La Dra. Sonsoles Castro, representante nacional de médicos de Administraciones Públicas, expuso ante el Pleno del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) la situación de la sanidad penitenciaria, de la que aseguró que “hace aguas y los médicos de prisiones están dispuestos a ir a una huelga indefinida porque en tres años se ha pasado de 411 a 212 médicos en el ámbito de la sanidad penitenciaria”
La Dra. Castro hizo hincapié en que en apenas tres años se ha pasado en este ámbito de 411 profesionales a 212, siendo el 90% mayor de 50 años y el 35% en condiciones de jubilación, para una población de 58.000 reclusos. Además, destacó que en la última convocatoria hubo 31 plazas para cubrir por interinos y solo se presentaron 12 solicitudes, “porque las condiciones labores y de retribución no son atractivas” y concluyó que “si no hay médicos de prisiones, van a tener que solucionarlo del Centros de Salud más cercanos”.
Señaló que “la sanidad penitenciaria hace aguas y los médicos de prisiones están dispuestos a ir a una huelga indefinida” y añadió que CESM se une a la petición de la Plataforma de la Sanidad penitenciaria, que califica la situación de “explosiva”. También comentó que el Defensor del Pueblo pidió al Ministerio del Interior que negocie con las CC.AA. la transferencia de la sanidad penitenciaria.
La Dra. Castro comentó la reciente Proposición no de Ley (PNL) registrada por el Grupo Parlamentario Popular en la que instan al Gobierno a “mejorar las condiciones profesionales de los funcionarios adscritos a los cuerpos penitenciarios”. La iniciativa recoge hasta once medidas que esperan ser debatidas en el pleno del Congreso.
Entre ellas, destaca la propuesta popular de “iniciar un proceso de negociación para abordar y dar solución a la problemática específica del personal adscrito al Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria”. Y el objetivo es que pueda hacerse efectiva “a más tardar en el ejercicio de 2020”.
Por otra parte, los populares reclaman que se realice una Oferta de Empleo Público (OPE) para el próximo año “con una tasa de reposición extraordinaria que permita cubrir las plazas vacantes en Instituciones Penitenciarias”; que se cree de forma paralela una bolsa de interinos para sustituciones con los aspirantes aprobados en la OPE que no hayan obtenido plaza; fijar concursos de traslado anuales de forma obligatoria; o negociar la carrera profesional.
La Dra. Castro recordó que el PSOE prometió en su programa abordar la transferencia de la sanidad penitenciaria y uno de los compromisos es abordar la incorporación de la sanidad penitenciaria al SNS, que sólo se ha hecho efectiva en País Vasco y Cataluña.
El Defensor del Pueblo asegura que la Administración penitenciaria tiene un «especial deber de tutela legalmente establecido» sobre la atención sanitaria y la salud de los reclusos y que esta asistencia sanitaria se está produciendo «en un contexto de creciente falta de personal sanitario propio y de falta de convenios con los servicios sanitarios autonómicos».
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