La sentencia del Tribunal Supremo (TS) que ha dado la razón al Colegio de Médicos de Cantabria y ha puesto de manifiesto que el Servicio Cántabro de Salud (SCS) vulneró la ley al colgar en un tablón de anuncios de un centro de salud un listado con datos personales de los pacientes en tratamiento con metadona, ha puesto en valor «el papel garante de los colegios en la defensa de los derechos de los pacientes».
Santander, 10 de diciembre de 2012 (medicosypacientes.com)
Así lo ha manifestado el doctor Santiago Raba, actual Vocal de Médicos de Atención Primaria Rural del Colegio de Médicos de Cantabria y uno de los 8 facultativos que en 2006, denunciaron ante el Colegio de Médicos que en el centro de Atención Primaria de Santoña se había colgado una lista de los pacientes tratados con metadona en un tablón de anuncios, lo que vulneraba claramente su intimidad.
El Colegio de Médicos lo puso en conocimiento de la Agencia de Protección de Datos, quien atribuyó al Servicio Cántabro de Salud una falta muy grave, recogida en el artículo 10 de la Ley de Protección de Datos que establece el deber de secreto profesional del responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter personal.
El Gobierno de Cantabria, disconforme con esa resolución presentó un recurso, primero ante la Audiencia Nacional, que ratificó que el SCS había cometido una infracción muy grave, y después ante el Supremo, que ahora se ha pronunciado en el mismo sentido.
Seis años después y con la razón en la mano, el doctor Santiago Raba hace una reflexión para Médicos y Pacientes sobre el caso en la que pone en evidencia «las injerencias políticas en temas profesionales» y deja clara «la defensa ante esas injerencias que hace el Colegio de Médicos y su papel de garante de la independencia del médico así como la defensa de los derechos de los pacientes».
En su reflexión sobre los hechos, pide a la actual vicepresidenta del Gobierno de Cantabria y Consejera de Sanidad, María José Saénz de Buruaga, que actúe hasta donde sea posible para que el entonces gerente de atención primaria José Manuel Liendo no pueda volver a Cantabria.
A continuación, publicamos íntegramente su reflexión sobre los hechos.
«Demasiado lejos quedan ya los hechos por los que estos días el Tribunal Supremo nos acaba de dar la razón.
En ese ya lejano año 2006 nos enteramos por nuestros pacientes en Programa de reducción de daños que nuestro centro había sido elegido para pilotar un programa de dispensación de metadona.
A la lógica indignación de enterarnos de esa forma se unió el hecho de que habíamos denunciado en numerosas ocasiones la falta de seguridad en nuestro centro de trabajo, tras sufrir agresiones verbales continuadas, físicas en alguna ocasión y numerosos robos.
En esos casos, los abogados del Servicio Cántabro de Salud se personaban para reclamar los daños materiales del mobiliario teniendo que ser defendidos nosotros por los Servicios Jurídicos de nuestro Colegio.
Nuestra reacción inicial fue de oposición en tanto en cuanto no se dieran las condiciones de seguridad adecuadas tanto para guardar como para dispensar la metadona en nuestro centro de salud.
La respuesta vino en forma de descalificaciones públicas por parte de la entonces consejera de sanidad, Rosario Quintana, acusándonos en prensa de ser «malos profesionales»
Al exigir que se nos diera por escrito la orden de dispensar metadona, el gerente de atención primaria, José Manuel Liendo, persona de la máxima confianza de la consejera, se presentó en el centro de salud para darnos dicha orden personalmente (la cuál acatamos) y como le pareció poco, colgó dicha orden junto con una relación de pacientes (en la que figuraban además los motivos personales por los que no podían acudir a recoger su medicación en la fecha que les correspondía) en un tablón de anuncios del centro de salud, a la vista no sólo del personal no sanitario sino de todos los usuarios del mismo.
En cuanto los supimos nos pusimos en contacto con su inmediato superior, a la sazón, el Gerente del Servicio Cántabro de Salud, quien se desentendió del asunto.
Unos días más tarde el gerente de Atención Primaria se reunía en el centro de salud, a puerta cerrada, con los pacientes que figuraban en la lista expuesta al público. Por ellos mismos supimos poco después que el gerente había pretendido extraerles un consentimiento firmado para exponer sus datos con el pretexto de que si no, «iban a tener problemas de suministro de metadona»…no tragaron y confundidos, acudieron a quienes confiaban, sus médicos, y nosotros, a su vez, al único sitio en el que podíamos defender a nuestros pacientes y a nosotros mismos, al Colegio de Médicos.
Tras la denuncia del Colegio ante la Agencia de Protección de Datos, ésta falla que el SCS ha cometido una falta muy grave. Y aquí empiezan a asomar las miserias de las instituciones políticas de este país: la sanción lleva acarreada una multa de seiscientos mil euros, pero al ser una administración pública está exenta de multa (dando ejemplo…) y los servicios jurídicos del SCS, para no verse obligados a sancionar por dicha falta a los responsables de la misma, es decir, a sus gerentes, recurren, con el dinero de todos, primero a la Audiencia Nacional, que vuelve a fallar en su contra pero, como los gerentes aún ocupan sus cargos, vuelven a recurrir al Tribunal Supremo quien acaba de fallar también en su contra, pero ahora ya con el objetivo cumplido: ninguno de los dos gerentes (ni el del SCS ni el de A.P) ocupan ya dichos cargos.
O sea, que un gerente que viene de ser despedido de una comunidad por sus actuaciones, recala en otra comunidad autónoma, carnet de partido entre los dientes, para ocupar otro cargo de responsabilidad, cargo por el que su empresa acaba siendo condenada por falta muy grave y de ahí a otro cargo, a otra comunidad donde gobierne su partido, a liarla de nuevo. Así le va a la Sanidad en este país.
Por supuesto hubo represalias para el Colegio en forma de suprimir la colegiación obligatoria en Cantabria (que el nuevo equipo de Gobierno ha restituido) que apenas tuvieron repercusión pues fue insignificante el número de colegiados que se dio de baja, pues los médicos fueron plenamente conscientes de que el Colegio nunca había tenido tanto sentido como lo estaba teniendo en ese momento.
En cualquier caso, aquí se demuestra la importancia de contar con Colegios Profesionales independientes, libres de injerencias políticas, cuya única razón de ser y actuar sea la defensa de la profesión médica, de sus profesionales y muy especialmente de la calidad de la atención que reciben nuestros pacientes y de sus derechos.
Sólo espero que la actual vicepresidenta del Gobierno de Cantabria y Consejera de Sanidad, María José Saénz de Buruaga, que en su día desde la oposición denunció todas estas barbaridades en el parlamento regional, actúe contra aquellos gerentes para que no vuelvan a ocupar cargos de responsabilidad en la sanidad cántabra.
Años después de aquellos sucesos fui elegido vocal de Atención Primaria del Colegio de Médicos de Cantabria, cargo que ahora desempeño con orgullo. No debe olvidársenos que mantener y hacer que los Colegios sirvan para aquellos fines para los que fueron creados es tarea de todos y cada uno de nosotros a través de nuestra participación».
