La posición privilegiada que tiene el médico desde su consulta a la hora de detectar y denunciar la violencia de género le obliga a adoptar un papel activo a la hora de alertar y proteger a la víctima y estudiar al agresor, según se puso de manifiesto en la mesa dedicada a este tema en el marco del VI Congreso de Deontología Médica, celebrado en Badajoz
En la mesa, que estuvo moderada por el Dr. Mariano Casado, presidente de la Comisión de Deontología del Colegio de Médicos de Badajoz, participaron Javier Sádaba, catedrático honorario de Ética de la Universidad Autónoma de Madrid; la Dra. María Castellano, catedrática de Medicina Legal; e Inocencia Cabezas, fiscal delegada de Violencia de Género.
La Dra. Castellano subrayó que la postura del médico ante la violencia de género debe ser “un deber moral individualizado con la persona que tenemos delante”. El procedimiento médico en la asistencia sanitaria tiene que ser la relación personal entre el médico y el paciente, partiendo del juicio crítico y cuando el facultativo se encuentra ante este escenario “la confianza es esencial para abordar y detectar esta problemática”, por lo que “la mujer tiene que encontrar una situación favorable para reconocer lo que muchas veces se niega”.
Explicó que hay que analizar las lesiones y lo que las provoca, para aplicar el tratamiento médico que desde la ciencia médica se recomiende. Para ello, “hay que realizar un análisis de la situación que tenga como objeto la protección de la víctima ante nuevas agresiones”, incidió la Dra. Castellano. La experta destacó la importancia de “aportar a la agredida una seguridad que en ese momento puede no tener. Por este motivo, el análisis de la situación debe ser personalizado, desde una perspectiva personal, familiar e individual” y destacó que algunos síntomas como depresión o trastornos psicosomáticos deben servir para que el médico preste especial atención a un contexto que puede derivar de violencia en el domicilio.
La Dra. Castellano expuso que también hay que valorar el papel de los hijos de la víctima dependiendo de la edad que tengan, “como víctimas indirectas cuando son testigos del daño que sufre la mujer, en ocasiones, también son agredidos directamente, pero aún son más graves los casos en los que el agresor acaba, incluso, con su vida, como mecanismo indirecto para destrozar a la mujer”.
La catedrática de Medicina Legal subrayó que estos casos cobran especial importancia cuando la situación de violencia se hace pública, “por un altercado que trasciende a los vecinos o sucede en la calle, o cuando la mujer necesita asistencia sanitaria por las lesiones que sufre, mientras que la denuncia directa y valiente de la mujer suele necesitar de apoyo familiar o social”.
La denuncia que lleva a la judicialización del caso, significa un nuevo escenario de riesgo para la mujer. El agresor descubierto, desacreditado socialmente, o desesperado por las medidas punitivas que se le imponen de inmediato puede reaccionar con una actitud de odio, resentimiento, orgullo, venganza. Por esta razón, la Dra. Castellano destacó que “el agresor debe ser estudiado desde la Medicina y Psicología Forense para determinar su peligrosidad».
“Si a esto se une depresión y situación de ansiedad, el riesgo para la seguridad y la vida de la mujer aumenta de manera importantísima, porque el agresor puede proponerse acabar con la vida de la mujer, sin importarle, en ocasiones, la suya propia”, aseguró.
Respecto al Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2018, argumentó que desde el punto de vista médico, puede ser criticable el introducir como diagnóstico diferenciado del de otras patologías el de “violencia de género”, porque este concepto es médico-jurídico y social. “Sí es obligación del médico reconocer unas lesiones, como sospechosas de tener un origen violento y de ocurrir en el ámbito familiar, e incluso el hecho de estar ocasionadas por el hombre, pero debe ser su información clínica, la que lleve a la justicia etiquetar la situación de “violencia de género”, conforme a las leyes y a la realidad de los hechos, afirmó.
El médico tiene autoridad para denunciar episodios de violencia de género
Javier Sádaba señaló que la ética tiene “distintos códigos morales” y expuso que “existe una ley que equilibra, que discrimina positivamente y es beneficiosa” sobre violencia de género. Para tratar este problema, “es importante que el médico esté bien informado y conocer los hechos”, expuso.
El filósofo comentó que respecto a la relación del médico con la violencia de género “hay que tener en cuenta que la actividad de los profesionales es amplia y compleja, pero para abordar estas situaciones es preciso que conozca los pormenores y enfocarlo desde su ‘cultura moral’ y los principios que aplica a su saber”. Añadió que “la bioética debe tratar estas cuestiones en su parte más humanista, teniendo en cuenta su perspectiva científica, que es lo que suele faltar”.
Inocencia Cabezas, fiscal delegada de Violencia de Género, explicó la responsabilidad del médico ante la violencia de género e hizo hincapié en que si no actúa con diligencia puede incurrir en responsabilidad penal, por eso “debe tener absoluto compromiso en la prevención” para lo que es imprescindible que los profesionales de la salud tomen conciencia que la detección de la violencia de género y la atención a las víctimas forma parte de su papel profesional.
La comunicación y la denuncia a la autoridad competente de los datos vinculados a la violencia de género obtenidos en el contexto de la asistencia sanitaria forman parte de la atención y tratamiento debidos a la paciente víctima de este tipo de violencia. Es una responsabilidad profesional individual y colectiva la formación de los profesionales para ser capaces de actuar de forma eficaz con las víctimas y con otros profesionales que intervienen en la atención. La ley define a los médicos y al resto del personal sanitario como agentes cualificados en la lucha contra la violencia de género. Esta definición exige del personal médico un compromiso decidido para formarse, estar alerta y actuar activamente en la prevención, detección, asistencia y tratamiento de los casos de violencia de género.
