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PSOE, Podemos e IU se comprometen a derogar la reforma sanitaria del PP en los primeros 100 días de legislatura

PSOE, Podemos e Izquierda Unida (IU) aseguran que entre sus prioridades para los primeros cien días de la próxima legislatura está la derogación de la reforma sanitaria que el Gobierno impulsó en 2012 y que, según el PP, ha hecho la sanidad "más fuerte y sostenible" que hace cuatro años.

Así lo han asegurado los representantes de estos partidos políticos en materia sanitaria durante un debate organizado por la Asociación Nacional de Informadores de Salud (ANIS), en la que estos cuatro partidos y Ciudadanos han desgranado sus principales propuestas de cara a las próximas elecciones generales.

El portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso durante esta legislatura, José Martínez Olmos, ha asegurado que el Real Decreto Ley 16/2012 que impulsó la entonces ministra del ramo Ana Mato en abril ha causado un «enorme deterioro» de la sanidad española.

Por eso, entre las prioridades de su partido de cara a la próxima legislatura está la derogación de la norma para, entre otras cuestiones, «recuperar la universalización de la sanidad, quitar el copago a los pensionistas y que solo haya una cartera de servicios, no tres como hasta ahora».

En ello han coincidido José Andrés Llamas, de IU, que argumenta que «se debe garantizar que se atiende a todos los pacientes y ninguno es excluido»; y la responsable de Sanidad de Podemos, Ana Castaño, que critica que el nuevo sistema de copago ha generado una «pobreza farmacológica» ya que «hay pacientes no pueden pagar sus medicinas».

Además, esta dirigente ha avanzado que entre sus prioridades también está abrir el debate para una regulación que permita en el futuro una ley que regule «el derecho a morir dignamente».

El representante de Ciudadanos en el debate, Francisco Igea, ha defendido que entre las prioridades de su partido en materia sanitaria está la creación de un portal de transparencia de indicadores y recursos y «acabar con la desmotivación de los profesionales» ya que, a su juicio, son los que más han sufrido la «sangría presupuestaria» de los últimos años.

El PP, por su parte, defiende que dicha reforma permitió «salvar» a España cuando era «el gran enfermo de Europa», según José Ignacio Echániz, responsable de Sanidad y Asuntos Sociales del partido del Gobierno, que centra su prioridad en «buscar un nuevo sistema de financiación» que acabe con la falta de equidad entre comunidades autónomas.

Financiación finalista, todos contra el PP

En este sentido, el dirigente “popular” ha rechazado una financiación finalista para el Sistema Nacional de Salud (SNS) ya que «a veces hay que rebañar de otras partidas para pagar las facturas en sanidad» mientras que el resto de partidos han coincidido en que la sanidad en España está infrafinanciada.

Para solventarlo, el PSOE propone incrementarla en 10.000 millones en los dos primeros años y modificar la Constitución para incluir la salud como derecho fundamental ya que «supondría un cambio jurídico tremendo en términos de suficiencia financiera», según Martínez Olmos.

Podemos prefiere hablar de una «financiación posibilista» mientras que Ciudadanos por financiar la sanidad vía impuestos e IU introducir una «progresividad fiscal que permita una financiación más justa».

Otro de los puntos en los que ha habido más discrepancia entre el partido del Gobierno y el resto ha sido en la colaboración público-privada. Mientras Echániz ha defendido que «existe desde que el mundo es mundo y funciona bien», el PSOE y Ciudadanos están a favor de permitirla como alternativa al SNS «siempre que estén en manos de organizaciones sin ánimo de lucro.

Podemos aboga por una gestión «pública y participativa» en la que no se externalicen ni siquiera los servicios no sanitarios e IU advierte de que «está demostrado que la privatización de la sanidad es más cara» e incluso aumenta la mortalidad, por lo que propone prohibirlo por ley.

Por otro lado, el PP ha planteado la necesidad de impulsar un plan nacional que homogeneice las listas de espera ya que «actualmente hay comunidades con capacidad sobrante y otras mucho más saturadas», mientras que el PSOE lamenta que en esta legislatura «se han batido records» y plantea un plan de choque que revise los tiempos máximos que fija actualmente la ley y «se están incumpliendo».

 

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