La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales (AEDYGSS) ha propuesto la creación de una nueva figura jurídica de protección dirigida a las unidades familiares en riesgo de exclusión social y económica y ha alertado del riesgo que supone para la salud el actual contexto económico, en aquellas personas que se ven afectadas por situaciones críticas como desahucios y dependencia de subsidios
Madrid, 22 de febrero de 2012 (medicosypacientes.com)
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales (AEDYGSS) ha propuesto la creación de una nueva figura jurídica de protección dirigida a las unidades familiares en riesgo de exclusión social y económica y ha alertado del riesgo que supone para la salud el actual contexto económico, en aquellas personas que se ven afectadas por situaciones críticas como desahucios y dependencia de subsidios
Para el colectivo de profesionales de Servicios Sociales es urgente adoptar medidas de tratamiento de la insolvencia de particulares en la línea de todos los demás países de nuestro entorno para preservar la cohesión social, que según afirman “está en peligro”. La situación económica actual esta abocando a millones de personas a la insolvencia y a que se vean desposeídas de todos sus bienes presentes y futuros condenados a vivir de subsidios y de la economía sumergida, impidiéndose su reincorporación con normalidad a la vida social y económica.
José Manuel Ramírez, Presidente de AEDYGSS, afirma que estos problemas no son solamente de índole económica, social o judicial, también afectan a la salud de los españoles, especialmente a la salud mental, puesto que estas situaciones generan patologías de ansiedad, depresión e, incluso, en casos extremos, acabar en suicidio.
Esta asociación cuyo objetivo es la creación de una nueva figura jurídica para proteger a este colectivo de personas con problemas de exclusión, ha elaborado un documento que recoge que el tratamiento de la insolvencia deberá realizarse mediante fórmulas de mediación jurídicamente consolidadas y , en último caso, con la intervención judicial, para lo cual habría que modificar el marco legal en todo lo que fuera preciso para dar protección y seguridad jurídica tanto a acreedores como a deudores. Además considera que es necesario apoyar a las familias en estas situaciones desde todos los ámbitos para evitar que a la quiebra económica le siga indefectiblemente la quiebra anímica y moral que provoca el abandono por parte de los servicios públicos y la ausencia de futuro, situación que provoca graves daños en la salud de los afectados.
