A pesar de las iniciativas políticas llevadas a cabo en el Congreso y Senado a instancias de la Vocalía de Administraciones Públicas de la OMC, de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria y del Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria, responsables autonómicos han asegurado a la representante de la Vocalía de Admón. Públicas en la materia no tener constancia de que el Ministerio del Interior haya iniciado contactos para transferir la Sanidad Penitenciaria
La representante de la Vocalía de Administraciones de la OMC para el tema de Sanidad Penitenciaria, Dra. Carmen Hoyos, se reunió, recientemente, en Las Palmas de Gran Canaria con el consejero de Sanidad del Gobierno Canario, José Manuel Baltar, junto al presidente autonómico de Colegios de Médicos Dr. Pedro Cabrera, el subdirector médico del Centro Penitenciario de Las Palmas 1 “Salto del Negro”, Dr. David Martín, y el presidente del Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria Dr. José Veirás.
A pesar de las iniciativas políticas llevadas a cabo en el Congreso y Senado a instancias de la Vocalía de Administraciones Públicas de la OMC, de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria y del Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria, materializadas en Proposiciones no de Ley en ambas Cámaras y aprobadas por unanimidad de todos los Grupos Políticos, instando al Gobierno a que integre la Sanidad Penitenciaria en las Consejerías de Sanidad Autonómicas hace ya más de un año, junto a la unanimidad del Parlamento Canario en iguales términos el 26 de octubre de 2016, «sorprende que a día de hoy el Ministerio del Interior no haya iniciado contacto alguno con los responsables autonómicos», según informó su máximo responsable.
Desde dicha Consejería trasladaron a la Dra. Hoyos su interés en trabajar en el cumplimiento de la Ley de Cohesión y Calidad del SNS del 2003 que ordena la transferencia de las competencias sanitarias penitenciarias desde el Ministerio del Interior al Sistema Público de Salud de las Comunidades Autónomas.
Los profesionales sanitarios de los seis centros penitenciarios canarios con dotación sanitaria asistencial, «llevan 14 años sometidos a discriminaciones retributivas muy importantes como consecuencia del incumplimiento referido, y la población privada de libertad en la Comunidad Canaria, entre 3300-3500 internados, sufren desigualdades asistenciales que nada tienen que ver con las penas impuestas por la justicia», según se indicó.
En la reunión se trasladó al Consejero el peso económico que representa la transferencia basado en datos del Ministerio de Hacienda y que suponen «7 millones 250.000 euros anuales incluyendo la erradicación de la hepatitis C en los 5 siguientes años y el gasto farmacéutico y en personal», según los datos facilitados por la Dra. Hoyos.
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