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Domingo, 14 Agosto 2022

El turismo sanitario, en el punto de mira de la reforma del SNS

23/04/2012

El tema del turismo sanitario ha sido objeto de debate en los últimos días a raíz de la inclusión de su gestión en las últimas medidas de ahorro anunciadas por el Gobierno en el último Consejo de Ministros, celebrado el pasado viernes, día en el que también se habló sobre cuestiones relativas al mismo durante la Jornada celebrada en la sede de la OMC sobre “Médicos y medios de comunicación”. En esta ocasión, el doctor Gregorio J. Gómez Bajo, secretario de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, vocal de hospitales del Colegio de Médicos de Albacete y secretario general del Consejo de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha, ofreció su opinión al respecto y su incidencia en una especialidad como la Cirugía Plástica y Estética

Madrid, 23 de abril 2012 (medicosypacientes.com)

El tema del turismo sanitario ha sido objeto de debate en los últimos días a raíz de la inclusión de su gestión en las últimas medidas de ahorro anunciadas por el Gobierno en el último Consejo de Ministros, celebrado el pasado viernes, día en el que también se habló sobre cuestiones relativas al mismo durante la Jornada celebrada en la sede de la OMC sobre “Médicos y medios de comunicación”. En esta ocasión, el doctor Gregorio J. Gómez Bajo, secretario de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, vocal de hospitales del Colegio de Médicos de Albacete y secretario general del Consejo de Colegios de Médicos de Castilla-La Mancha, ofreció su opinión al respecto y su incidencia en una especialidad como la Cirugía Plástica y Estética.

El doctor Gómez Bajo explicó las distintas vertientes de este turismo sanitario, desde su punto de vista. Por una parte, están los pacientes de otros países que utilizan los servicios sanitarios para intervenciones quirúrgicas que no pueden hacerse en sus lugares de origen, abundando este tipo de casos en comunidades autónomas como la Valenciana y la Andaluza. En este sentido, recordaba recientes informaciones publicadas en medios de comunicación referidas en este caso a Reino Unido “que alecciona a sus habitantes sobre cómo hacer uso de la sanidad española, según el mensaje que transmite la embajada inglesa”.

Otra de las vertientes comentada por este ponente es la de pacientes de otros países que vienen a operarse a España, poniendo como ejemplo casos de cirugía estética, por el abaratamiento de costes. Según señaló, “esto no favorece a nuestro sistema, muchas veces traen sus propios cirujanos e, incluso, sus propias enfermeras, no es ni mucho menos un modelo que sirva para el desarrollo del país ni para la recuperación económica, sino para dar una imagen cuanto menos empobrecedora”.

También aludió a otro tipo de casos que se dan con frecuencia por el abaratamiento de prestaciones sanitarias en otros países sudamericanos con respecto al nuestro, hay  pacientes españolas que optan marcharse para ser intervenidas a precios más asequibles, y al poco tiempo acuden a las consultas de urgencias de la Sanidad pública, por lo general, demandando asistencia ante las secuelas resultantes de dichas intervenciones.

Cabe recordar que la pasada semana la propia ministra de Sanidad hacía referencia a un informe elaborado por el Tribunal de Cuentas en 2011 que alertaba sobre el uso de la sanidad por parte de los extranjeros, y al que también aludió el secretario general de la SECPRE, por el gasto que le supone al erario público, destacando la cifra de que 127.692 pensionistas extranjeros empadronados en nuestro país por los que España no percibe ninguna cuota. De ahí la decisión del Gobierno ante al parecer error legal de tomar medidas restrictivas contra el turismo sanitario para ahorrar 1.000 millones de euros.

En este sentido, el recién aprobado Real Decreto de reforma del Sistema Nacional de Salud establece por primera vez controles para evitar el denominado “turismo sanitario” y el uso fraudulento por parte de ciudadanos extranjeros de los servicios de salud. Para ello, se adapta de forma correcta la normativa europea, que permite la libre circulación, pero prohíbe explícitamente desplazarse a otro estado miembro con el único objetivo de recibir asistencia sanitaria. El hecho de no haber llevado a cabo estas modificaciones legislativas antes ha impedido que se pueda facturar a su país de origen la atención de unos 700.000 extranjeros al año, lo que ha ocasionado un gasto de 917 millones de euros en un solo año, de acuerdo con el Tribunal de Cuentas.