¿Es la irracionalidad farmacológica el nuevo enemigo de un sistema sanitario universal? como plantea la autora de este artículo, la Dra. Mónica Lalanda, quien defiende, además, que la «justicia» no se logra con igualdad matemática sino con equidad, protegiendo al mas débil y dando a cada uno lo que necesita
Madrid, 28 de enero 2015 (medicosypacientes.com)
«Hepatitis C: ética, profesionalidad y justicia distributiva»
Dra. Mónica Lalanda. Médico de Urgencias. Miembro de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Segovia.
La labor del médico es curar y cuando esto no es posible, cuidar y acompañar. Nuestro objetivo es claro y nuestros principios, ancestrales. Desde los tiempos de Hipócrates nuestras responsabilidades y compromisos han variado poco: la integridad, la honradez, la veracidad, la empatía y todo regado con un toque de altruismo.
La profesión médica está al servicio del ser humano y de la sociedad a la que atendemos y no cabe discriminación alguna entre nuestros pacientes. La primera lealtad del médico es la que debe a su paciente y a la salud de este.
Sin embargo, una sociedad cada vez más compleja y mas llena de intereses hacen que la esencia de lo que hacemos sea más difícil de llevar a cabo y los límites del bien y del mal, mas borrosos.
Imaginemos un paciente que acude a nuestra consulta, hablamos, exploramos, realizamos un diagnóstico y explicamos e instauramos un tratamiento. Hasta aquí todo correcto. Hemos aplicado los principios básicos de la bioética, la beneficencia, la no maleficencia y la autonomía. De hecho, al cabo de una consulta completa y tras haber visto a varios pacientes, habremos aplicado el cuarto principio, el de justicia, un principio que exige tratar a todas las personas con la misma consideración y sin discriminaciones.
Reflexionemos sobre este último principio, quizás el mas complejo y uno que requiere una mirada de pájaro a lo que hacemos no solo a nivel individual pero también por servicio, centro, provincia, autonomía y país. La aplicación de la justicia no se logra con igualdad matemática sino con equidad, protegiendo al mas débil y dando a cada uno lo que necesita. Esto en tiempos de bonanza no resulta difícil pero en momentos de crisis, está en continuo riesgo. Ya en los últimos años nuestra profesión se ha movilizado con fuerza y entusiasmo contra la amenaza de la privatización de un sistema universal o contra una ley que quiere dejar a los inmigrantes sin cobertura.
Pero todo se va complicando, los recursos cada vez más limitados del sistema sanitario nos obligan a levantar la mirada por encima de cada paciente individual y considerar este reparto de necesidades con mucho mayor mimo. Y esa encrucijada nos coloca ante un nuevo abismo, un tratamiento aparentemente curativo para un paciente nos obliga a aplicar los principios de beneficencia, no maleficencia y autonomía y recetarlo……pero, entonces estaremos cumpliendo con el principio de justicia?
Parece que el nuevo tratamiento combinado para la hepatitis C costaría entre 40.000 y 50.000? por paciente y que habría en España unos 700.000 pacientes que lo necesitarían. Esto supone una cantidad tal, que haría tambalear los recursos del sistema sanitario, cuyo gasto principal dejaría de ser el de todo el personal, y pasaría a ser el farmacológico. Es decir que si a un paciente le prescribimos las pastillitas de Gilead, quizás estemos impidiendo que haya suficientes recursos ( a medio plazo) para esos otros pacientes que requieren un medico, un enfermero, una prótesis de cadera, un tratamiento oncológico o un trasplante. Nos enfrentamos al dilema de la justicia distributiva.
Un médico de a pie no debería tener que preocuparse de esos aspectos que conllevan problemas administrativos o de macroeconomía, de hecho el principio de Justicia debería jugarse siempre fuera de la mera interacción clínica médico-paciente. Pero sí es un deber deontológico prescribir con responsabilidad y moderación y es la administración quien debe asegurar la sostenibilidad del sistema.
Resulta descorazonador que la industria farmacéutica, haya puesto un precio tan increíblemente desorbitado a un fármaco cuya producción cuesta entre 50 y 100? por paciente. Aluden a la investigación de años y sin duda esto requiere un pago, pero cuando hablamos de estas cifras astronómicas, entramos en el campo de un lucro antisocial y falto de toda conciencia. No olvidemos además, que mucha de la investigación es realizada y sufragada por profesionales y recursos públicos y sobre pacientes públicos, que la industria farmacéutica goza de beneficios fiscales superiores a otro tipo de industria, que aprovechan un sistema de patentes único y que casi un 40% de sus gastos no se vuelcan en investigar nuevos productos sino en el marketing de los mismos.
El gobierno nos tranquiliza tomando las riendas, crean un comité «de expertos», un grupo de asesores que decidirán qué pacientes necesitan realmente el tratamiento. Aquí se nubla aun más la situación al hacerse público que todos los miembros de ese comité reciben de una u otra manera compensación por parte de la empresa farmacéutica que produce el fármaco sobre el que ellos tiene que decidir. Es difícil esperar objetividad con tamaño conflicto de intereses. Es humano. Nos queda, sin embargo demasiado cerca el caso del Tamiflú y los expertos con conflictos de intereses de la OMS que aconsejaron su uso. No entro a poner en duda la efectividad de nuevo tratamiento de la hepatitis C aunque admito que me incomoda, incluso me alarma que el British Medical Journal y Prescrire (boletín farmacoterapeútico de prestigio internacional) estén poniendo de manifiesto que su evaluación es todavía incompleta.
Quizás podríamos esperar que sea el propio gobierno quien presione para que los precios sean asequibles, para evitar que se desequilibre el sistema; desafortunadamente, llega una nueva vuelta de tuerca……, el ministro de sanidad en vez de cargar contra quien parece responsable y exigir sensatez en los precios de un producto que pueden poner en jaque la economía ya maltrecha de nuestra sanidad, declara sin pestañear, que «la innovación hay que financiarla». Esta afirmación, que por otro lado es obvia, ¿qué quiere decir?, porque el problema es ¿cuánto vale?, pero después de comprobar exactamente ¿para qué vale?. Por cierto señor Ministro, también hay que financiar el trabajo intelectual desarrollado por los demás profesionales del SNS, no solo a las rentas del capital como parece preocuparle en el caso que nos ocupa.
Pero vivimos tiempos complejos en los que los médicos hemos perdido la confianza en la administración, siendo nosotros mismos, nuestros salarios, y nuestras condiciones laborales víctimas del mal hacer de un gobierno. Es difícil no considerar que todo esto pudiera ser una manipulación oscura para atentar contra esta sostenibilidad, una maniobra que no encontraría a su paso mareas blancas. Ningún médico podría levantarse contra el beneficio de sus propios pacientes, ningún médico elevaría la voz contra los afectados del virus de la hepatitis C. Para los médicos, los pacientes tienen cara, nombre y apellidos. ¿Es posible que se esté utilizando esta pasividad? ¿Es la irracionalidad farmacológica el nuevo enemigo de un sistema sanitario universal? Esto sería solo el principio del fin si la ciencia encuentra por fin una cura contra el Alzheimer o el cáncer y la gran industria farmacéutica lo comercializa a precios completamente imposibles. Quizás vamos camino de una sociedad en la que solo los pudientes serán sanos porque serán los únicos que puedan pagarse sus remedios. Quizás lo que se esté provocando sea, que fracasen la respuesta colectivas que ofrece para todos el SNS, es decir que fracase la justicia distributiva
Pero para añadir ese toque kafkiano que tiene todo lo español, el tratamiento de la hepatitis c ha sido enarbolado como bandera por partidos de la oposición que sin objetividad ninguna disparan sus proyectiles contra el gobierno, que de momento no acaba de decidirse a dar paso a esa financiación ante un precio exagerado. Quizás si se unieran fuerzas, se podría presionar a que los laboratorios responsables recobraran la sensatez, pero no. Si uno dice blanco, el otro dice siempre negro, qué más da, todo vale con el fin de obtener ventajas políticas.
Dice el código de deontología:
«Siendo el sistema sanitario el instrumento principal de la sociedad para la atención y promoción de la salud, los médicos han de velar para que en él se den los requisitos de calidad, suficiencia asistencial y mantenimiento de los principios éticos. Están obligados a denunciar las deficiencias en tanto puedan afectar a la correcta atención de los pacientes»
Si la Big Farma insiste en poner precios impagables a fármacos necesarios, si por esa avaricia sin límite consiguen que el SNS se ponga en peligro, pasarán de ser aliados a ser enemigos de los pacientes y sus médicos. Esto sí es denunciable y quizá una nueva marea blanca en contra de la industria debería ser el siguiente paso.
Las plataformas de pacientes que presionan al gobierno a que paguen cifras astronómicas por sus tratamientos confunden el objetivo de sus demandas. La presión debe ser para exigir una bajada en el precio y no a que el gobierno busque la ruina de todo el SNS. Aunque si realmente hay una conspiración entre el gobierno y la industria farmacéutica para aliarse, hundir y después privatizar la sanidad pública, la solución está cerca, hay elecciones generales a la vuelta de la esquina. Solo queda esperar.
