La OMC y la Universidad de Granada lideran desde hace años un programa para la lucha contra el tráfico de órganos

 

Tal y como explica, en este momento se está coordinado desde la OMC y la Universidad de Granada con los organismos equivalentes a la OMC española de países como India, Tailandia, Rep. Sudafricana, Brasil y México para establecer programas piloto.

 

Además, fue acogido con «esperanza» y «satisfacción» en una asamblea de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA), presentado de la mano de la embajada española.

 

 

Estamos trabajando para poder establecer una trazabilidad genética de los órganos trasplantados, de tal modo que en todo momento y de forma sencilla y directa se pueda comprobar -en caso de duda o exigencia legal- de quién es el órgano trasplantado y en qué persona está.  

 

Se hace de un modo muy sencillo, ya que básicamente consiste en tomar por contacto gotas de sangre y depositarlas en un soporte adecuado tanto de la persona donante como de la receptora, así como del órgano que se trasplanta, para que quede unido a la historia clínica y a una base de datos nacional.

 

Esto ofrece una seguridad adicional a pacientes y profesionales. Este tema es especialmente importante en el contexto de algunos países donde no hay sistemas tan acreditados como la ONT española. En España es, a veces, difícil de entender que estos problemas se dan en otros lugares y que pueden repercutirnos indirectamente, pero los trasplantes ilegales caen dentro del concepto de crimen organizado supranacional, y deben ser comprendidos y abordados, si queremos tener éxito, coordinadamente por todos los países.

 

 

El principal objetivo es prevenir y dificultar el tráfico de órganos, poniendo medios científico técnicos al alcance de los profesionales médicos (y policiales, llegado el caso). Hoy en día, una simple falsificación documental, una firma falsa en un certificado, en un papel falso, permite hacer trasplantes ilegales en una serie de países que son conocidos por practicar un número desproporcionado de trasplantes y por ser origen de órganos para trasplantar, los que son destino del “turismo de trasplantes”.

 

En este momento estamos coordinando desde la OMC y la Universidad de Granada con los organismos equivalentes a la OMC española de países como India, Tailandia, Rep. Sudafricana, Brasil y México para establecer programas piloto.

 

 

Los retos pasan, obviamente, por dos instancias diferentes en todo el mundo. Primero por la medicina y los médicos (y muy especialmente todo lo que hay alrededor, como las empresas que gestionan hospitales y las compañías de seguros) sean conscientes de la gravedad del delito y de los problemas sanitarios y no sanitarios que ocasiona.

 

La profesión médica, plenamente consciente del problema, promovió la llamada “Declaración Internacional de Estambul” en 2008, sobre el tráfico de órganos y el turismo de trasplantes. En segundo, lugar, por facilitar la posibilidad de una prevención y facilitando a los investigadores policiales y sanitarios su actividad, entre otras cosas generando métodos de trazabilidad e identificación de los órganos trasplantados donde haya dudas de su origen o de los medios empleados.

 

Las cifras de este tipo de delitos son siempre inexactas, pero según datos de la propia OMS, se estima que del 8% al 10% de todos los órganos trasplantados en el mundo se hacen de modo ilegal.

 

 

Pues un papel clave, para lo bueno (que es el 90-92% de los casos), y para lo malo, que es el 8-10% de los casos restantes. En todo caso y de modo global, más del 99.9% de los médicos del mundo ejercen su actividad sin haber participado jamás en este tipo de delito. Dicho esto, es imposible que haya trasplante de órganos sin intervención médica, aunque sí es posible engañar a los médicos en algunos contextos, de modo que extraigan o implanten un órgano sin saber de la ilegalidad del proceso.

 

 

Fue recibido con esperanza y con satisfacción, pues es una muestra de cómo la ciencia (en este caso la genética) puede ir de la mano de la medicina para prevenir y luchar contra un delito que ya existe y que va en aumento por causas demográficas y de expectativas de vida mayores con enfermedades crónicas concomitantes. Es algo nuevo que puede ayudar mucho en algunos casos, no va a solucionar lamentablemente el problema, pero ayudará y dará seguridad jurídica a los médicos en caso de que sean denunciados y hayan sido engañados.

 

 

El tema del tráfico de órganos y trata de personas es muy grave, va en aumento y seguirá haciéndolo a lo largo de los próximos años de no implantarse medidas oportunas en los países de origen. Su prevención y abordaje es multidisciplinar, se trabaja mucho en ello, pero las mafias del crimen organizado, que obtienen enormes beneficios, suelen ir muchas veces por delante. Hay que usar todos los instrumentos y medidas disponibles, y la medicina juega un papel relevante, ya que los médicos podemos atender a personas que están siendo sometidas a explotación, o al menos lo podemos sospechar, y hay que actuar. En el caso de los niños, programas como DNA-PROKIDS ya están humildemente a luchar contra esta lacra.

 

 

En este momento, al estar en un proceso de coordinación con los diferentes entes colegiales médicos de diversos países ya mencionados, no hemos solicitado aún un apoyo directo al Gobierno de España, aunque este programa se presentó en la sede de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) en Viena con el apoyo de nuestra Embajada allí, por lo tanto por gestiones del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. En un futuro muy próximo haremos un plan de trabajo con expresa solicitud de apoyo a los Ministerios de Asuntos Exteriores y Cooperación y de Sanidad, de la mano de la ONT.

 

 

Es una buena noticia por dos cosas. Primero, porque de modo indirecto reconoce que hay problemas que hay que abordar y “canalizar” adecuadamente. En segundo, porque ayudará a dar seguridad jurídica a los médicos y profesionales sanitarios que intervienen de buena fe en todos estos procesos. Ojala la OMC pueda aportar sus conocimientos y experiencias.

 

 

Básicamente al reto de la puesta en marcha en países donde estos problemas se dan de modo permanente y evidente. Tenemos a nuestro lado, colaborando, a las organizaciones médicas colegiales de esos países, pero hay que coordinarse con autoridades judiciales, respetar los marcos legales de cada país (protección e datos, consentimientos informados, etc.) y coordinarse también con las policías. 

 

No olvidemos que, además, para terminar y como “guinda”, nos enfrentamos a mafias organizadas que obtienen grandes beneficios con este tema, por lo que hay que ser prudentes en todo lo que se haga.

 

En todo caso, para el año 2019 queremos comenzar al menos 2 estudios preliminares o de pilotaje, uno en Latinoamérica y el otro en Asia.