El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, presentó en Córdoba el Protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para actuar contra las agresiones a sanitarios, “una propuesta con la que el Gobierno de España y el Ministerio del Interior demuestran que no miran para otro lado frente al problema del incremento de las agresiones a profesionales sanitarios”. Para la Dra. Rosa Mª Marín, miembro del Observatorio de Agresiones a Médicos de la Organización Médica Colegial (OMC) y secretaria general del Colegio de Médicos de Córdoba, “el protocolo de Interior contra las agresiones a sanitarios es el paso más importe tras considerar al médico autoridad”
En relación a ello, el secretario de Estado de Seguridad aseguró que con las medidas incluidas en dicho protocolo se acabará con las agresiones a los profesionales sanitarios «en breve tiempo», a la vez que señaló que no se pueden tolerar las reacciones violentas, pues los usuarios tienen muchas opciones para «presentar una queja», si ese fuera el caso, no estando justificada en ningún caso una agresión, que ahora «se encontrará enfrente» a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Entre las medidas que se van a llevar a cabo, la Dra. Marín destaca “la ronda de vigilancia que se hará en los puntos conflictivos de los centros sanitarios públicos y privados y que se intensificará en los puntos de Urgencias”. Así, comentó que “hemos estado luchando para que las agresiones disminuyan y estas acciones desarrollan una labor preventiva. Por este motivo, en el caso de que se produzca una agresión, se pondrán en marcha todos los mecanismos de los que disponemos lo más rápidamente posible”.
En opinión de la Dra. Marín, la figura de Interlocutor Policial Territorial para erradicar las agresiones a sanitarios servirá para que los profesionales “se sientan respaldados por las Fuerzas de Seguridad del Estado” y añadió que “si les necesitamos, estarán cerca y podrán atajar enérgicamente el problema que tenemos”.
La colaboración y el contacto constante del Observatorio de Agresiones de la OMC con las instituciones vuelve, así, a dar frutos en el ámbito de la seguridad, tal y como ocurrió con el trabajo, junto al ministerio de Justicia, para que se reformara el Código Penal con el fin de calificar las agresiones a sanitarios, en su función de servicio público, como atentado a la autoridad. Un logro al que aún le falta equiparar todas las agresiones como atentado a la autoridad, independientemente de que el ejercicio de la profesión se realice en el ámbito público o privado. En todo caso, la cooperación está en la base del Protocolo, ya que, tal y como explicó Carlos Serra Uribe, comisario del Cuerpo Nacional de Policía y coordinador de la iniciativa, dentro del Protocolo, se colaborará especialmente con la Organización Médica Colegial (OMC), además del Ministerio de Sanidad, la Fiscalía y otras altas instituciones.
Aparte de la prevención, la Instrucción 3/2017 también contempla la recopilación de los datos de todas las agresiones a todas las secciones de la profesión sanitaria en todas las autonomías para elaborar un mapa de riesgo y, sobre todo, para poder abordar una evaluación periódica de necesidades. En este sentido, Carlos Serra señaló que, en el último lustro, el incremento de las agresiones a personal sanitario ha sido de más del 30% y que, en ese mismo periodo de tiempo, se han denunciado más de 3.000 casos. En cuanto al perfil habitual de la víctima, suele ser una mujer, de mediana edad y que trabaja en atención primaria o urgencias.
El acto de presentación del secretario de Estado de Seguridad, al que también acudió la delegada de Salud de la Junta de Andalucía, Mª Ángeles Luna, y el subdelegado del gobierno en Córdoba, Juan José Primo, contó con una nutrida representación de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, colegios profesionales relacionados con la sanidad (medicina, enfermería, farmacia, odontología, veterinaria…), sindicatos sectoriales, responsables de servicios de emergencias y de hospitales, tanto públicos (Reina Sofía) como privados (San Juan de Dios, Cruz Roja y La Arruzafa), y de la Universidad de Córdoba.
