El Dr. José Alberto Becerra, coordinador del Observatorio Nacional de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC), participó en la ‘Jornada sobre el manejo y prevención de las agresiones en el ámbito sanitario’, celebrada en el Colegio de Médicos de Sevilla, en la que subrayó que “una amenaza de muerte a un facultativo constituye también un delito de atentado”, según una reciente sentencia del Juzgado de lo Penal Número 2 de Mérida
El secretario general del Colegio de Médicos de Badajoz expresó que “es de vital importancia que las corporaciones sigan realizando actividades contra las agresiones, porque hay que seguir concienciando a la población de la situación penosa que están atravesando nuestros profesionales. No sólo están siendo agredidos por los pacientes, sino también las administraciones sanitarias a través de los recortes que está produciendo acumulación de cupo y generan situaciones de no sustituciones por baja laboral, que aumentan las listas de espera, provocando tensión en la relación médico-paciente”.
El coordinador del Observatorio Nacional de Agresiones lamentó que “los pacientes pagan esta situación con el que encuentran en la mesa, que se convierte en la oficina de reclamación del sistema” y expuso que con la modificación del artículo 550 del Código Penal de 2015, en el que los médicos pasaron a ser considerados autoridad pública, “pensamos que se iba a solucionar el problema, pero la realidad es que está repuntando y no hay solo día en el que no nos encontremos la noticia de una agresión. La sensación es que cada vez son más graves. Ya no se habla de insultos, son amenazas”.
El punto de inflexión para el Observatorio Nacional de Agresiones es el incidente ocurrido en junio de 2018 en Camarena (Toledo), en el que un joven de 29 años fue detenido tras agredir con una barra de hierro a su padre y al médico de Urgencias que acudió a atenderlo en una vivienda de la localidad de Camarena (Toledo), causándole un traumatismo craneoencefálico.
El Dr. Becerra destacó que “estos episodios nos deben hacer reflexionar y hay que reforzar la dinámica de este grupo de trabajo para evitar que esto siga pasando”. Para ello, el Observatorio va a revisar todas las sentencias derivadas de estos actos para que aquellas que sean significativas puedan llegar a las asesorías jurídicas de otros colegios. “El objetivo es tener un argumentario jurídico muy bien estructurado que va a permitir una consulta ágil y lograr que, aunque no queremos que nadie vaya a la cárcel, lo que no deseamos es que ninguno de nuestros médicos sea agredido”, detalló.
Recientemente, el letrado de la Asesoría Jurídica del Colegio de Médicos de Badajoz Héctor Galache, ha conseguido que Juzgado de lo Penal Número 2 de Mérida condenara al acompañante de una paciente por amenazar a la ginecóloga de guardia en el Hospital de Mérida a la pena de 6 meses de prisión, porque “el juez ha entendido que una amenaza de muerte a un médico es constitutivo también de un delito de atentado, lo que refuerza la figura del profesional como autoridad”.
Por último, el Dr. Becerra subrayó que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es obligado cumplimiento, “pero nunca o casi nunca se cumple”. Recordó que la Administración debería aplicarla como mecanismo de evitación de agresiones e incidió en que desde el Observatorio “abogamos por aconsejar a nuestros colegiados que sus asesorías jurídicas soliciten la aplicación del artículo 1903 del Código Civil, responsabilidad civil “invigilando”, para que se implique a los gerentes o administraciones en esta prevención” e hizo hincapié en que este grupo “se marca como una línea prioritaria llegar a una ley específica sobre agresiones en el ámbito sanitario”.
