El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) se ha hecho eco de las principales conclusiones del II Congreso Andaluz de Derecho Sanitario, celebrado recientemente en Málaga, en el que se abordaron aspectos relacionados con agresiones a profesionales sanitarios; responsabilidad civil; publicidad engañosa e intrusismo profesional; medicamentos innovadores, interoperabilidad de la historia clínica, receta electrónica y tarjeta sanitaria; así como los nuevos retos legales relacionados con la implantación de los programas de cumplimiento penal y el nuevo reglamento europeo sobre la Ley de Protección de Datos
La cita, que congregó a 150 expertos juristas y sanitarios, entre los pasados 7 y 8 de junio en el rectorado de la Universidad de Málaga, fue organizada por el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) y la Asociación Andaluza de Derecho Sanitario.
En la ceremonia de inauguración del II Congreso Andaluz de Derecho Sanitario, Julián García Vargas, ex Ministro de Sanidad y Consumo, aseguró que “desde 2009 se han perdido más de 49.000 millones de euros de inversión en Sanidad Pública. Esta disminución de la inversión la han sufrido principalmente los profesionales”. Asimismo insistió en que “es necesaria una estrategia común con los profesionales, a través de un consejo interterritorial más operativo y con mayor autoridad donde se afronten retos como la coordinación entre la Sanidad Privada y la asistencia sociosanitaria”.
Agresiones a los profesionales sanitarios
Se partió de la base de que las agresiones son accidentes de trabajo o enfermedad profesional. El doctor Juan Antonio Repetto, presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, indicó que “una de las principales causas de agresiones es la insatisfacción con el Sistema Sanitario Público por la falta de recursos”. Por su parte, el interlocutor regional sanitario, Javier Galán, afirmó que “la iniciativa de los Colegios de Médicos ha llevado a iniciar una actuación preventiva y estratégicamente planificada”, destacando la importancia de la aplicación móvil ALERCOPS, que funciona con un sistema de geolocalización y un botón de alarma. Del mismo modo anunció la futura implantación del responsable de seguridad en los centros sanitarios.
Responsabilidad civil profesional
En la exposición de esta mesa quedó constancia de que la mediación es una medida que debe promocionarse desde los colegios. José Carlos López, letrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, señaló que el daño como resultado es un riesgo natural del acto médico y en sí mismo no es indemnizable porque no estamos ante una responsabilidad objetiva, sino que tiene que haber una negligencia o una ignorancia inexcusable.
Publicidad engañosa e intrusismo profesional
En la mesa dedicada al intrusismo profesional se destacó que hay demasiado marketing en la sanidad y ese marketing no debe inducir al engaño. Así mismo se insistió en que debe existir una ley más taxativa en esta materia porque está en juego la salud de los pacientes. Sin que se puedan atribuir competencias profesionales que no correspondan a cada profesional. Por su parte, Joaquín Elías, juez decano de Tarragona, expuso que “el intrusismo y la publicidad engañosa son tipos delictivos de los llamados normas penales en blanco que dificultan la labor judicial debido a la indeterminación de la norma”. Por ello, afirmó que es necesaria una “mayor concreción” en los actos que corresponden a cada profesión sanitaria. Asegurando además que “los publicistas pueden ser responsables penales de estos delitos”.
Sanidad transfronteriza y turismo sanitario
Según se expuso, España se señala como un país con una situación privilegiada para que los países de la Unión Europea envíen sus pacientes para recibir tratamientos médicos, pero que para ello es necesaria la acreditación de calidad de centros basadas en auditorias de resultados. La promoción de la medicina transfronteriza debe realizarse a través de las embajadas y los servicios del Ministerio de Exteriores.
Medicamentos innovadores, genéricos y biosimilares
Una de las conclusiones de esta mesa fue que la innovación aporta valor y disminuye el coste global de tratamientos de enfermedades, cambiando el paradigma de muchas enfermedades que hasta ahora no tenían solución. En cuanto a los medicamentos biológicos y biosimilares no son sustituibles en ningún caso. Mientras que la intercambiabilidad es una competencia exclusiva del médico prescriptor, pues tienen un sistema específico de vigilancia. Por su parte, el Docto José Ramón Castillo, director del Centro Andaluz de Farmacovigilancia, destacó la importancia de que “profesionales, industria, pacientes y familiares de estos notifiquen cualquier sospecha de reacción adversa a medicamentos”, para evitar que se repitan en otros pacientes o reacciones más graves.
Interoperabilidad de la historia Clínica, de la receta electrónica y de la tarjeta sanitaria
Durante el debate político sanitario se puso de manifiesto que los mayores beneficiario de la interoperabilidad serán el paciente y los profesionales, evitando duplicidad de pruebas, gastos y aliviando las listas de espera, como una demanda de toda la sociedad. En el debate jurídico y político, representantes de PP, PSOE y Ciudadanos han manifestado que “no hay excusas” y que se deben buscar las razones por las que no se ha podido realizar hasta ahora y hacerlo por el bien de la sanidad.
Protección de Datos y programa de cumplimiento penal
Sobre este tema se destacó que el nuevo reglamento europeo de protección de datos exige una actuación proactiva en la protección de datos documentando los protocolos que se utilicen, analizando los riesgos, revisando medidas de seguridad y adoptando procedimientos escritos para el ejercicio de los derechos. Así mismo, se destacó la importancia de la elaboración de códigos de conducta para cada profesión que aúnen la normativa propia de las profesiones con la normativa general de protección de datos. Lo que supondrá la presunción del cumplimiento para los profesionales que se adhieran a dichos códigos.
En cuanto a los programas de prevención de delitos el fiscal jefe de la Audiencia de Málaga, Juan Carlos Caballero, señaló que el artículo 31 bis del código penal “contiene demasiados conceptos jurídicos indeterminados y normas penales en blanco lo que dificulta la seguridad jurídica”, pero sí está claro que las personas jurídicas pueden ser responsables penalmente y para evitarlo deben tener implantado un sistema de control particularizado al modelo de organización con una cultura ética y formal sometida a régimen disciplinario orientada a que se puedan evitar cometer delitos en su seno, sobre los delitos que se hayan identificado previamente en un mapa de riesgos.
Por su parte, Ricardo de Lorenzo, presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), en su ponencia de clausura señaló que “al existir un consenso científico de que en el balance riesgo-beneficio es positiva la vacunación del menor al prevalecer el principio de interés superior del menor identificado como su derecho Fundamental a la Vida y la integridad en relación a la protección de su salud”. Ante esto, expuso al debate la posibilidad de respaldar un principio de obligatoriedad de vacunación, con las excepciones pertinentes, incluso el paso a una concepción de medicina preventiva en la que los profesionales estén sometidos a este principio de obligatoriedad de vacunación. Dichas conclusiones del II Congreso Andaluz de Derecho Sanitario fueron elaboradas por el letrado del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, Manuel Pérez Sarabia.
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