El Grupo Parlamentario Socialista (GPS) ha presentado en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley sobre universalización del derecho a la asistencia sanitaria, una de las primeras propuestas que ha realizado en la XI Legislatura que comenzó el pasado día 13
Esta propuesta socialista, hecha al amparo de lo establecido en el artículo 149 de la Constitución, expresa que el objeto de la misma es universalizar la asistencia sanitaria pública, ampliando el ámbito subjetivo del derecho a la protección de la salud con fondo públicos que fue “profundamente modificado” en la Legislatura anterior mediante el Real Decreto-ley 16/2012, no solo desde el punto de vista conceptual, a través de la figura del “asegurado” como titular del derecho a la asistencia sanitaria, sino también por la “restricción de las personas que hasta entonces disponían de cobertura sanitaria pública”.
En la Proposición de Ley se expone que este Real Decreto “dejó sin cobertura sanitaria directa a los profesionales y a todos aquellos que no tengan vínculo alguno con la Seguridad Social –e, incluso, a los descendientes de asegurados mayores de 26 años-, cuyos ingresos superen un determinado límite que la norma no precisa” y considera que “lo más grave” fue la “expulsión” de la cobertura pública sanitaria de los extranjeros sin permiso de residencia, con las “graves consecuencias que implica en términos de salud individual, salud colectiva o salud pública, además del recorte de derechos que supone y que no respecta principios constitucionales como es el de la dignidad de la persona”.
El GPS expone que este Real Decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad de las prestaciones, volvió a vincular el derecho a la asistencia sanitaria pública gratuita con la Seguridad Social, retrocediendo en el lago camino recorrido desde la aprobación de la Ley General de Sanidad de 1986 y las posteriores reformas legislativos, cuyo último paso para desvincular a la sanidad de la Seguridad Social fue la Ley General de Salud Pública de 2011, que consiguió conectar la titularidad universal del derecho a la protección de la salud con la gratuidad de la asistencia sanitaria pública, culminando el proceso de universalización plena de la asistencia sanitaria con fondos públicos.
Recuerda los “numerosos pronunciamientos” de organismos internacionales contra esta reforma sanitaria de 2012, alertando sobre los riesgos en salud, e incluso, sobre un posible incremento de costes sanitarios. Entre estos pronunciamiento, recoge el del Consejo de Europa que advirtió que la decisión del Gobierno español de entonces era contraria al derecho europeo, recordando que los Estados “tienen la obligación de prestar asistencia sanitaria a los ciudadanos independientemente de su estatus de residencia, porque la salud es un requisito previo para la dignidad humana y el cumplimiento de los derechos humanos obliga a preservarla”.
Por todo ello, la Proposición de Ley del GPS pretende recuperar, tras el “retroceso” que ha supuesto el referido Real Decreto-Ley”, la “universalización de la cobertura sanitaria pública, para lo cual propone la modificación de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, así como el artículo 12 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Sobre la primera, propone la modificación del artículo 3 sobre los Titulares de los derechos a la protección de la salud y a la atención sanitaria que serán “todos los españoles y extranjeros en el territorio nacional” según lo previsto en el artículo 12 de la Ley Orgánica de 2000 que, la Proposición de Ley, establece que son aquellos que “se encuentren en España, inscritos en el padrón del municipio en el que tengan su domicilio habitual”.
También propone que “los extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a la asistencia sanitaria pública de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, y a la continuidad de dicha atención hasta la situación del alta médica”.
Tendrán derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles, según esta Proposición, los extranjeros menores de 18 años que se encuentren en España. Y las extranjeras embarazadas que se encuentren en España tendrán derecho a la asistencia durante el embarazo, parto y postparto.
También propone que se extiendan las prestaciones de la asistencia sanitaria por el SNS, con las aportaciones que reglamentariamente se determinen, a quienes ejerzan una actividad por cuenta propia en los términos expresados en la disposición adicional decimoquinta de la Ley 30/1995 de ordenación y supervisión de los Seguros Privados y hayan optado, de acuerdo con las previsiones contenidas en el citado precepto, a la Mutualidad de Previsión Social que pudiera tener establecida el correspondiente Colegio Provisional.
(Se adjunta texto completo de la Proposición de Ley)
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