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Con las medidas de copago sanitario, el derecho a la salud entra en una pendiente peligrosa

 

El Sistema Nacional de Salud es un modelo de prestación sanitaria que, durante tres décadas, ha dado respuesta a los problemas de salud de todos los españoles, sin distingos, es decir, independientemente de su condición social o económica, según explica el presidente de la OMC en el editorial de este número

 

Madrid, agosto 2014 (medicosypacientes.com)

El Sistema Nacional de Salud es un modelo de prestación sanitaria que, durante tres décadas, ha dado respuesta a los problemas de salud de todos los españoles, sin distingos, es decir, independientemente de su condición social o económica.

La Constitución Española reconocía en 1978 el derecho a la protección de la salud y garantizaba la asistencia y prestaciones sociales suficientes para todos los ciudadanos. Desde entonces, hemos disfrutado un modelo universal, equitativo, de calidad y financiado con impuestos que ha sido todo un éxito, en función de los resultados en salud y el coste del mismo, uno de los más bajos de los países de nuestro entorno.

Pero llegó la crisis económica y la insuficiencia financiara y con ella los recursos destinados a la sanidad se dedicaron a hacer frente a otros gastos como los derivados de la deuda de los entidades financieras y empezaron los recortes indiscriminados que han afectado a las prestaciones, al copago farmacéutico, a las condiciones laborales de  los profesionales y a la investigación.

Pero, lo más importante es que se ha cambiado el modelo de sistema sanitario y, desde abril de 2012, hemos pasado a un modelo de aseguramiento,  que excluye a determinados ciudadanos de las prestaciones: desde los inmigrantes en situación irregular hasta el Rey Juan Carlos, porque aunque es un español como cualquier otro, no tiene derecho a la asistencia sanitaria porque nunca ha cotizado a la Seguridad Social y porque, actualmente, con el sueldo asignado,  supera el tope de salario anual establecido en el Real Decreto de abril de 2012.

Desde la OMC hemos venido denunciando este cambio de modelo y, en especial, en lo que afecta a aquellos colectivos más necesitados y,  conscientes de las dificultades económicas, hemos planteado y ofrecido nuestra colaboración y compromiso para establecer medidas estructurales que ayuden a mejorar la sostenibilidad interna del Sistema,   como una implicación en la gestión de los recursos públicos, sacrificio y solidaridad en lo referente a las condiciones laborales, con la esperanza de que los responsables políticos alcanzasen un Pacto de Estado para blindar la sanidad de estos vaivenes al albur de las políticas económicas.

Nos habían prometido que no habría más recortes y, de repente, otra vez se plantean nuevas medidas de Política Fiscal y Financiera que inciden de manera especial en sanidad, con copagos que cruzan la línea roja  de la equidad, de la justicia,  que los médicos tenemos que defender desde nuestro deber ético y deontológico. Pagar por ir al médico es una medida intolerable e injusta y si se llegara a aplicar tendría repercusiones en las personas más desfavorecidas y generaría daños irreparables para sus vidas.

Hasta ahora, con los recortes ha disminuido la calidad del SNS y, con el aseguramiento, la universalidad. Ahora con las medidas propuestas aunque no confirmadas, de copago asistencial saltaría por los aires la equidad del modelo hasta ahora existente. Si a eso le sumáramos la propuesta de desgravación fiscal para la contratación de seguros privados y la revisión de contratos y conciertos con la sanidad privada, entramos en una senda muy peligrosa que afectaría decidida y gravemente a todas las características básicas que definían nuestro modelo de SNS es decir  a la calidad, a la universalidad, a la equidad y a las financiación suficiente mediante impuestos. La situación nos recuerda la sanidad de otros países como EEUU, donde muchos ciudadanos no tienen asistencia sanitaria suficiente o no pueden acceder a los tratamientos necesarios para sus enfermedades por falta de recursos.

Junto a estas medidas, hay otras discutibles, incluso algunas justificadas, como las que conllevan algún tipo de penalizaciones contra el mal uso de la sanidad pública. Hace meses, yo mismo lo sugería en el Foro Europa y aquello provocó un gran revuelo mediático, pero ahora parece que no era un disparate. El SNS precisa cuidados y protección contra el mal uso del mismo que pueden realizar tanto políticos como profesionales y ciudadanos. Siempre me refiero a aquellos usos inadecuados, definidos, conscientes, injustificados, reiterados y por supuesto evitables. No anular la plaza de la lista de espera que no se va a utilizar; no acudir a consulta y no avisar, impidiendo que otros pacientes puedan ir en su lugar, no recoger las pruebas diagnosticas o acudir a urgencias en vez de acudir al centro de salud, son situaciones evitables que inciden en perjuicio de otros que necesitan esas prestaciones y  repercuten en el gasto del SNS y, por lo tanto, es necesario afrontarlas desde la corresponsabilidad que nos compete a todos: Administraciones públicas, profesionales sanitarios y ciudadanos.

También se pueden discutir las medidas de copago farmacéutico, aunque la propuesta del euro por receta no es equitativa y, además, el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado en contra, algo que deberían haber tenido en cuenta los ejecutivos de Hacienda a la hora de plantear esta propuesta.

No se puede seguir agraviando a los más débiles y necesitados con formulas que impidan a nadie acceder a las medicinas necesarias. Quizás sería más equitativo ajustar el copago a un porcentaje bajo de la renta de cada ciudadano, y una vez superada, fuese gratuita, así como blindar determinados procesos y los medicamentos  de alto valor terapéutico o fundamentales para mantener la vida. De una manera u otra lo que no podemos permitir es que, por falta de recursos, algunos ciudadanos no puedan acceder a los tratamientos necesarios.

¿Hacia dónde vamos? ¿Hasta cuándo los recortes seguirán detrayendo recursos de la sanidad? Si miramos a Europa,  aun es más preocupante pensar que el programa que llevarán a cabo conjuntamente el trío de Presidencias que comenzó el 1 de julio con la italiana y continuará con Letonia y Luxemburgo y que coincide con una nueva legislatura del Parlamento Europeo y un nuevo Presidente de la Comisión, tiene como objetivo, en tema sanitario, el garantizar la calidad de los servicios para asegurar una mayor seguridad de los pacientes pero centrará sus esfuerzos en la eficiencia, eficacia y coste-efectividad de la prestación de asistencia sanitaria.

¿Está incumpliendo esta Europa de los Mercados con sus políticas el  Tratado de Maastrich, de 1992, que recogía la protección de la salud como parte constituyente de las demás políticas comunitarias?, o ¿Se olvida del Tratado de Lisboa de 2007 que dejaba claro que la UE, en la aplicación de sus políticas, deberá tener en cuenta, entre otras cosas, la protección de la salud humana? ¿Ya no sirve el texto que aprobó el Parlamento Europeo en 2003 que consideraba inapropiadas aquellas políticas públicas que generen recortes indiscriminados y desigualdades en el acceso a la salud?

¿El Programa de Estabilidad del Reino de España para 2017 que contempla un 5,3% del PIB para la sanidad pública, frente al 6,3% actual, siguen exclusivamente estas pautas políticas de eficiencia, eficacia y coste-efectividad de la prestación de asistencia sanitaria? ¿Se habrán tenido en cuenta las consecuencias para la salud de muchos ciudadanos  al lanzar a la opinión pública las medidas propuestas?

Los ciudadanos y también los médicos estamos cansados de escuchar la palabra sostenibilidad y  ahorro. Esta última es preciso sustituirla por resultados de calidad y cumplimiento de objetivos del SNS. Es posible avanzar para mejorar pero lo que nunca debemos consentir es retroceder en el Estado del Bienestar.  Y con estos planes presupuestarios es imposible mantener el actual modelo de SNS. Será otro modelo, pero no podrá mantener las señas de identidad que lo han convertido en un referente.

Si a la vuelta del verano, los políticos no se ponen de acuerdo para salvaguardar este modelo, me pregunto si nuestros hijos o nietos volverán a vivir con la angustia de que sufrir una enfermedad y no tener recursos para afrontarla. Nuestros padres lo sufrieron y nosotros, que sabemos lo que supone tener un Estado del Bienestar como el nuestro no debemos permitirlo. Necesitamos ese compromiso político y también social para abordar los cambios necesarios para mantener un modelo que no podemos perder.

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