El impacto real de su aplicación viene determinado, según explica en su artículo la consejera de Sanidad de Galicia, Pilar Farjas, por el efecto que tuvo en las sucesivas leyes del ámbito sanitario del Gobierno de España y de las CCAA. A su juicio, marcó un modelo de mapa sanitario y de las estructuras organizativas sanitarias que se ha replicado de uno a otro servicio de salud de las comunidades autónomas, ampliando el efecto de sus componentes positivos, pero también de sus limitaciones y olvidos
Madrid, 27 de abril 2011 (medicosypacientes.com)
Dra. Pilar Farjas.
La Ley General de Sanidad constituyó, sin lugar a dudas, un hito para la Sanidad Pública en España. No tanto por el contenido estricto de su articulado, sino por su valor estratégico en la creación del Sistema Nacional de Salud, en la definición del derecho a la protección de la salud, en el diseño de la organización sanitaria, y por el impulso que supuso para la atención primaria y para el proceso de definición de la cartera de servicios en los años de diseño de nuestro modelo autonómico. Un modelo al uso de los planteamientos teóricos y filosóficos del momento: conferencia internacional de Atención Primaria de Alma Ata, universalización de la asistencia sanitaria, atención a través de equipos multiprofesionales, etc.
El impacto real de su aplicación viene, a su vez, determinado por el efecto que tuvo en las sucesivas leyes del ámbito sanitario del Gobierno de España y de las CCAA. Marcó un modelo de mapa sanitario y de las estructuras organizativas sanitarias que se ha replicado de uno a otro servicio de salud de las comunidades autónomas, ampliando el efecto de sus componentes positivos, pero también de sus limitaciones y olvidos.
El análisis, con la perspectiva de 25 años de historia, de aplicación de la Ley General de Sanidad es difícil desvincularlo de la propia historia del servicio público más valorado en este momento por nuestra ciudadanía: la asistencia sanitaria. Una Ley que, llamándose de Sanidad, se limitó a los ámbitos competenciales y de organización de la asistencia sanitaria, sin abordar un marco legal para las políticas de Salud Pública, que quedaron desdibujadas entre la maraña de competencias de las corporaciones locales, de las distintas administraciones autonómicas y de la administración General del Estado.
Así, ha sido reiterado el reconocimiento de que fueron las competencias de Salud Pública, es decir, las vinculadas a las decisiones de autoridad sanitaria y de políticas poblacionales, las primeras en transferirse a las comunidades autónomas sin un escenario común de desarrollo. Sólo el esfuerzo y la voluntad de las autoridades sanitarias de las CCAA en el seno del Consejo Interterritorial del SNS han permitido evitar que las diferencias en las políticas sanitarias de autorizaciones de centros y actividades, programas de protección de la salud, intervención en crisis sanitarias, programas preventivos?no hayan sido mayores. El proyecto de Ley de Salud Publica en debate en el parlamento, podría haber sido la oportunidad para superar estos déficits de la Ley 14/1986, si la incapacidad del gobierno para proponer y liderar su elaboración y debate, no la hubiera truncado.
Otras leyes posteriores, especialmente la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, y la Ley 44/2003, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, han venido a cubrir otros flancos no abordados, como la carencia en la Ley General de Sanidad de referencias a los profesionales sanitarios, o la insuficiente estructura organizativa del Ministerio de Sanidad para garantizar la equidad y cohesión del sistema que el proceso de descentralización estaba poniendo en duda.
Paralelamente, las debilidades del modelo organizativo planteado en la Ley General de Sanidad, con sus componentes ideológicos y utópicos, han desdibujado las áreas de responsabilidad de los profesionales sanitarios, los ha desapropiado de capacidad de decisión, y han perfilado un sistema burocratizado en sus mecanismos de gestión de RRHH y económicos. De ahí la escasa flexibilidad, capacidad de respuesta y de adaptación a los cambios demográficos, económicos, sociales y profesionales que ha caracterizado al ámbito sanitario. Factores que hoy contribuyen a crear graves problemas de sostenibilidad y que dificultan la respuesta a la situación de insuficiencia financiera y dejan escaso margen de maniobra en las reformas estructurales que atraviesan los servicios de salud de las CCAA.
Con esta mirada a vista de pájaro, es posible concluir, en unas líneas, que la actual grave crisis económica de España y las enormes dificultades económico-financieras de la sanidad pública, deberían llevarnos a superar los componentes ideológicos que impregnaron la Ley General de Sanidad y que con su utilización partidista han impedido ir modulando un excelente sistema sanitario en calidad y cartera de servicios para promover la incorporación de los nuevos requerimientos y también deberían impulsarnos a aunar voluntades para adaptarlo a la realidad actual y garantizar su viabilidad futura.
Pilar Farjas
Consejera de Sanidad de Galicia
