemáticas porque es seguro que serán comunes a las de otras provincias y siempre la unión nos hará más eficaces en sus resoluciones.
El hecho de tratarse de colectivos médicos pequeños dentro de Ministerios o Consejerías “no sanitarias” ha hecho que tradicionalmente nuestras reivindicaciones profesionales se hayan obviado en las Mesas de Negociación de la Administración con los Sindicatos, y esta situación “crónica” de indefensión nos ha ido minando el ánimo para seguir alzando la voz.
Un claro ejemplo discriminatorio y por todos los lados injusto es el hecho de que estos colectivos no tengamos reconocida, a día de hoy, la carrera profesional, que está concebida como un instrumento dinámico en la importante tarea de hacer más moderna, justa y equitativa la Función Pública. Constituye uno de los pilares del desarrollo profesional y se define en la actual legislación como el derecho de los profesionales a progresar, de forma individualizada, como reconocimiento a su desarrollo profesional en cuanto a conocimientos, experiencia en las tareas asistenciales, investigación y cumplimiento de los objetivos de cualquiera de las Organizaciones en las que se prestan sus servicios. Todo ello es más que aplicable al ejercicio de la Medicina por ser una profesión que exige actualización científica permanente.
De siempre, hemos realizado actividades de Formación Continuada impartidas por los Colegios de Médicos, por Sociedades Científicas , por la Industria Farmacéutica y en menos ocasiones por la propia Administración, en “horas extras” quitadas en la mayoría de los casos de nuestro tiempo de descanso, al considerar que era “algo inherente a nuestra profesión”. Pues así es, la Formación Continuada es una obligación de los profesionales pero SU RECONOCIMIENTO ES UN DEBER DE LA ADMINISTRACIÓN que debe ser un motor de estímulo para que cada día estemos mejor preparados para afrontar nuestras tareas, que debe saber reconocer el esfuerzo personal que supone actualizar nuestros conocimientos, y que debe comprometerse a luchar contra el “….pero al fin de mes todos ganamos lo mismo”, que tanto desmotiva. La promulgación de la instrucción del Mº de Hacienda, de 29 de diciembre de 2012 sobre jornadas y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, que establece recortes económicos en los días autorizados para Formación Continuada es otro claro ejemplo de la falta de sensibilidad de la Administración en esos temas.
Desde esta Vocalía se ha solicitado a la Asesoría Jurídica de la Organización Médica Colegial representada por D. Pedro González Salinas y a la Asesoría Jurídica de nuestro Colegio a cargo de Dña Lorena Velázquez Vioque , informe sobre el derecho de los médicos funcionarios dependientes de la Administración Central del Estado, al reconocimiento de la Carrera Profesional como está admitida para el resto de personal médico adscrito a la Administración Autonómica, y concretamente al Servicio Extremeño de Salud.
El resultado de dicho estudio por parte de ambos letrados ha sido AFIRMATIVO con base jurídica en la Ley 7/2007 de 12 de Abril del Estatuto Básico del Empleado Público publicada en el BOE de 13 de Abril 2007 que fundamenta su aplicación directa sin necesidad de ulterior norma reglamentaria en sus Art. 14 y 16, y la Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias de 21 de noviembre que reconoce de igual modo ese derecho y lo desarrolla en el Título III en sus Art. 37, 38 y 39.
Los procedimientos para su solicitud se deben realizar a través de escritos de petición ante los órganos competentes en materia de recursos humanos dentro de la entidad u órgano público al que esté adscrito el médico funcionario y, en caso de denegación de la petición o silencio administrativo, acudir a la vía contencioso-administrativa.
