La institución del Defensor del Pueblo ha recibido en los nueve primeros meses del año un total de 21.459 quejas, de las mientras que en el mismo periodo de 2012 registró un total de 19.411, especialmente en materia de Sanidad, que han aumentado un 59,5%.
Madrid, 23 de octubre de 2013 (medicosypacientes.com/EP)
Así lo confirmó la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, durante su comparecencia en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para informar sobre la actividad de la institución hasta el pasado 30 de septiembre.
Listas de espera quirúrgicas
En materia sanitaria, Becerril hizo referencia en su intervención a las recomendaciones realizadas a distintas comunidades autónomas, especialmente a Castilla y León y Baleares, ante la demora en las listas de espera, que en algunos casos son especialmente “altas”.
En su comparecencia, recordó también que el Presupuesto de la Defensoría para 2014 se reduce por debajo de los 14 millones, en concreto se sitúa en los 13.950.000 millones de euros; un 0,5 por ciento menos que en 2013 porque se han recortado algunos gastos, aunque sin merma de su actividad.
Recursos de inconstitucionalidad
Dentro de su actividad, el Defensor del Pueblo tiene potestad para presentar un recurso de inconstitucionalidad en nombre de una institución, colectivo o persona que así se lo solicite, siempre que lo vea conveniente.
En este sentido, Becerril resaltó que los recursos de inconstitucionalidad han descendido en estos nueve primeros meses de 2013 puesto que el año anterior “aumentaron de manera considerable” por la supresión de la paga extra de los funcionarios, donde muchos solicitaron su presentación de forma individualizada. Ahora hay 6.457 solicitudes de recursos, frente a las cerca de 16.000 en 2012, según indicó.
Recomendaciones de menores
Al mismo tiempo, la defensora del Pueblo celebró que la Secretaría de Estado de Hacienda haya aceptado que se pueda reducir la jornada laboral de aquellos funcionarios públicos con hijos con cáncer u otra enfermedad grave y a las recomendaciones realizadas para garantizar la viabilidad de los servicios asistenciales básicos que ofrecen ayuntamientos y comunidades autónomas y facilitar el pago de las deudas contraídas con proveedores y prestatarios de estos servicios.
En relación con asuntos de política social hace recomendaciones sobre el acogimiento familiar frente a la residencia, cuando el menor tiene alguna dificultad especial o discapacidad, y para ello pide un estatuto de derechos y deberes de las familias acogedoras y que se organice un programa de garantía y funcionamiento de estos aspectos, con medidas de apoyo económico a las familias que acogen.
Por último, habló de personas con discapacidad e insta a que estas personas que no alcanzan el 33 por ciento, porcentaje base para actuaciones y recepción de ayudas, también puedan acogerse a medidas de fomento del empleo, una recomendación que ha sido aceptada.