Luces y sombras de la acreditación de la formación continuada

 

Para debatir sobre la situación actual de la acreditación de la formación continuada la Revista OMC organizó, recientemente, un debate con la participación de: Dr. Serafín Romero, vicepresidente de la OMC; Carlos Moreno, director general de Ordenación Profesional del MSSSI; Dr. Rodrigo Gutiérrez, director general de Calidad y Humanización de la Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha; Dr. José Antonio Otero, presidente del Colegio de Médicos de Valladolid; Dra. Pilar de Lucas, presidenta de la Comisión Nacional de Neumología; y Dr. Arcadi Gual, coordinador Área Profesional de la OMC.

 

Los expertos tuvieron la posibilidad de ahondar sobre aspectos relativos a la utilidad de los créditos, el sistema de acreditación implantado en España, si el proveedor de la formación ha de ser también el que acredite, y si es fundamental la implicación de los profesionales en los mecanismos de acreditación de la formación, entre otros.

 

A partir de los inicios de la década anterior comenzaron a coexistir dos sistemas de acreditación de actividades de FMC para los médicos: el de la Comisión Nacional-Comisiones Autonómicas y el del Sistema Español de Acreditación de la Formación Médica Continuada (SEAFORMEC), fruto de la encomienda de gestión de la acreditación de la formación otorgada por el Ministerio de Sanidad al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, que, a su vez, firmó acuerdos con la Federación de Asociaciones Científico- Médicas de España (FACME), la Conferencia de Decanos de Facultades de Medicina y el Consejo Nacional de EspecialidadesMédicas para la creación de SEAFORMEC.

 

Este sistema iniciaba su actividad de acreditación en junio de 2003, consolidando su posición como sistema acreditador de referencia para el sector médico español.

 

En marzo de 2011 el Tribunal Constitucional establece, a través de una sentencia, que la competencia en materia de acreditación de la formación continuada sanitaria es exclusiva de las Comunidades Autónomas.

 

 

La sentencia del Tribunal Constitucional de 2011, como explicó el director gral. de Ordenación Profesional “no sólo atribuyó la competencia de acreditación a las CC AA, sino que anuló el art. 35, relativo a acreditación de centros, actividades y profesionales”.

 

Tras dicha sentencia, desde el CGCOM, indicó el Dr. Romero, “hemos visto truncada la forma en la que se venían acreditando las actividades formativas, al producirse un giro inesperado con respecto a lo que en su momento el Gobierno de España entendió que era lo más oportuno, como era que la acreditación de la formación se hiciera por parte de la propia profesión sanitaria”.

 

Es evidente que dicha sentencia transformó el escenario de por aquel entonces. Desde el CGCOM se defiende que la acreditación ha de hacerse con las dos partes. “Estamos obligados a que se haga con las Administraciones sanitarias pero también han de participar las profesiones sanitarias”, remarcó el Dr. Romero. “Las exclusividades –añadió- no existen, pese a la responsabilidad de las autoridades, pero sí deberían retomar lo que en su día sí se entendió, y es que estuviera en manos de la profesión, lo que ha permitido que la formación se viniera acreditando sin ninguna mancha”. No ha habido nada que objetar a la acreditación que se ha hecho en España de la formación de los profesionales, en colaboración con el Ministerio de Sanidad.

 

En este punto, el vicepresidente de la OMC destacó el papel del MSSSI “que ha intentado poner orden ante una situación confusa y con amenaza de generar un desorden mayor”. En la actualidad, pese a un mapa muy desigual, se han retomado las conversaciones con las Administraciones sanitarias autonómicas. “Hay comunidades como Galicia que han entendido que debe ser la profesión la que siga manteniendo esa actividad, a través del CGCOM. Igualmente, Aragón ha delegado la acreditación en nuestra corporación. Mientras en Cataluña, se ha contado con el Consejo Autonómico de Colegios de Médicos”, explicó el Dr. Romero. Del resto de CC AA, a la OMC le consta que algunas como Madrid tienen ciertas dificultades para acreditar la abultada cantidad de actividades que llegan.

 

Efectivamente, según constató el director general de Ordenación Profesional, Carlos Moreno, de las casi 50.000 actividades formativas que se acreditan anualmente, Madrid supera el 26, 86 por ciento, y efectivamente, según dice, “no dan a vasto”. De ahí la necesidad, comentó el vicepresidente de la OMC, de que “habría que recuperar lo que se estaba haciendo compartido”.  El Dr. Romero no quiso pasar la oportunidad para expresar “el agradecimiento de nuestra corporación, en concreto, al director de Ordenación, puesto que en este tema ha hecho un esfuerzo para conseguir centrar el sistema y lograr el reconocimiento a nivel europeo a la acreditación de la formación”. 

 

La presidenta de la Comisión Nacional de Neumología, Pilar de Lucas, no dudó en declararse defensora del SEAFORMEC al considerar su rigor con respecto a lo que se acreditaba, y asegurar la calidad de la actividad acreditada. El presidente del Colegio de Médicos de Valladolid, Dr. José Antonio Otero, insistió en que es necesario que el ente acreditador SEAFORMEC “sea de la máxima solvencia, creíble por todos los profesionales y por todas las entidades que proveen formación. Colegios de Médicos, Sociedades Científicas, fundamentalmente”. En la actualidad, de la acreditación de la formación continuada se ocupa, además de una Comisión de Formación Continuada de las profesiones sanitarias, dependiente de la Comisión Nacional de RRHH, una Comisión de Formación Continuada en cada una de las 17 CCAA. En el caso de Castilla- La Mancha, según explicó el Dr. Gutiérrez, se creó en 2008, y, a su juicio, “ha funcionado razonablemente bien desde sus comienzos”.

 

“En nuestra comunidad, en la Comisión de Formación participan todos los agentes implicados lo que le da un plus de legitimidad y credibilidad”, indicó el Dr. Rodrigo Gutiérrez. En la misma, según explicó, están incluidos: la Administración sanitaria, el servicio de salud, la Universidad, los Colegios Profesionales, las Sociedades Científicas y los sindicatos. “La celeridad en acreditar en Castilla-La Mancha es mayor si cabe que en otras CC AA a lo que se suma rigor y calidad, lo que otorga mayor credibilidad a las actividades acreditadas”, según señaló. “De lo que se trata es de mantener la competencia de los profesionales y sea reconocida por la sociedad que es la destinataria de nuestro trabajo”.

 

Atendiendo al factor cuantitativo, el director general de ordenación del MSSSI constata que sí están funcionando los sistemas acreditativos autonómicos. Asegura que del total de actividades acreditadas en 2015, Madrid y Andalucía registran cerca del 50 por ciento. En concreto: 26,86% Madrid; 23,87, Andalucía y 16% Cataluña. ¿Cantidad o calidad a la hora de acreditar? Pilar de Lucas reconoció sentirse asombrada con la cifra expuesta por el representante ministerial, de tal forma que planteó hasta qué punto dicho volumen de formación llega a ser realmente aprovechado. 

 

Precisamente, lo que se consigue con la existencia de un sistema acreditador, según explicó el Dr. Arcadi Gual, es dar más valor a las actividades que se acreditan y ponderar su calidad, como hace el sistema nacional, algo que no sucede en otros países. “No conozco ningún sistema del mundo que dé un valor ponderado a la calidad”, remarcó. En la misma línea se expresó el director general de Ordenación Profesional, al asegurar que “nuestro sistema de acreditación es de los pocos del mundo que contempla un componente cuantitativo y otro cualitativo que se ocupa de aspectos como la pertinencia, la relación con la actividad, la dedicación, el material, el proveedor, además de utilizar técnicas de percentiles, designación de puntos, etc.

 

Para el Dr. Romero, por mucha calidad que se analice, si al final lo que vale es la cantidad, “se acaba haciendo la formación que a uno le gusta”. Desde su punto de vista, es ahí donde recobra importancia la recertificación por parte de las Sociedades Científicas”. La Dra. De Lucas opinó, al respecto, que son las instituciones sanitarias las que tienen la obligación de que el proceso formativo sea de calidad, que la metodología sea rigurosa, que los contenidos respondan a los avances actuales del conocimiento, que sean pertinentes, que el profesorado sea experto y conocedor de dichos avances y que haya, además, un proceso de evaluación.

 

 

En opinión de la presidenta de la Comisión Nacional de Neumología, “hay que hacer las actividades formativas necesarias, porque tampoco es recomendable excederse en ellas. Hay que simplificar pero con calidad”.

 

“La formación continuada ‘a bulto o a kilo’ no sirve, es algo que hemos ido asumiendo todos”, señaló, al respecto, el Dr. Gual. Es evidente, como indicó, “que un profesional que trabaja 8 horas en un hospital o área básica con una demanda asistencial importante no puede obtener más de 30 créditos anuales, dado el poco tiempo de que dispone para formarse”. “Por muchos créditos que se tengan si, al final, sólo se le bareman unos pocos, pongamos unos 20, por ejemplo, para los diplomas de acreditación, el propio profesional irá restringiendo el acumulo de créditos, ya que no le van a servir”, dijo el Dr. Gual.

 

En Europa, en un seminario celebrado en el primer semestre del año sobre DPC, en Bruselas, ya se habló de esta cuestión. “Se advirtió de la proclividad del profesional a acumular créditos de formación continuada por el mero hecho de apilarlos”, como explicó Carlos Moreno, del MSSSI. Y es que como, zanjó De Lucas, “la formación no solo debería interesar por los puntos o créditos que puede generar, sino que se traduce en un imperativo ético”.

 

 

En cuanto a los créditos que se otorgan, como explicó el Dr. Otero, tienen la característica de poder asegurar ante un tercero que el profesional mantiene la competencia a través los mismos y que después se pueden exponer ante otros, dentro de la profesión, autoridades sanitarias, traslados, oposiciones, etc.

 

Rodrigo Gutiérrez opinó que de lo que se trata es de “mantener la competencia de los profesionales y que ésta sea reconocida por la sociedad que es la destinataria del trabajo de los médicos”. El problema, como puso sobre la mesa el Dr. Romero, estriba en el reconocimiento de esos créditos. “Una acreditación en Cataluña debería ser reconocida perfectamente en Castilla-La Mancha, igualmente que una acreditación de Andalucía debería ser reconocida en La Rioja”.

 

El director general de Ordenación Profesional coincidió con el Dr. Romero en el problema que supone que los créditos no valgan entre CC AA “No tiene sentido que, por ejemplo, en el País Vasco no se reconozca la formación acreditada de los médicos que han hecho una actividad formativa en Castilla- La Mancha”. Por supuesto, como constató Moreno, “el País Vasco está en la Comisión de Formación Continuada y acredita sus actividades de acuerdo con los criterios de componente cuantitativo y cualitativo que se acuerdan en la Comisión de Formación Continuada”.

 

Sin embargo, a la hora de poner en marcha, por ejemplo, un proceso de provisión de plazas para facultativos, en la parte del baremo de FMC, incluye algo parecido a “expedidos o realizados en Euskadi”, y nada más. “Es decir, que si se aporta un curso acreditado en otra CC.AA. aunque fuere del mismo proveedor no se valida. Y eso es lo que no debería ser”.

 

Para el Dr. Gual el problema no radica tanto en el reconocimiento de créditos como en que no se puede obviar que las autonomías tienen sus competencias y las pueden ejercer dentro de sus ámbitos hasta que el Constitucional no diga lo contrario. El coordinador del área Profesional de la OMC precisó, en este sentido, que “una cosa son los créditos de formación continuada, que deberían estar sujetos a una coordinación lógica que no existe por su descentralización a las CC.AA. y otra cosa es la aplicación de esos créditos para acciones concretas”.

 

En cualquier caso a Pilar de Lucas le pare ce impensable que un proceso formativo pueda depender únicamente del lugar en el que se trabaja o en el que se vive. “La falta de reconocimiento intramuros me parece un empobrecimiento científico. La formación no puede ser utilizada como una herramienta política entre CC AA”, apuntó. “Los médicos están destinando tiempo y dinero a mantenerse activos y lo que menos pueden encontrar son trabas a nivel autonómico cuando prácticamente no existen a nivel europeo”, indicó, por su parte, el Dr. Romero. “Los médicos están destinando tiempo y dinero a mantenerse activos y lo que menos pueden encontrar son trabas a nivel autonómico cuando prácticamente no existen a nivel europeo”, apuntó.

 

 

¿Y qué pasa cuando se realiza formación de calidad fuera de nuestras fronteras?, tal como planteó la Dra. De Lucas Fuera de nuestras fronteras, según indicó Moreno, la situación es diferente, gracias al acuerdo tripartito firmado entre el MSSSI, la OMC que es el partner de la Unión Europea de Médicos Especialistas (UEMS) y que permite que esos créditos obtenidos en Europa tengan su equivalencia y reconocimiento en España.

 

SEAFORMEC, como explicó Dr. Gual, “forma parte de la UEMS. De esta forma hemos logrado que nuestros profesionales no tengan problemas para que se les reconozcan en España los créditos formativos obtenidos fuera de nuestro país, a través de la UEMS y de SEAFORMEC, y se conviertan en créditos del Sistema Nacional de Salud”.

 

“El hecho de haber conseguido el reconocimiento de los créditos europeos es una satisfacción para esta corporación, después del extraordinario esfuerzo que se ha realizado para su obtención”, indicó el Dr. Romero, al respecto.

 

El Dr. Gual coincidió con el Dr. Romero en destacar la importancia de dicho acuerdo, hasta tal punto que “diferentes CC.AA. han recurrido a la UEMS y a la AMA para intercambiar créditos y la respuesta que han obtenido es que hay que dirigirse a los Colegios de Médicos como responsables de esa gestión”.

 

 

Como remarcó el Dr. Otero, “un proveedor de formación no puede ser ente acreditador, no tiene sentido”. Es por ello que considera que “hay que buscar mecanismos para que sin perder la potestad la Administración, delegue en estructuras y organizaciones eficientes, eficaces e independientes que ofrezcan garantías”.

 

La acreditación, añadió, “tiene que tener su independencia y la responsabilidad de la autoridad ha de proceder del ámbito profesional pero ha de ser independiente, pudiendo rendir cuentas”.

La Dra. Pilar de Lucas, conocedora de la provisión de la formación por su experiencia en SEPAR, aseguró que “dicha provisión de formación es un papel que desempeñan muy bien las Sociedades Científicas”.

Se mostró de acuerdo el Dr. Otero al afirmar que las sociedades científicas tienen un papel capital.

 

Sobre quién es el que tiene que, realmente, acreditar la formación del médico, el representante del MSSSI aseguró tiene que ver, sobre todo, con el modelo de Estado y con el modelo jurídico del Estado. En este sentido, afirmó que para la gestión pública, incluida la sanitaria, España copia el modelo francés.

 

Desde el punto de vista del vicpte. de la OMC, la delegación de la acreditación por parte de las CC.AA. va a depender, en cierto modo, del nivel de confianza en las profesiones o bien del momento político. “Es una decisión política pura y dura”, a su juicio. El Dr. Gual insistió, en este sentido, en la importancia de añadirle sentido común a esta cuestión, teniendo en cuenta que el destinatario final es el ciudadano.

 

Al respecto, recordó que los principales agentes para acreditar son: Administración, Colegios y Sociedades. “Para llegar a una efectividad del proceso las tres partes han de actuar, y para eso se precisa de sentido común”, según manifestó. “No se trata –a su juicio- de que las Administraciones cedan lo que no pueden ceder, sino que permitan actuar a los que deben hacerlo en este terreno”.

 

Moreno puntualizó que “la competencia aunque se encomiende o se delegue no supone la transferencia de la titularidad, que va a seguir siendo de las Administraciones, en este caso”.

 

El problema que planteó, al respecto, el Dr. Gutiérrez radica en que “si ese sistema se deja exclusivamente en manos de los profesionales, ¿habría que establecer un sistema de acreditación para cada profesión sanitaria?”. Esto, a su juicio, “es lo que, principalmente, justifica la existencia de las comisiones de formación dondeestán todas las profesiones sanitarias representadas”.

 

 

En la actualidad, existe una Comisión de Formación Continuada de las profesiones sanitarias, dependiente de la Comisión Nacional de RRHH, del Ministerio de Sanidad, junto con cada Comisión de Formación Continuada a nivel autonómico.

 

En relación a la composición de estas últimas, el Dr. Gutiérrez sacó a colación el hecho que los sindicatos sólo estén presentes en la Comisión de Formación de Andalucía, Galicia y Castilla-La Mancha, justificando su presencia por la implicación de éstos en procesos selectivos, convocatorias de ofertas públicas de empleo, etc.

 

En este caso, y según respondió el director general de Ordenación Profesional, los sindicatos “tienen derecho a negociar sobre lo establecido en el Estatuto Marco, es decir, sobre los planes y los fondos de formación, en este caso, pero no sobre criterios de acreditación de la Formación”.

 

“Los criterios de selección, donde si pudieran entrar los sindicatos, es bien distinto a procesos de acreditación”, recordó, por su parte, el Dr. Otero.

Al Dr. Arcadi Gual le preocupan estructuras de Comisiones de la Formación como la de Castilla-la Mancha, integradas por un elevado número de personas y por el gasto que se deriva de ello, “cuando, -según sus palabras- se podría resolver con menos recursos”. Desde la OMC, como recordó el Dr. Romero, “ya hemos venido advirtiendo del problema que puede suponer abrir la acreditación al ámbito de las 17 CC.AA”.

 

 

Vinculado, sin duda, a la Formación Continuada, figura el Desarrollo Profesional Continuo, como se puso de manifiesto en este Debate. Según el dº gral de Ordenación Profesional, el Desarrollo Profesinal Continuo (DPC) tiene mucha importancia de cara al entorno europeo, al ordenamiento jurídico de la Unión Europea, a la directiva de cualificaciones profesionales 2005/36, que lo recoge como una materia que deben incorporar los Estados miembros, en la medida de lo posible.

 

En Europa, 16 de los 28 Estados Miembros, piden respecto al DPC, en primer lugar, se disponga de evidencia científica del impacto del mejor DPC, de la mejor formación en la calidad de los servicios y seguridad del paciente, según indicó Moreno.

 

“Es una cuestión que tiene su complejidad, teniendo en cuenta que las medidas de seguridad del paciente son multifactoriales: material, formación, procedimientos, protocolos, etc.”, opinó el representante del MSSSI. Moreno se refirió a un proyecto normativo de desarrollo profesional y recertificación “nos costó muchísimo contar con el aval de las CC.AA. pese a los acuerdos del CISNS”.

 

“En nuestro borrador –añadió- lo que pretendemos es establecer el procedimiento de DP por la vía de la competencia, con la competencia exclusiva de la Administración o con la competencia compartida”.

A juicio del Dr. Romero, hay que seguir avanzando en un debate conceptual en torno a que el profesional tenga que recertificar y a que todo lo que se le acredite vaya enfocado a poder seguir ejerciendo.

 

 

Dr. S. Romero: Para el vicepresidente de la OMC, la participación de los profesionales y de la profesión médica en los procesos de acreditación de la formación continuada es incuestionable. El sentido común “obliga a retomar un sistema que se ha mostrado creíble, reconocido, es el partner de Europa y de América. No es entendible que a nivel nacional no se reconozca como un ente acreditador en todas las CC.AA”.

 

Dr. Rodrigo Gutiérrez: A juicio del director general de Calidad y Humanización de la Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha, se crearía una cierta distorsión con el establecimiento de un sistema acreditador de la formación para cada profesión sanitaria. En este sentido, “nuestra comisión que aglutina a todas las profesiones ha funcionado a la hora de esta actividad con la introducción de los mecanismos correctores necesarios”. Se mostró de acuerdo en caminar hacia una homogeneización

 

Carlos Moreno: Para el dº gral. de Ordenación Profesional del MSSSI, hay que seguir trabajando desde la Administración y “aprovechar el conocimiento y la autoritas de las entidades profesionales en este procedimiento, alinearse con Europa y trabajar en los sistemas de reconocimiento y evidencia de la mejora de la seguridad del paciente y la calidad de los servicios por el incremento y la mejora del DPC”. A su juicio, “es lo que marca el futuro”.

 

Dra. Pilar de Lucas: Para la presidenta de la Comisión Nacional de Neumología, la acreditación debe reunir unos requisitos homogéneos para todo el territorio español, independientemente de la estructura administrativa y de la comunidad autónoma en las que se realizan. “Es obligado su reconocimiento en todo el territorio español”.

Dr. José Antonio Otero: El presidente del Colegio de Médicos de Valladolid considera que la entidad proveedora de formación debe ser rigurosa a la hora de comprobar que los créditos que otorga van de acuerdo a los requisitos por los cuales esa actividad ha sido acreditada.

Dr Arcadi Gual: El coordinador del Área Profesional de la OMC ve necesario simplificar el sistema de acreditación de la formación médica continuada, y, sobre todo, acercarse a los sistemas internacionales. “Para ello hay que aprovechar la experiencia de SEAFORMEC”.