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El PSOE demanda una nueva Estrategia de Salud Mental de carácter público, universal y multiprofesional

El Grupo Parlamentario Socialista tiene previsto defender este miércoles en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que pide al Gobierno que elabore una nueva Estrategia de Salud Mental, «bajo principios de universalidad, equidad, eficiencia, solidaridad e integración»

 

Madrid, 18 de noviembre 2014(medicosypacientes.com/servimedia)

El Grupo Parlamentario Socialista tiene previsto defender este miércoles en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley en la que pide al Gobierno que elabore una nueva Estrategia de Salud Mental, «bajo principios de universalidad, equidad, eficiencia, solidaridad e integración».

La propuesta, que el PSOE defenderá, previsiblemente, este miércoles en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la Cámara Baja, se hizo pública el Día Mundial de la Salud Menntal, el pasado 10 de octubre, cuando la presentó en el Congreso el portavoz de Sanidad del PSOE, José Martínez Olmos.

En ella, los socialistas abogan por que la Estrategia en Salud Mental se inserte en un sistema sanitario determinado por «el carácter público de todos los bienes y servicios sanitarios, tanto en su titularidad como en su gestión».

El objetivo de esa estrategia ha de ser, según señala el texto, «revitalizar la salud mental con un enfoque multidimensional, una respuesta multiprofesional, una orientación asistencial comunitaria».

A lo que se suma «con la debida continuidad de cuidados, con la necesaria atención y apoyo en el ámbito domiciliario, con prestaciones y servicios alternativos a la institucionalización, y dando un papel imprescindible a las intervenciones psicológicas y psicosociales y al trabajo de prevención, frente al empobrecimiento terapéutico y la respuesta farmacológica como principal instrumento».

El Grupo Socialista también propone dotar a la estrategia de los recursos necesarios «para hacerla realidad en un horizonte temporal desde 2015 a 2020».

A juicio de Martínez Olmos, esta medida es necesaria por «el deterioro de la calidad de la atención a la salud mental, los procesos de privatización de la gestión de los servicios sanitarios en algunas comunidades autónomas y la falta de priorización de la estrategia de salud mental en los últimos tres años».

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