La Audiencia Provincial de Palma ha condenado a un hombre a ocho años y seis meses de prisión como autor de un delito de asesinato en grado de tentativa, por apuñalar a un médico con unas tijeras quirúrgicas en un centro de salud y a la indemnización de 8000 euros por los daños morales padecidos.
Los hechos sucedieron en febrero de 2023, cuando el acusado llegó a un centro médico derivado desde una clínica privada, porque había sufrido un accidente de tráfico y presentaba lesiones en una pierna.
Después de que los profesionales sanitarios le atendieran y le explicaran el tratamiento que debía seguir, le hicieron pasar a la sala de curas. El médico salió un momento y al volver observó que en la mesilla contigua a la camilla había un teléfono móvil que estaba grabando en vídeo.
El facultativo le señaló al paciente que no podía grabar allí sin su permiso y trató de coger el aparato. El acusado reaccionó de forma agresiva. Se lanzó contra el médico y empezó a golpearle con un objeto metálico. La víctima descubrió al intentar zafarse de él que llevaba en la mano unas tijeras quirúrgicas. Intentó clavárselas en el pecho y la espalda, pero no lo consiguió porque tenían puestas una protección de seguridad.
Sin embargo, la sentencia recoge que “si un resultado más grave no se produjo fue por circunstancias ajenas a su voluntad, pues, aunque el instrumento era idóneo para quitar la vida de una persona, el sistema de protección con el que contaban las tijeras y las circunstancias que se presentaron en la agresión determinaron que no se consiguiese la finalidad pretendida”.
Asimismo, incide en “un claro ánimo de querer causar la muerte de la otra persona, a la vez que supone una acción sorpresiva, caracterizada por un ataque súbito, inesperado, repentino e imprevisto, aprovechándose que la víctima se encontraba en la camilla y de espaladas a su agresor”.
Protocolo de agresiones
Tras la agresión, el médico afectado puso los hechos en conocimiento de los servicios jurídicos del Col·legi Oficial de Metges de les Illes Balears (Comib), para acogerse al protocolo de agresiones previsto en estos casos por la institución colegial. El Comib se personó como acusación particular en defensa del doctor, que fue representado por la abogada Marian Fuster.
Según el artículo 550 del Código Penal español, agredir a un médico de la sanidad pública cuando está trabajando se considerado un delito de atentado contra la autoridad.
La agresión a un profesional de la medicina rompe la confianza necesaria para garantizar una asistencia sanitaria adecuada. El Comib se personará como acusación particular en todas las denuncias relacionadas con agresiones, psíquicas o físicas, a los profesionales en el ámbito laboral y ofrece a todos los médicos de Balears asesoría jurídica inmediata y directa cuando sufren agresiones.
