La Alianza de Organizaciones “No es Sano” se concentró ayer martes a las puertas del Congreso para denunciar que nuevos tratamientos para cáncer o hepatitis “son impagables” y para reclamar medidas que reformen el actual sistema de investigación y desarrollo de los fármacos. La OMC, integrada en dicha Alianza, ha venido también desarrollando acciones en los últimos años demandando un acceso justo a los medicamentos
Un grupo de representantes de la campaña No es Sano reclamó a las puertas del Congreso a los diferentes partidos políticos que impulsen medidas en la Cámara Baja para reformar un sistema de investigación y producción de medicamentos que a día de hoy es injusto y tremendamente ineficiente. Ataviados con una gran píldora, los miembros de la campaña han recorrido el centro de Madrid informando a la ciudadanía sobre cuáles son los problemas del modelo actual y qué impacto está teniendo ya en la salud de la población.
No es Sano viene reclamando medidas efectivas que consigan controlar el escandaloso aumento de los precios de los fármacos para enfermedades graves como el cáncer, la hepatitis C o la esclerosis múltiple. Unos precios que ponen a los intereses económicos por delante del derecho a la salud de los pacientes y que han convertido a la industria farmacéutica en una de las más rentables del mundo.
El ejemplo más reciente es el de la hepatitis C y el racionamiento del Sovaldi, el medicamento más nuevo y efectivo -con altos precios- al que hasta ahora solo han accedido las personas que se encontraban en las fases más avanzadas. De seguir esta tendencia, este mismo problema se trasladará a enfermedades como el cáncer, cuyos tratamientos superan en ya en muchos casos los 40.000 euros por paciente al año.
“Son precios insostenibles, injustificables y confidenciales porque así lo imponen las compañías farmacéuticas. El gobierno tiene que cambiar su forma de negociar. Reclamamos cambios en el modelo para que las reglas no estén marcadas por la industria”, señaló Vanessa López, directora de Salud por Derecho. «Se está poniendo en riesgo la sostenibilidad de nuestro Sistema Nacional de Salud debido a que algunas compañías farmacéuticas, aprovechando su posición dominante en base a las patentes otorgadas por los gobiernos, están rompiendo los equilibrios tradicionales al poner unos precios desorbitados de los medicamentos”, aseguró Roberto Sabrido, presidente de la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento.
«Las compañías que establecen los precios juegan con lo que una sociedad está dispuesta a pagar para salvar vidas entre su población. Este sistema se parece más a cómo se decide el precio de un producto en un supermercado que a lo que debería ser una política justa de acceso a los medicamentos”, según Felipe Noya, portavoz de Médicos del Mundo.
En esa misma línea se manifestó Mónica Cavagna, experta en Salud de la Organización de Consumidores y Usuarios -OCU-, “los altos precios de los nuevos medicamentos no guardan ninguna relación con los costes de investigación y desarrollo de las moléculas que dan origen a esos nuevos fármacos. Se debe trabajar hacia la transparencia de las negociaciones sobre precios con la industria y esto debería quedar amparado por un cambio de la normativa”.
La transparencia es un pilar fundamental de las reclamaciones de la campaña. “Necesitamos que se hagan públicos los asuntos públicos, como es el caso del acceso a los medicamentos, que es una necesidad básica de la ciudadanía. Exigimos transparencia en la toma de decisiones y criterios que defiendan fehacientemente los intereses del sector público”, aseguró Carlos Ponte, portavoz de No Gracias.
El debate en el Congreso
Frente al Congreso, los miembros de No es Sano reclamaron a los diferentes partidos políticos que den luz verde a la Subcomisión sobre acceso a medicamentos cuya aprobación se está negociando en la Comisión de Sanidad. Los objetivos de este grupo de trabajo, propuesta de Podemos, recoge muchas de las peticiones que la campaña ha venido defendiendo y trasladando a los diferentes partidos políticos, como analizar y evaluar los nuevos modelos de financiación de medicamentos; desarrollar una estrategia de transparencia en I+D con fondos públicos; y plantear el papel de España en el diseño de alternativas que favorezcan la I+D más vinculada a las necesidades de salud.
Esta subcomisión sería un paso clave para llevar a cabo una reforma del sistema. “Necesitamos que haya un exhaustivo análisis de la situación, no sólo en España, también a nivel europeo, para poner en evidencia cuáles son los cambios que necesita el actual sistema de I+D de medicamentos y cómo aplicarlos”, aseguró Irene Bernal, coordinadora de Políticas de No es Sano.
El equipo de la campaña fue recibido a las puertas del Congreso por representantes de PSOE y Unidos Podemos, a quienes entregaron un documento con diez medidas clave para introducir cambios en el actual sistema de investigación y desarrollo de medicamentos. En concreto, asistieron Jesús María Fernández, portavoz socialista de Sanidad en la Cámara Baja y Begoña Tundidor, diputada portavoz de Consumo. Por parte de Podemos y sus confluencias, Rita Bosaho, miembro de la Comisión de Sanidad y Kontxi Palencia, portavoz de Sanidad en el Senado.
Planteamientos promovidos por la OMC sobre el acceso a medicamentos
Esta posición coincide con los planteamientos promovidos en los últimos años por la Organización Médica Colegial, como se ha venido recogiendo en diferentes informes difundidos en los últimos años.
Uno de ellos fue el presentado por la eurodiputada socialista Soledad Cabezón, sobre acceso a medicamentos, aprobado por el Pleno del Parlamento Europeo y apoyado por el CGCOM que acogió su presentación en octubre de 2016.
El informe de Cabezón, en el que se incluyen diversas alegaciones de la OMC en materia de medicamentos, aboga, entre otras cuestiones, por la equidad en el acceso a estos productos al considerar que todas las personas deben tener garantizados mediante financiación pública los fármacos precisos para atender sus necesidades de salud.
A través de dicho posicionamiento, se rechaza, por otra parte, que los derechos y beneficios de las patentes lleguen a estar por encima de los resultados en salud y del valor de la vida. Al tiempo que destaca la exigencia de reequilibrar el poder de negociación y el papel regulador de los Estados miembros y de la propia Comisión Europea, que debe ser quien “establezca el valor terapéutico añadido del medicamento, cambiando el actual sistema en el que la industria determina el valor del fármaco y sus criterios, y con ello, el precio”.
Asimismo, el documento establece como prioridad que se pongan en marcha programas europeos que garanticen el tratamiento de los pacientes ante medicamentos curativos que salvan vidas, como es el caso de la hepatitis C y del cáncer.
En la misma línea se pronunció a OMC a raíz de los acuerdos TTIP y CETA, considerando que todo tratado de libre comercio debe excluir explícitamente cualquier aspecto que afecte a los sistemas de salud: salud pública, asistencia sanitaria, seguros sanitarios (públicos y privados), distribución farmacéutica, patentes de producto farmacéutico, sistemas de financiación selectiva, etc. Ninguna disposición, en cualquier artículo del tratado, aunque se refiera a temas generales, podrá ser de aplicación en los temas relacionados con los servicios de salud.
Se advirtió que este tipo de acuerdos, y en concreto el TTIP, podría limitar el derecho a la transparencia y la información a los pacientes en relación con los ensayos clínicos y dispositivos médicos, información que en todo caso debe de garantizar la legislación vigente de cada país y que, en el caso de estas negociaciones comerciales, se estaban desarrollando con total opacidad y secretismo.
Considerando lo que supone el medicamento para la salud de los ciudadanos, así como los riesgos que comporta su uso excesivo e inapropiado y los efectos de la incitación al consumo, en lo que se denomina como “medicalización de la vida”, la OMC ya había elaborado en 2015 otro Documento denominado “Medicamentos: visión social y clínica” que analizaba estos aspectos.
Este documento complementaba otro sobre el sector farmacéutico, en el que la OMC hacía una serie de recomendaciones y propuestas centradas en políticas farmacéuticas vinculadas a la eficiencia; una evaluación económica y social de la prestación farmacéutica; reformas estructurales en las actividades esenciales de la cadena de valor farmacéutica y en los roles agenciales en el sector del medicamento.
En el informe se instaba a que el medicamento cumpliera con su objetivo que no es otro que la salud de los ciudadanos, advirtiendo de los riesgos que produce el uso excesivo, insuficiente o indebido de los fármacos y los efectos adversos que esto provoca. La alternativa al mal uso de los medicamentos pasa, según la corporación, por el fomento de una prescripción “razonada, prudente y con sentido común” y abogaba, en el mismo, para que todos los agentes implicados tuvieran definidas claramente sus funciones y estuvieran comprometidos y coordinados en la tarea de minimizar los riesgos de los medicamentos originados por deficiencias en la información sobre los mismos y sobre su manejo.
El documento aludía, además, a lo que se ha venido denominando “medicalización de la vida” que ha conducido a tratar problemas como si fueran una enfermedad sin serlo, generando riesgos innecesarios para los pacientes y creando un serio problema de salud. Una situación que puede conducir a una colusión de intereses entre los diversos agentes, no respaldada por la evidencia científica ni deseable y que en nada beneficia a los pacientes.
El texto hacía referencia a la “investigación y desarrollo de los medicamentos” que, en ocasiones no responden a demandas de auténticas necesidades de salud y, en este caso, hacía referencia a la responsabilidad de los médicos en garantizar una buena praxis evitando todo tipo de “influencias perniciosas” y a la responsabilidad del regulador para evitar que se promocionen productos en base a artículos y estudios poco rigurosos e insta al control de toda aquella publicidad engañosa que contribuya a la innecesaria medicalización de la vida.
A estos trabajos de la OMC se suma una declaración sobre la gestión del medicamento en la que se instaba, entre otras cuestiones, a que se establezca la trazabilidad del fármaco para la seguridad de los pacientes y el necesario control de la fabricación, distribución, prescripción y dispensación de los medicamentos y transparencia en la gestión del medicamento, algo que, finalmente, no ha ocurrido en la negociación del precio de algunos medicamentos innovadores, como el de la Hepatitis C, tal como lamentó la corporación en su momento.
Se adjunta Documento de «No es sano» con diez medidas clave para introducir cambios en el actual sistema de investigación y desarrollo de medicamentos.
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